Al participar de una conferencia organizada por el grupo “Familias Presentes”, conformado por familiares de personas privadas de libertad, el Comisionado Parlamentario envió una nota al Parlamento y a las autoridades nacionales señalando la importancia de desplegar políticas de vinculación con las familias de las personas presas y fortalecer las medidas alternativas a la prisión y los programas de salud mental.
Los “Principios de Bogogta”, un conjunto de buenas prácticas y recomendaciones formuladas por un conjunto de organizaciones latinoamericanas de la sociedad civil coformadas por famikliares y allegados de personas presas, impulsado por la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas privadas de Libertad (RIMULF) y apoyado en Uruguay por el grupo Familias Presentes, es según el funcionario parlamentario “un conjunto de planteos y buenas prácticas totalmente pertinente y apto para ser incorporado a las políticas del sistema carcelario, residiendo en ellos importantes elementos de base para acciones positivas para la construcción de ciudadanía y para colaborar en los procesos de rehabilitación y educación que constituyen el sentido y objetivo de la sanción penal”.
El comisionado, Juan Miguel Petit, en una conferencia realizada el 28 de febrero, recomendó a las autoridades ejecutivas y legislativa que “se tomen los “Principios de Bogotá”, elaborados por la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas privadas de Libertad (RIMUF) como una herramienta de referencia para la generación de políticas, acciones, reglamentos y programas orientados a la atención de las familias y allegados de las personas privadas de libertad como partes de las redes asistenciales destinadas a fortalecer los vínculos familiares sanos y las relaciones pro sociales con la comunidad”.
Entre otros aspectos del documento referido señaló la importancia de mejorar los lugares de visita en las cárceles haciéndolos amigables, limpios y accesibles, promover acciones de asistencia a los miles de niñas y niños con padres o referentes presos, avanzar en el uso de mecanismos tecnológicos para evitar revisaciones inadecuadas, contar con sistema de información que hagan transparentes los requisitos y mecanismos para acceder a las visitas y desarrollar programas que incorporen la vinculación con las familias, los allegados y la comunidad como elementos constitutivos de los procesos de rehabilitación y de los proyectos de vida en libertad para los hoy privados de libertad.
Asimismo, señalando que es preciso seguir avanzando en la reforma penitenciaria y conformar un proyecto estratégico de reforma penitenciaria sostenible en el tiempo, con amplio respaldo político e institucional, el comisionado también elevo algunas recomendaciones:
- se continúen los esfuerzos para promover y apoyar las solicitudes de medidas alternativas a la prisión para mujeres en etapa de gestación, lactancia y con hijos e hijas a cargo, así como aquellas que presenten situaciones complejas de salud y salud mental donde la permanencia en la cárcel es evidentemente perjudicial y agravante de las patologías, limitándose la prisión de mujeres en esa situación para los casos que la gravedad de delito y la consiguiente duración de la pena lo hagan necesario.
- exhortar a la Comisión Bicameral de Seguimiento Carcelario del Parlamento y a las futuras Comisiones de Presupuesto para que se tomen las medidas institucionales y legislativas necesarias para que ASSE asuma la plena e integral la cobertura de todas las personas privadas de libertad para que ellas cuenten con los mismos estándares de salud que la comunidad, procediéndose también, en acuerdo con el INR, a crear un sector de atención para personas con patologías de salud mental crónicas persistentes.
- Promover desde el INR, en acuerdo con las diversas instituciones y organismos efectores de política social, a iniciar la creación de “centros de integración social” o “unidades a medio camino”, donde la sanción penal se cumpla durante un horario acotado del día, pudiendo la persona en el tiempo restante realizar tareas laborales, de capacitación, de atendimiento familiar o de asistencia en la comunidad.
- Con el fin de combatir el hacinamiento que afecta las posibilidades de rehabilitación, genera reincidencia y dificulta o impide la reinserción social, exhortar al Parlamento Nacional para que, desde las respectivas comisiones legislativas que correspondan, se impulsen normas de innovación penitenciaria que favorezcan y refuercen las medidas alternativas como sanción penal; que se re dimensione el mecanismo de la redención de pena de manera que todas las personas puedan acceder a ella, teniéndose en cuenta la entidad de su sanción y la gravedad del delito, sin anular el efecto re socializador de este instituto; se impulse un presupuesto que pueda llevar adelante un Proyecto Estratégico de Reforma Penitenciaria sostenible en el tiempo y con la necesario descentralización de su organismo rector, el Instituto Nacional de Rehabilitación, de manera de una mejor planificación, gestión y provisión de los recursos financieros y humanos; se establezca claramente que ASSE debe atender integralmente y con idéntico contenido y calidad de atención que en la comunidad, la atención de salud de toda la población penitenciaria, incluyendo naturalmente la salud mental y el tratamiento de los consumos problemáticos.