Informe 2019 del Comisionado: programas técnicos para rehabilitación y rol del Parlamento hacia un nuevo sistema carcelario

Domingo 19 Abril , 2020

Mejores cárceles, menos violencia

 

El 15 de abril el Comisionado Parlamentario presentó a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, el informe 2019 sobre la situación carcelaria nacional. contiene un diagnóstico del mismo y 20 conclusiones, 20 recomendaciones referidas a las mismas y 33 recomendaciones específicas, dirigidas a las autoridades carcelarias y varios organismos del Estado. El documento ya circula entre los legisladores y autoridades nacionales.

 

El Informe 2019 del Comisionado Parlamentario plantea que "la reforma penitenciaria iniciada en 2010, es un proceso positivo que ha iniciado la transformación del sistema penitenciario de un modelo sólo asegurativo y pobre en capacidad de rehabilitación, hacia un nuevo modelo orientado técnicamente hacia la rehabilitación y reinserción social" aunque denuncia que "todavía subsisten importantes y graves carencias que la continuación de la reforma deben encarar para continuar mejorando la convivencia, la rehabilitación y el descenso de la reincidencia".

 

El documento señala la importancia de contar con un buen sistema penitenciario para frenar la violencia social, "Mejorar el sistema penitenciario es clave para mejorar la seguridad pública. O en otras palabras: no mejorará la seguridad pública sin una inversión fuerte en el sistema penitenciario y una mejora continua de la “reforma penitenciaria”, que asegure que quien ha delinquido pueda rendir cuentas con transparencia de lo realizado, pero a la vez reparar y repararse de manera de no volver a utilizar la violencia. Solo un sistema penitenciario eficiente puede bajar la reincidencia. La mejora del sistema penitenciario puede significar en el corto plazo la ocurrencia de muchos miles de delitos menos". 

 

Datos duros

 

Según los datos cerrados a noviembre de 2019, el sistema carcelario uruguayo tenía 11.574 internos, unos 328 cada 100.000, siendo uno de los países de América Latina con más presos, superando ampliamente a Perú (267), Chile (229), Colombia (226), Paraguay (180), México (169) o Argentina (167). Del total, hay 76,1% de penados y 22,6% de procesados.

 

¿Cómo se vive dentro de las cárceles? El informe del Comisionado responde que: "De acuerdo a la evaluación realizada, en 2019 el sistema penitenciario presentaba buenas posibilidades de integración social y rehabilitación para el 27% de sus internos, insuficientes posibilidades de integración social y rehabilitación para el 47% de los internos, y condiciones de trato cruel, inhumano o degradante para el 26% de los mismos. De acuerdo a esto, el 73% de la población penitenciaria está alojada en lugares que no ofrecen las posibilidades de rehabilitación necesarias para facilitar su reinserción social. La valoración de 2019 marca una mejora de las condiciones con respecto a años anteriores (26% con oportunidades de integración social, 39% con insuficientes oportunidades y 35% con condiciones de trato cruel, inhumano o degradante en Informe 2018). Aunque persisten importantes condiciones insatisfactorias, la mejora seguramente es resultado de los programas y acciones llevados adelante con denodados esfuerzos".

 

El informe denuncia que en una alarmante parte del sistema penitenciario todavía existe total falta de actividades socioeducativas, encierro, violencia, mala alimentación, malas instalaciones, pero destaca las mejoras logradas y subraya el esfuerzo de muchos funcionarios penitenciario –operadores, policías, técnicos y administrativos– que todos los días sostienen el funcionamiento del sistema y defienden los derechos humanos en uno de los temas más complejos de nuestro tiempo.

 

El documento del funcionario del Parlamento destaca el logro del descenso del hacinamiento, pero indica que nuevamente, el aumento de la población carcelaria, debido a la falta de medidas alternativas, alta reincidencia por escasez de programas técnicos y problemas sociales no resueltos en "el afuera", está colocando al país ante un nuevo problema de magnitud: "en el 2019 la población del sistema penitenciario continuó creciendo y se aproximó a completar nuevamente su capacidad de alojamiento. Durante el 2018 y tras mucho tiempo, se logró que la población penitenciaria alcanzara niveles menores a la capacidad de alojamiento. Sin embargo a partir de 2018 el volumen de población ha retomado el crecimiento (tendencia característica de las últimas décadas) y la densidad se encuentra hoy en día al 100%. Esto significa que si la tendencia de crecimiento poblacional se mantiene, la sobrepoblación y el hacinamiento volverán en breve a ser un problema medular del sistema penitenciario".

 

El abismo

 

La violencia interna sigue siendo un problema central en muchas unidades penitenciarias, en especial en los macropenales metropolitanos. 

 

El documento señala que: "En 2019 se registraron 31 muertes violentas dentro del sistema penitenciario, la cifra es una de las más altas desde que existe registro de este indicador extremo (2005), siendo solamente superada por la de 2016, donde se registraron 32 muertes violentas.

 

Son indudables los esfuerzos del Instituto Nacional de Rehabilitación por mejorar las condiciones reclusión –lo que en muchas unidades se logra, al menos parcialmente– pero la rigidez de estas cifras que se repiten años tras año muestran que solamente una intervención integral con una inversión consistente, que incluya recursos humanos, personal técnicos, elementos logísticos y más infraestructura, puede alterar esta realidad. Recordemos que este dato es indicativo de que los procesos de rehabilitación no se están cumpliendo a cabalidad y es predictor de que esa violencia se expandirá luego a la sociedad." Y concluye sobre el punto: "En 2019 tuvieron lugar 44 muertes en prisión, lo que implica un incremento sustantivo en relación a los 37 fallecimientos ocurridos en 2018. De esas 44 muertes, 31 fueron violentas y 13 no lo fueron. Entre las violentas, se contabilizaron 20 homicidios, 9 suicidios y otras 2 muertes violentas; una de ellas un accidente de electrocución y la otra fue por meningitis, producto de una larga internación tras recibir una puñalada en el rostro. Estas cifras representan la continuidad de un fenómeno preocupante y de largo plazo, que se muestra todavía resistente a los programas de rehabilitación y de actividades socioeducativas implementadas, lo que vuelve a insistir en la necesidad de seguir aumentando la cobertura y profundidad de esas acciones, las que para ser eficaces deben complementarse con la estructura física de las unidades y el trabajo asociado a las familias y la relación con la comunidad y allegados de las personas privada de libertad (resolución y mediación de conflictos, asistencia familiar, pre egreso y trabajo postpenitenciario). En términos absolutos, 2019 implicó un récord anual de los homicidios desde 2006. En términos relativos, la tasa se mantuvo similar a 2018, indicando 186,5 homicidios cada 100.000 personas, aproximadamente 18 veces más que la cifra nacional. Por su parte, la tasa de suicidios en cárceles fue de 83,9 cada 100.000, aproximadamente 4 veces más que la cifra nacional. 

 

Histórico: una jueza cierra la cárcel

 

El documento subraya lo que considera un momento crucial en la gestión anual de la Oficina del Comisionado y que incidió en la transformación del sistema carcelario: el recurso de habeas corpus presentado en mayo de 2019 para el cierre de dos sectores del Módulo 8 de COMCAR dadas las condiciones de reclusión inhumanos que presentaba el mismo. El juicio fue precedido por una reiterada presentación de notas a las autoridades sobre la situación del referido Módulo, desde 2016. Por primera vez en nuestra historia, una jueza mandó cerrar un sector carcelario por sus malas condiciones de vida. La sentencia del Juzgado Penal de 34avo. turno fue apelada, pero fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones Penal de 3er. turno. Los sectores denunciados fueron cerrados y el Instituto Nacional de Rehabilitación puso en marcha un plan de reorganización del COMCAR, que recogía recomendaciones planteadas por el Comisionado Parlamentario en el sentido de subdividir el COMCAR en varias unidades independientes, de manera de mejorar la gestión y lograr un trato más personalizado. Esta reforma iniciada, se encuentra en curso y, merced al esfuerzo del INR, viene arrojando resultados positivos, aunque todavía se encuentra en pleno proceso de implementación.

 

Recomendaciones

 

El documento concluye que un mejor sistema penitenciario podría bajar las tasas de reincidencia al 25% lo que requiere una denodada intervención técnica para multiplicar los programas socioeducativos, de atención sanitaria, de salud mental y adicciones y contar con el aporte activo de todas las áreas de las políticas sociales dentro de las cárceles. Se plantea la necesidad de que ASSE asuma la totalidad de la cobertura de salud del sistema penitenciario, la creación de una Fiscalía Penitenciaria especializada, un rol más fuerte del CODICEN en la educación en cárceles en todas sus facetas, la presencia del MIDES para asistir a las familias, más recursos para la Defensa Pública del Poder Judicial, iniciar una experiencia de Justicia Terapeútica como la existente en muchos países para los delitos leves originados en adicciones, la instalación de escuelas de oficios, fortalecer el sistema de medidas alternativas con capacidad de seguimiento y asistencia de los casos, la integración de la Dirección del Liberado al MIDES y promover el uso de tecnologías de la información para la gestión de las unidades para también para nuevas instancias de educación y capacitación, incluyéndose tablets para los que egresen con información y orientación para el empleo, la salud y su capacitación.

 

Ver Informe Anual 2019 (Versión Preliminar) aquí