Tribunal ratifica sentencia de habeas corpus y avanzan cambios en COMCAR

Sábado 03 Agosto , 2019

Tribunal ratifica sentencia de habeas corpus y avanzan cambios en COMCAR

 

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º. Turno, integrado por los ministros Luis Charles, Angel Cal y Gabriela Merialdo, confirmaron la sentencia de primera instancia del 15 de mayo de 2019 de la Juez Penal de 34avo. turno Blanca Rieiro, la que dispuso que la población de dos sectores del Módulo 8 del COMCAR debía ser re alojada por las muy malas condiciones de vida que tenían. La demanda fue presentada por el  Comisionado Parlamentario. El camino queda expedito ahora para que se tomen todas las medidas administrativas necesarias para que el Módulo 8 ingrese en una nueva etapa. La sentencia, reafirma el rol del Poder Judicial y consolida al habeas corpus como herramienta de garantía de los derechos humanos dentro de las cárceles.

 

Durante 4 años el Comisionado Parlamentario centró su acción en varios lugares del sistema donde entendía existían “condiciones de reclusión inhumanas o degradantes”, en terminología de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas y ratificada por Uruguay. En particular, insistió sobre la situación en el Módulo 8 del COMCAR, donde se registraron numerosos hechos de violencia, muertes, incendios y en donde en varios sectores las condiciones de vida vulneraban, según el funcionario, “los estándares mínimos de las Reglas Mandela, normas mínimas aceptadas universalmente para el trato de los reclusos”. Durante ese tiempo el Comisionado planteó el tema en la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento, envió notas al Instituto Nacional de Rehabilitación y se reunión con diversas autoridades.

 

El trabajo del Comisionado Parlamentario sobre el Módulo 8 se basó en numerosas recorridas del módulo durante estos años, entrevistas con internos y con funcionarios. Puntos altos de la tarea de monitoreo fueron dos auditorías realizadas en el lugar. El 10, 11 y 12 de octubre de 2018 se recorrió todo el módulo, celda por celda, y se habló con decenas de internos en sus propias celdas, realizando un relevamiento detallado sobre actividades, higiene, alimentación ventilación, funcionamiento del lugar, régimen de patio, que permitieron elaborar un pormenorizado informe que se elevó a las autoridades ejecutivss y al Parlamento. El documento incluía un Plan de medidas para enfrentar la situación.

 

Ya en 2019, el Comisionado Parlamentario volvió a elevar un anota a las autoridades en febrero y en abril realizó un nuevo relevamiento del Módulo, en especial del sector de las prisiones preventivas, constando que las condiciones seguían siendo muy malas y lejanas de mínimos aceptables.

 

En el mes de mayo, la presentación de un recurso de habeas corpus según las nuevas normas del Código del Proceso Penal llevó la situación ante la Juez Penal de 34avo. turno, ante la cual el Comisionado solicitó se instrumentaran medidas que en consonancia con las “Reglas Mandela” aseguraran mínimas condiciones de rehabilitación en el módulo y que se cerraran los sectores C1 y C2 del mismo, por considerarlos “inhabitables para el uso humano”.

 

En la audiencia realizada el 15 de mayo, el Instituto Nacional de Rehabilitación presentó un plan de Reorganización, que estaría in situ a inicios de setiembre y que implicaba importantes cambios para el Módulo 8, el cual fue acogido por la magistrada y recibido con muy buenos ojos por el Comisionado Parlamentario, que conoció en audiencia los detalles de la iniciativa. No obstante eso, las muy malas condiciones de los sectores C1 y C2, reconocidas por todos los participantes de la audiencia, llevaron a que la Jueza recogiera parcialmente la demanda y ordenara el realojo de los internos de esos sectores.

 

Apelada la sentencia, ahora el Tribunal de Apelaciones de 4º. Turno dio por finalizado el trámite judicial de la cuestión al fallar que: “Las personas privadas de libertad ambulatoria, solo están privadas precisamente de la libertad ambulatoria. (…) Sin embargo no están privados o por lo menos no deberían estarlo de otros derechos inherentes a la persona humana como dignidad, integridad, respeto, alimentación, trato adecuado. Todo lo expuesto en el marco del art. 26 de la Constitución. También existen otras razones que aluden a que si esperamos que las personas que salgan de la cárcel sean mejores que las que entraron, debe indefectiblemente en su seno procurarse fomentar responsabilidad, capacitar, educar, promover hábitos de trabajo, de convivencia. Esto indispensablemente requiere mínimas condiciones de alojamiento, de alimentación y de atención sanitaria. Indudablemente esto no se cumple en este caso”.

 

La sentencia también remarca el papel del Poder Judicial como garante de los derechos humanos en todos los ámbitos al señalar: “No es de recibo la referencia que hace la parte demandada cuando dice que el Poder Judicial no tiene competencia en el asunto. Indudablemente confunde política criminal (competencia exclusiva de la autoridad administrativa) con vulneración de Derechos Humanos, donde sólo los jueces son los llamados a resolver”.

 

El Comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit, dijo que: “Esta sentencia, es una señal muy fuerte para todos los que somos contrapartes del sistema penitenciario. Es de las primeras veces en nuestra historia que una sentencia ordena medidas concretas de protección de los derechos humanos dentro de una cárcel. Marca un camino, para hoy y para el futuro. Quiero también expresar mi reconocimiento al trabajo que está haciendo el Instituto Nacional de Rehabilitación para reorganizar el COMCAR y mejorar el Módulo 8. Apoyamos vivamente este proceso que se ha iniciado. Todo el Estado lo tiene que apoyar. Esta sentencia además abre puertas para que el Ministerio del Interior encuentre apoyo en otros organismos públicos, las cárceles están en el territorio nacional, y todos los ministerios con mandato social deben también ejercer allí sus tareas sociales, educativas, sanitarias y culturales”.

 

El recurso de habeas corpus fue presentado por el Comisionado Parlamentario con el patrocinio de la Cátedra de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho, cuyo titular es el Profesor Juan Ceretta. El Comisionado parlamentario tiene un convenio de trabajo y cooperación técnica con la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

 

Ver sentencia completa aquí.