Comisionado Parlamentario propone un “Pacto de Estado” para avanzar en reforma penitenciaria y más de 40 medidas para la coyuntura
El Comisionado Parlamentario envió a la Presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse y a los integrantes de la Comisión de Seguimiento Carcelario, con copia a diversos organismos del Estado (Ministerio del Interior, Instituto Nacional de Rehabilitación, ASSE, MIDES, sistema educativo, Ministerio de Economía, Salud Pública y Poder Judicial) un informe especial con más de 40 propuestas, algunas para atender las situaciones más urgentes del sistema carcelario, otras para la implementación de un nuevo modelo penitenciario en el mediano plazo.
El Comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit, señaló que la base para la continuidad de las reformas podría ser un “Pacto de Estado”, para sostener el proceso de reformas al menos durante 10 años para tener resultados relevantes.
Entre las medidas urgentes el funcionario parlamentario señala la realización por parte de las autoridades ejecutivas de un Plan Estratégico de reformas, la creación de un Grupo Ejecutivo ad hoc conformado por varias reparticiones estatales, para dar respuesta a las necesidades más urgentes en especial en el área metropolitana (reparaciones edilicias, actividades socioeducativas, alimentación, funcionamiento) con el consiguiente refuerzo de rubros necesario, y proceder a transformar al Instituto Nacional de Rehabilitación en un servicio descentralizado, más allá de la creación o no de una nueva estructura administrativa como el Ministerio de Justicia del cual se habla.
Para el corto plazo, el Comisionado planteó 23 medidas específicas para mejorar la atención de salud, la atención de las adicciones, la alimentación, obras en puntos estratégicos, actividades educativas y deportivas y aumentar las actividades dentro del sistema.
Asimismo, ya pensando en el mediano plazo y en un sistema “normalizado”, en términos que señala textuales de las “Reglas Mandela”, en sentido de lograr una convivencia parecida a la de la comunidad exterior, plantea 19 acciones concretas de reforma, las que implican a varios organismos, entre ellas: que ASSE cubra toda la salud penitenciaria, que se cree un módulo de salud mental para pacientes crónicos, incorporar organismos y entidades de la sociedad civil de manera permanente en la prestación de servicios socioeducativos con fondos concursables, fortalecer y hacer más continente a la red de medidas alternativas, crear una Fiscalía Penitenciaria, crear “centros de integración social” o unidades a “medio camino”, para personas que están por egresar del sistema o tienen delitos leves, reformular el esquema de atención a las mujeres privadas de libertad con una subdirección técnica nacional especializada, formalizar el trabajo de las personas presas y equipararlo normativamente con las normas nacionales todo lo que sea posible, desplegar plenamente las posibilidades de la asistencia y apoyo post penitenciario.