Habeas Corpus: acuerdo con CODICEN e INR sobre alfabetización en COMCAR

Lunes 12 Marzo , 2018

El habeas corpus correctivo cumplió su función, hubo acuerdo entre las partes y se abren nuevas posibilidades para la educación en cárceles.

El acta de acuerdo firmado el viernes 9 en el juzgado penal de 36avo. turno, entre el CODICEN y Comisionado Parlamentario, con la presencia de las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación, marcó un jalón para la educación en cárceles y para la aplicación del habeas corpus correctivo, instaurado en el país en el nuevo Código de Proceso Penal.

 

La significativa cantidad de analfabetos privados de libertad –incluyendo también analfabetos funcionales, o sea personas que distinguen las letras pero no leen, escriben o hacen cálculos con fluidez llevó al Comisionado Parlamentario a plantear el tema en diversas instancias, presentaciones, talleres, notas administrativas y, finalmente, a presentar un habeas corpus correctivo ante la justicia en diciembre de 2017, con el apoyo de la Cátedra de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. El recurso se presentó contra el CODICEN (Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública) y solicitó un “plan de alfabetización” para el COMCAR, la mayor cárcel del país (Complejo Carcelario de Santiago Vázquez o Unidad No. 4).

 

Si bien en primera instancia el habeas corpus había sido rechazado en enero por el juez penal de 37avo. turno, esa sentencia fue recurrida por el Comisionado Parlamentario y el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º turno la revocó, resolviendo que el habeas corpus era procedente y pasó el caso al Juzgado penal de 36avo. turno.

 

Al procesarse finalmente el habeas corpus, se realizaron tres audiencias en el juzgado, y se citó también al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). La autoridades educativas presentaron un “cronograma de acciones” para el COMCAR, realizado en conjunto por el CODICEN y el Instituto Nacional de Rehabilitación. En la tercera audiencia, el viernes 9 de marzo, el Instituto Nacional de Rehabilitación informó que también se realizará un relevamiento nacional, en todas las unidades, sobre el “máximo nivel educativo” alcanzado por todos los internos, para diseñar acciones educativas al respecto.

 

En la audiencia final estuvieron presentes el presidente del CODICEN, Wilson Netto, el director del INR, Gonzalo Larrosa, la subdirectora técnica del INR, Ana Juanche, el director del COMCAR, Henry Fagúndez, el Comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit y el director de litigio estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Juan Ceretta.

Sobre el acuerdo alcanzado el Comisionado Parlamentario Juan Miguel Petit dijo que: "Estoy muy conforme con lo ocurrido. El habeas corpus cumplió su función y de nuevo vemos que el Poder Judicial juega un rol clave en la defensa de derechos fundamentales. El CODICEN y el Instituto Nacional de Rehabilitación presentaron sus planes y expresaron que van a seguir enfrentando fuertemente el analfabetismo en las cárceles, también nos comprometemos todas las partes a seguir empujando la agenda de educación en el sistema penitenciario. Esto nos abre una puerta a todas las instituciones para seguir trabajando, es una buena noticia para todos los que están haciendo cosas en la educación en cárceles y en la construcción de una buena convivencia".

 

Por su parte, Juan Ceretta, de la UDELAR, dijo que: “Ante la situación advertida por el Comisionado Parlamentario respecto a la privación del acceso a la educación por parte de reclusos del COMCAR, y al no encaminarse otras gestiones administrativas realizadas al respecto, la solicitud de tutela jurisdiccional al Poder Judicial, a través del novel instrumento del habeas corpus correctivo, permitió lograr que las autoridades asumieran de manera explícita su obligación al respecto mediante la presentación de un plan conjunto con el INR que esperamos permita afrontar eficazmente la problemática relevada”.

 

Cabe anotar que todas las partes acordaron en el documento final su compromiso de trabajar en favor “del derecho a la educación de las personas privadas de libertad desde sus respectivos mandatos”, tal como es señalado por las Reglas Mandela y la Constitución de la República.