Echegoyen, Martín R.

1959
Señor Presidente de la Asamblea General; señores legisladores; Si nuestra filiación hace connaturales el sentimiento propio de la victoria y el consiguiente tributo a un pasado que labró el cauce por donde se ha vertido ahora recientemente la opinión, no es menos cierto que, recibido su mandato, nuestro espíritu ha de moverse acorde con el carácter nacional de las investiduras que se nos asignan. Siempre hemos reclamado para ellas nivel por encima de los intereses partidarios y la exclusión, en su ejercicio, de todo ánimo ajeno al que inspiró el texto de donde proceden. Corresponde, pues, que, en el momento en que el pueblo nos convoca para el desempeño de su representación, así lo reafirmemos ante esta Asamblea. Es legítimo y ello está en la definición de los partidos que, en la lucha por el derecho, quienes asuman el poder actúen determinados por las ideas y sentimientos que impulsan su conciencia cívica; pero ha de ser con mentalidad de magistrado, excluyente de todo tráfico de comité. Si esto es verdad permanente pata nuestro pensamiento ha de serlo con mayor imperio ahora, en que debemos corresponder a la magnitud de la esperanza popular en forma que el vencedor sea, en definitiva, el país- El pueblo ha votado sus gobernantes y, con ello ha definido sus preferencias, resultantes de las ideas sustentadas por nuestra colectividad y de la conducta política de sus hombres, emergente de copiosa actuación; y también lo ha hecho por la realización de propósitos que han movido radicalmente la reacción de la ciudadanía con evidencia demasiado clamorosa, para que sea preciso formular sacramentalmente su inventario. Nuestro deber es encarnarlos en planes técnicos que expondremos a las deliberaciones del Consejo, con la debida intervención del Gabinete y sometidos al examen critico consiguiente. Nos anima la intención llana de servir nuestro mandato sin pompa ni estridencia, libres de toda pretensión histórica que no fluya del mérito de la obra, juzgado en su hora. Es pertinente afirmarlo cuando, desventuradamente, las multitudes no deslindan aún el arte de la política ni el de su magia, lo que permite seducirla por la atracción de paraísos artificiales, excitando su ingenua tendencia a la ilusión. Entendemos que el Gabinete ha de constituirse fundamentalmente bajo el signo de la aptitud para realizar aquellos propósitos, que, por emanar de la voluntad popular obligan a todos los sectores a quienes les ha otorgado su confianza, sin que preocupaciones de simetría política obsten a la efectividad de tal criterio. En el programa del Partido Nacional, en 1872 se dispone: "Propenderá a llevar a la Representación nacional y a la Presidencia de la República, a los ciudadanos más capases de realizarlas por sus virtudes y por sus talentos, y no vacilará en escogerlos fuera del seno de su comunidad política, siempre que estén de acuerdo con las ideas y propósitos fundamentales que ellas profesa". Estamos, pues, en la línea de nuestras convicciones y nuestros deberes. Consideramos indispensable la critica de la acción gubernativa, y, aunque su ejercicio es felizmente libre en nuestro país, no es totalmente ocioso afirmarlo para desvanecer algún concepto erróneo que la entiende perturbadora de la gestión oficial. Es un instituto imprescindible en el proceso político y lo es también, como fuente de superación del derecho, el cual se nutre, según sabiamente se ha dicho de la inquietud de los disconformes. Pensador tan profundo como Ortega y Gasset afirma que la forma que en política ha representado la más alta voluntad de convivencia es la democracia liberal; el poder público- dice- no obstante ser omnipotente, se limita a si mismo y procura, aún a su consta, dejar hueco en el Estado en que el impera, para que puedan vivir los que no piensan ni sienten como él; es decir como los más fuertes como la mayoría." Es el derecho que la mayoría otorga a la minoría y es por tanto el más noble grito que ha sonado en el planeta". Pero añade "que nada acusa con mayor claridad la fisonomía del presente como el hecho de que vayan siendo tan pocos los países donde existe la oposición". Bien está, pues que reiteremos estos conceptos como tributo a la dignidad del hombre. La función del estadista es de paz. Si la lucha es medio legítimo de lograr supremacías no tiene cabida en el ámbito de la autoridad, la que, por ser órgano de interpretación y coordinación de intereses sociales, no puede alistarse en otro combate que no sea el común a todos contra los enemigos del bien público. El espíritu de mitin está excluido de su recinto. "El Partido Nacional- decía el doctor Luis Alberto de Herrrera en ocasión memorable- no puede practica el exclusivismo y sí debe abrazarse a la gran política de la ecuanimidad, del mutuo respeto y del olvido. Credo es en mis labios, esta afirmación, por cuanto ante ella depuse desde niño, mis afanes cívicos. Para todos los ciudadanos honestos, hay que abrir espacio en la gestión pública, siendo la democracia el gobierno de las más por los mejores; y los mejores se encuentran en las más diversas filas; en el hogar académico, bajo la blusa de un obrero o entre los ardientes adversarios de la víspera. Creo, sinceramente en las virtudes de la coparticipación y no pienso que se pueda hacer un gran gobierno con la fecunda amplitud que lo concibo, sin el concurso sin la adhesión, sin el estímulo y hasta sin la critica indispensable, de todos mis conciudadanos". La Administración no pertenece al vencedor. Los servicios públicos, no deben obedecer a otras normas que a las de su respectiva técnica, para su mayor eficiencia, extraños a todas infiltración banderiza. Esto no es una tesis: es el único concepto conciliable con la libertad y con la impersonalidad del Estado. Cuando el Gobierno introduce el interés partidario en sus dependencias, ejerce un acto ilícito, porque aparte de ser uso indebido del poder, desequilibra en su favor y arbitrariamente el libre juego de las fuerzas cívicas. La ampliación desmedida del Estado constituye también grave riesgo para la libertad, cívica fuera de su inconveniencia general. Se ha dicho que, para el concepto inglés y norteamericano, todo lo que puede ser hecho sin el gobierno debe hacerse sin él; y que el continental es que todo lo que puede ser cumplido por el Gobierno debe ser ejecutado por éste. Nuestro país se ha inclinado a esta tendencia; pero su historia en tal orden, no es alentadora. Nuestra opinión sobre el tema se resume en el pensamiento de Mohl, que antes de ahora hemos invocado: el problema del Estado consiste en fomentar los fines lícitos tanto para el individuo como para la sociedad, en cuanto estos fines no pueden ser satisfechos por los interesados con sus propias fuerzas y tienen el carácter de objeto de una necesidad común. Es imposible restituir al Estado a sus escuetas funciones de antaño. No podríamos disponer ahora, como los legisladores vascos de 1526: "Las leyes contra la libertad se tengan por no otorgadas", pero es forzoso procurar que la autoridad sólo posea la jurisdicción indispensable y no más. Al discutirse la reforma constitucional de 1951, recordábamos que hay un orden de derechos que reputamos anterior al Estado: son los pertenecientes al individuo, que, por definición, consideramos ilimitados en principio, mientras que las facultades de aquel para invadir esa zona son reorganización, en cuya virtud el poder de la autoridad queda encerrado en un sistema de competencias circunscritas, que se traduce esencialemte en la división de los poderes y en los controles pertinentes. De su establecimiento racional resulta la debida armonía entre el ejercicio de esos derechos fundamentales del individuo y la actuación de la autoridad; la conciliación deseable entre el gobierno y la libertad. Es oportuno decirlo, no obstante ser ideas elementales, pues no siempre son observadas. Ante este grato encuentro de Poderes, es adecuado fijar algunas directivas substancialmente ligadas a sus funciones. En lo referente al control parlamentario sobre el Ejecutivo, éste ha de acoger como índice la laudable colaboración de denuncia de todo desvío administrativo, potestad de crítica que entraña verdadera conquista de nuestra civilización política. Hay que descartar conceptos mayestáticos respecto del poder público: su ámbito natural es la intemperie popular, la publicidad. No ha de reducirse el ejercicio pleno del derecho de información al Parlamento, como ha de reputarse normal el empleo de las Minutas de comunicación para hacer llegar libremente al Consejo el pensamiento de las Cámaras como o lo hemos sustentado desde la oposición. En cuanto al Parlamento, no hay otro medio de revitalizar su prestigio que por el cumplimiento diligente y laudable de sus funciones, cuyo proceso no puede legítimamente acelerarse ni retardarse por intereses políticos ajenos a la conveniencia general, pues las atribuciones asignadas por la Constitución no son de uso potestativo para sus titulares, sino otras tantas obligaciones exigibles en la oportunidad adecuada de ejercicio. En lo relativo a la fiscalización de los Municipios, ambos Poderes han de procurar, en sus respectivas competencias mantener su gestión impositiva y presupuestal en el cauce de la legalidad. Acerca de la relación del Estado con el orden económico pensamos con Hauriou que, en principio y a pesar de sus imperfecciones que puedan ser corregidas, a régimen del Estado-poder público con la separación que ha establecido entre los político y lo económico es indispensable a la libertad: Estos dos poderes pueden reunirse en una mismas manos,- agrega,- y entonces, la esclavitud, de los súbditos puede ser terrible". El Estado moderno - observa- construye una reacción contra un régimen en que "el gobierno de los hombres estaba sustituido por una administración de las cosas". El Estado -dice- ha trabajado durante siete u ocho siglos en destruir esta administración de las cosas y en esa labor ha contado con la participación del pueblo, que tenía el sentimiento de hacerlo así por su propia libertad", pero es preciso, correlativamente, defender de los excesos de la sociedad económica a las clases más desvalidas el poder político puede hacerlo como lo revela la legislación protectora del trabajo , también y de la libertad sindical. Su acción asegura; también, "la parte que eleva a la civilización espiritual por encima de la material". Una poderosa corriente impulsa en el mundo occidental a la democracia política, atender sus fines al campo social; procurando realizar propósitos esenciales de justicia por los mismos institutos de la presente organización del Estado. Así aparecen como sus objetivos fundamentales lograr, en pacifica evolución el ideal de la igualdad de los hombres en el punto de partida de tal modo que las diferencias ulteriores emanen de la legítima gradación surgente de la capacidad y la virtud de cada individuo; la liberación de la inseguridad económica y la elevación del nivel de vida de los económicamente débiles. Si no hubiera tales razones de justicia que así lo reclamaran habría la decisiva de que quien descuida alguna de esas aspiraciones pone en riesgo las propias instituciones democráticas Se ha dicho con acierto que el desocupado es un soldado en potencia. Esta política conduce a la influencia en el proceso de la producción y la distribución de la riqueza,- al Estado de servicio social, como observa Maunheim. Los antiguos Estados -dice- no manejaban los procesos económicos y sociales que produjeron el cambio; pero el problema del ciclo económico lleva consigo un intento de esta clase de dirección. Para el Estado moderno, es un campo de experimentación y tan pronto como los países occidentales hagan suyo este problema, se verán poco a poco obligados a manejar todos los controles sociales, como han hecho las dictaduras desde un principio. No es preciso señalar lo que ello importa como riesgo. Quizá el drama más penoso del político actual sea fijar la conciliación entre tales directivas y la libertad, y defender la democracia del peligro de la totalización del Estado hecha en nombre de la seguridad y la justicia. En la situación en que el país se encuentra deberá ser naturalmente motivo central de la acción gubernativa, la restauración económica y de las finanzas. En deliberaciones previas de nuestro sector, hemos acordado directivas, de las que fluyen temas que sólo esbozamos, pues exceden el contenido de esta exposición. Algunas podrán ser de mención superflua por su carácter premioso, pero se insertan por razones de método. En materia administrativa y financiera, equilibrio presupuestal, ordenación y ajuste de la administración y racionalización fiscal. En el orden económico y social, estabilidad de la economía y en las relaciones laborales y fomento y desarrollo de aquella ;defensa de la moneda y aflojamiento paulatino del estatismo de ciertos contralores. Se tratará en lo fundamental de adecuar el régimen de vida interno a nuestras posibilidades. Sin promover revoluciones económicas, sin saltos bruscos, pero con firmeza y decisión debe obrarse de manera que la opinión pública comprenda el contrasentido de gastar lo que no se tiene o de invertir lo que no se produce. Debe promoverse el estímulo al ahorro y a la inversión sana y reproductiva y por todos los medios, el fomento de la producción. Nuestra política social debe encaminarse con espíritu de justicia pero con bases firmes que no desvirtúen en la práctica presupuestales deficitarias y los aumentos nominales de salarios. De la contención a que obliguen estas medidas, no ha de resultar nunca mayor sacrificio para los sectores de menor capacidad económica sino equitativo contribución general exigida principalmente a los altos niveles de ingresos y capitales. En los sectores administrativo y financiero deben ejercerse todos los contralores constitucionales y legales sobre los organismos autónomos y descentralizados para asegurar la armonía de gobierno y la eficacia de la gestión y dictarse las normas necesarias para que todas las administraciones y servicios actúen con el mismo ritmo. No es posible planear contención en la administración central, en tanto que cierto institutos autónomos están en la opulencia o en caminos opuestos a los del plan general. El gobierno tiene medios y organismos para ejercer esos contralores, que se reflejaran a su vez en la coordinación de estructuras, épocas y análisis presupuestales y de ejecución. Sin perjuicio de lo que precede será indispensable atender especialmente, la reorganización de las Cajas de Jubilaciones a fin de que la gestión de sus beneficiarios quede liberada de su pesado trámite actual. En materia de registros y contratos, debe lograrse una ley de contabilidad política que regule situaciones y procedimientos hoy confusos. Las Contadurías de los Ministerios y de los Servicios y la Contaduría General de la Nación tienen que coordinar su labor, para simplificar su función y asegurar un seguro contralor. Es necesaria una ley de Administración Públicas que contemple el régimen actual obtenido por aportes sucesivos y lo adecue a la realidad de la época. Es preciso un ajuste general de servicios que puede lograrse a través del presupuesto general a elaborarse estableciendo clasificaciones racionales y prácticas de ingresos y de egresos de modo de asegurar la mejor fiscalización de la gestión pública y conferir al Poder Ejecutivo la necesaria agilidad de gestión compatíble con la imprescindible autoridad suprema decisoria del Parlamento. Deberán correlacionarse los servicios sociales y asistenciales prestados por diversidad de organismos públicos con distinto criterio y encarecimiento de costos (Cajas de Asignaciones Familiares etc.). En la reorganización administrativa ha de estar comprendida la ley sobre Estatuto del Funcionario garantía firme de los agentes del Estado como del derecho de los ciudadanos al legítimo acceso a la función pública y medio indispensable para encarar plenamente en la realidad el pensamiento constitucional. Correlativamente, es preciso crear en los funcionarios la conciencia cabal de su investidura; en cuanto al deber de que los servicios estén impregnados de la idea de que su destino es esencialmente atender las necesidades públicas y con ellas en término principal los derechos de los usuarios. Una de las medidas iniciales refiere a economías presupuestales a lograrse en locomoción oficial representación exterior adquisiciones coordinación de oficinas. El logro de la racionalización de nuestro sistema fiscal formado por aluvión y no por integración abarcará que etapa y un campo considerable del plan. La racionalización debe comprender una necesaria adecuación del aspecto tributario nacional y municipal de las contribuciones afectadas a fondos y servicios especiales. Coordinación de procedimientos épocas y plazos ajuste de fiscalización, orientaciones firmes y seguras, ilustración a los contribuyentes hecha contra la evasión y el contrabando, eliminación de trabas y requisitos inútiles simplificación de trámites son algunos de los elementos a considerar desde este punto de vista de la técnica respectiva. La codificación pertinente debe ser un elemento fundamental a esos fines. En cuanto a la política fiscal la equidad y la productividad de los impuestos deben tender a la mayor armonía en la lucha entre ambas, la primera lleva siempre las de perder. Los impuestos han de asegurar un rendimiento suficiente para tender las necesidades del Estado, compatible con el estímulo al ahorro, a la simplificación en la actividad comercial, la defensa del consumo necesario el estímulo a la producción, la discriminación de los sectores bajos de réditos y de capitales, la lucha contra la capacidad adquisitiva en exceso contra le especulación y las actividades social y económicamente inconvenientes, etc. así como la tributación de los signos de posesión o de consumo suntuarios. La creación de nuevos recursos para financiar los desequilibrios actuales acumulados, obligará a medidas severas que se fijarán en lo posible, dentro de esas directrices generales. En materia de gasto público, las exigencias de obras viales de entidad, de gastos de asistencia e higiene de fomento agropecuarios entre otros sin olvidar la marcha progresiva de las retribuciones de servicios también exigirán esfuerzos de significación desde luego no todos provenientes del impuesto. La meta del equilibrio presupuestal y la realización de ajustes y economías se trasuntarán en un índice de confianza general conducente a un mejor clima fiscal. Por último un necesario reajuste de nuestro crédito público también se traducirá en un mayor orden así como en una mejor integración con los títulos hipotecarios y municipales eliminando la estéril competencia actual. En los aspectos económicos y social, proceden algunas directivas: debe revisarse la ley de Consejos de Salarios en forma que asegure al trabajo una paga real compatible con el nivel general de precios y no signifique factor de perturbación para la economía y una alusión para el trabajador evitando la progresión desenfrenada del costo de la vida en una carrera en la que el aumento de las retribuciones siempre llega tarde y el que pierde es en definitiva el consumidor. Es deseable que patronos y obreros vivan en contacto y armonía y no en lucha permanente obligada por el sistema actual; deberán estudiarse mecanismos más ágiles para regular las relaciones en la empresa, sistemas de convenios colectivos, escalas móviles etc. La congelación de precios por vía administrativa, fuera de ciertos productos básicos y esenciales, ha resultado la práctica universal así lo demuestra- una utopía. Se hará necesario vigilar costos y ganancias razonables antes que precios. Pero también es necesario, en este sector, la colaboración de los trabajadores, su comprensión y su productividad. La misión del gobierno debe ser simplemente de estabilizador y no de agente de perturbaciones. Cuando menos intervenga directamente mayor posibilidades de comprensión, mayor posibilidades de comprensión pueden esperarse de las dos fuerzas coadyuvantes y no opuestas, para el bienestar general. Todo el campo de la previsión y la seguridad sociales seguros, jubilaciones, pensiones, asignaciones, beneficios especiales, etc, deben ser reajustados para su mayor utilidad, así como los múltiples y disociados regímenes de servicios y su financiación. No sólo importa la forma o el organismo que presta los servicios, pues el beneficiario es uno solo, la colectividad, y hacia ella deben mirarse de manera amplia y comprensiva. También es necesario encarar la otra parte de los servicios: no importa sólo el organismo en sí, sino también el contribuyente sobre el cual se aplican impuestos distintos en su estructura, su destino y sus características, pero todos los cuales se agregarán a los tributos de la administración central, a los municipales y a los distintos gravámenes destinados a fondos especiales. Desde el punto de vista de nuestro comercio exterior es preciso el fomento de las exportaciones, que para países como el nuestro, representan lo que las inversiones para los más altamente desarrollados Su nivel marcará el ritmo de las importaciones, las que serán dosificadas de acuerdo con las necesidades del país, en forma de ir simplificando paulatinamente su contralor. En materia bancaria, debe ser actualizada la Ley de 1938, coordinados el sistema de créditos oficiales agrarios o industriales, los organismos de ahorras y de descuentos y los servicios bancarios de comercialización: y ha de estudiarse la creación de un Banco Central, dentro de la esfera que aconseja la técnica en la materia. La defensa de nuestra moneda ha de ser encarada de acuerdo con lo que una sana técnica aconseja, tomando en consideración las experiencias extranjeras, en lo que sean aplicables, y orientaciones previstas en el plan general, que en su momento, se traducirán en propuestas al Parlamento. Debe lograrse que la moneda traduzca la medida estable de valor, tanto en el mercado interno como en las relaciones internacionales, sin manejarla como arma de política económica y fiscal. Ello llevará a la unificación por etapas, de los tipos cambiarios, coordinando esta política con una adecuada dosificación de los aranceles aduaneros y de los artículos a importarse. Es natural que toda esta política debe ser armonizada con los organismos vinculados a la actividad de este sector económica del Estado. También está relacionada con la política fiscal, la de los subsidios, que ha de ser revisada integralmente, en cuanto a los relativos al consumo y a la producción, así como a las formas actuales de financiarlos. Debe fomentarse el desarrollo de industrias básicas y económicamente rendidoras, desde un plano nacional, abandonando la artificiosidad y el privilegio. Paralelamente el desarrollo industrial encarado por la doble vía del gasto y del impuesto en el sector financiero, y por medidas complementarias en el sector económico, es hora ya de promover una formulación integral de fomento para la campaña, un plan de alcance total que enfoque el problema del campesino, del productor, del pequeño propietario rural, del arrendatario, del consumidos, y que sitúe la importancia del agro en el mapa económico nacional. Aquí existe un campo vastísimo desde el punto de vista de la sociología, que los técnicos competentes entrarán a resolver, y que se vincula al medio rural, la vida familiar del campesino, la prevención de enfermedades, la escuela rural, la educación adaptada al medio, la instrucción general, el ambiente sano, etc. Como plan de desarrollo rural, debe fomentarse el empraderamiento para multiplicar el ganado, facilitar semillas y fertilizantes, formular censos de maquinarias y estimular su adquisición y la de herramientas rurales, alambrados, etc, así como el de vehículos rurales; desarrollar créditos plurianuales con reembolso a largo plazo, favorecer la importación de reproductores para renovar la sangre, promover la industrialización de residuos (guano, harina de carne, harina de pescado), la construcción de tajamares, aguadas, galpones silos, etc, y la repoblación forestal; dar facilidades y estabilidad a los arrendatarios para que efectúen mejoras, y estimular los cultivos intensivos y de rotación, especialmente los de tipo familiar como cumplimiento de la labor agrícola así como la producción granjera y la hortícola. Una política vial y ferroviaria integral también propenderá al mayor desarrollo del agro. El Estado formulará por medio de los organismos competentes y por intermedio de un cuerpo honorario los planes técnicos necesarios y brindará asesoramiento orientación y asistencia veterinaria y agronómica desarrollando campañas preventivas para combatir epizootias y plagas agrícolas. Estos proyectos exigirán importantes recursos que pueden provenir de fuentes extranjeras diversas, siempre que se apliquen directamente a fomentar el desarrollo. Su importancia, la dificultad que plantean muchos espacios y su estrecha correlación, obligan a actuar con mesura y por etapas. Es preciso una política monetaria y fiscal coordinada para combatir la inestabilidad sin limitar y, por el contrario, impulsando el desarrollo económico. Para ello no hay fórmulas mágicas no soluciones improvisadas: la ciencia y la técnica serán las que porten, con criterio realista y general, las soluciones a aplicar las que serán encaradas dentro de la mayor rapidez, compatible con el análisis y estudio de los complejos puntos a resolver, pero sin precipitaciones que destruyan por su base las soluciones más adecuadas. Es preciso excluir, para gobernantes y jerarcas en general, todo beneficio o compensación que no esté legítimamente establecido; y nos anima el propósito de reencausar las costumbres en la severidad que en tal materia luce ejemplarmente como prenda de los fundadores de la República. No se trata, propiamente, de exigir virtudes nuevas, sino de mantener la retribución de los servicios en sus límites estrictos. El Estado incumbe hemos dicho antes de ahora- el estímulo y coordinación de todas las fuerzas cooperadoras en el fin supremo de conservar y mejorar la moral. Cualesquiera sean las convicciones filosóficas de los gobernantes o de los partidos de que procedan, el poder público, si debe ser irreligioso, nunca podrá tener espíritu antirreligioso, y por consiguiente, ha de aprovechar todas las fuentes de elevación de la conducta que permitan mantener un mínimun deseable de moralidad, sin que a ello obste el cuño metafísico de la fuerza que la impulse. El concepto del deber abstracto no siempre es bastante para que los hombres actúen correctamente. El sentimiento religioso puede servir de sustentáculo a las masas. El inolvidable Jules Payot, que no hablaba, precisamente, en nombre de ninguna escuela profesional, destacaba esa función de sostener a los débiles cuando vacilan y de dar" una dirección sensiblemente uniforme a la multitud, que sin ella, sin su eficaz auxilio, hubiera descendido o permanecido al nivel del animal, desde el punto de vista de la moralidad". Sociologicamente, puedo haber, así una ortopedia moral, paralela a la de orden físico. No hay concesión indebida en ello. Están presentes siempre en nuestro espíritu las palabras magistrales de Rodó: "La preocupación del Misterio infinito es inmortal en la conciencia humana. Nuestra imposibilidad de esclarecerlo no es eficaz más que para avivar la tentación irresistible con que nos atrae y aun cuando esta tentación pudiera extinguirse, no será sin sacrificio de las más hondas fuentes de idealidad para la vida y de elevación para el pensamiento. Nos inquietarán siempre la oculta razón de lo que nos rodea, el origen de donde venimos, el fin adonde vamos y nada será capaz de sustituir al sentimiento religioso para satisfacer esa necesidad de nuestra naturaleza moral, porque lo absoluto del Enigma hace que cualquiera explicación positiva de las cosas quede fatalmente, respecto de él, en una desproporción infinita, que sólo podrá llenarse por la absoluta iluminación de una fe. Desde este punto de vista, la legitimación de las religiones es evidente". Son adecuadas estas reflexiones a pesar del deslinde de ambos campos en nuestro Estado, porque la autoridad suele afiliarse en la lucha contra la enseñanza religiosa, con incursión en el derecho individual y quebrante de la libertad consagrada por el constituyente, que hemos defendido siempre con firmeza. Interesan, también, ante el índice desolador de la delincuencia juvenil, que , si bien tiene, en su parte no pequeña, raíces económicas, y es la respuesta que la sociedad recibe a muchas de sus propias culpas, obliga premiosamente a la autoridad a concitar todas las fuerzas privadas útiles para la defensa colectiva y la redención individual. Sería absurdo proceder de otro modo por prurito de asepsia filosófica, mientras la crudeza del delito y la desviación moral conmueven el espíritu público, y el Estado no ofrece otra terapéutica de fondo que la demasiado simplista y cuestionable de la reforma de la imputabilidad y añade, aún, su propia incuria en política penal. Es preciso estimular la deseable expansión del hombre en órbita separable de la disciplina del Estado, para "defender al individual -como observa Siegfried- pues sólo el es creador, sólo él viviente. Va en ello el destino de nuestra civilización ". Y complementariamente, la exaltación y protección del núcleo familiar. Casi integramente suscribiríamos la "Declaración de los derechos de la familia", formulada por el Congreso de las Asociaciones familiares reunidos en Lillo en 1920. Muchos de sus principios sintetizan cabalmente el orden deseable: La familia tiene derechos de educación Le incumbe formar el cuerpo, la inteligencia y el alma del niño. Le pertenece pues, el de actuar por cuantos medios legítimos concurran a este triple fin. El derecho a ser protegida contra las diversas plagas: licencias de las calles de los espectáculos, de una cierta prensa, alcoholismo, tuberculosis, viviendas insalubres y miserables, multiplicación de divorcios. A la proscripción de todo régimen de producción que pueda minar las fuerzas físicas del padre, de la madre del niño, o que turbe la vida familiar. El salario suficiente para que la familia viva, debe ser asegurado por medio de organizaciones adecuadas, bajo la égida de la profesión y de la ley. El derecho a disponer de un hogar decoroso; el derecho a la justicia distributiva: los impuestos, las cargas, las tarifas, las subvenciones, las indemnizaciones por carestía de la vida, las pensiones, han de calcularse no sólo en función del individuo sino de la familia. En cuanto a la enseñanza pública, consideramos indispensables reformas legislativas en los sectores de primaria, media e industrial. En la dirección de sus servicios, entre otros temas, debe asignarse representación adecuada al personal docente, semejante a la establecida en Secundaria. La Ley de Educación Común ha de ser adaptada a los tiempos. Una autorizada iniciativa del eminente profesor Emilio Verdesio, que he recogido como propia en el Senado, plantea laudablemente el tema. Además de la edificación escolar, quizás ningún problema sea tan dominante como el de la escuela rural, no puramente como instituto docente estricto, sino como centro civilizador, de radio más amplio que el de la educación de sus alumnos. Ensayos a cargo de maestros en quienes confluyen técnica y abnegado espíritu apostólico, demuestran la magnitud posible de tal obra en el ámbito social de cada zona, actuando como una insustituible fuente de elevación. Lo considero como el más laudable esfuerzo de los últimos tiempos por la redención espiritual del hombre en nuestro medio rural. El régimen legal de la Universidad del Trabajo debe ser urgentemente modificado. Desde hace largos años se viene bregando por ello y existen en el Parlamento proyectos muy bien estudiados, con acuerdo de diversos partidos, que pueden conducir sin dificultad a una ley conveniente. La orientación profesional, especialmente vinculada a dicha Universidad como a la enseñanza media, debe merecer atención especial, no para resolver totalmente el punto, que requiere etapas graduales, sino para crear conciencia a su respecto e ir labrándose cauce. La plausible repercusión que, en su momento, tuvieron las conferencias del profesor Mira y Lopez, se ha desvanecido. Se ha olvidado también, entre otras, la iniciativa presentada al Senado por un dignisimo adversario, el doctor Modesto Etchepare, cuya memoria evoco con afectuosa emoción y que dedicó al problema ilustrado desvelo. En cuanto a la docencia secundaria, existe conciencia de su crisis, de origen no actual, en que se confunden sus clásicas dificultades universales con la falta de revisión a fondo de los planes de estudios y programas, y un tributo unilateral a la preparación intelectualista, a la " supresión de la asignatura", como la denominara Ernesto Nelson, que sustituye a la natural finalidad de la formación del hombre, la organización de los hábitos, el cultivo de la aptitud para el "arte de vivir". De algún país se ha dicho -y es oportuna la cita- que la educación eleva la cultura tan por encima de la acción que los placeres de la inteligencia parecen más importantes que los deberes de la vida. El régimen de promociones debería ser prolijamente revisado, teniendo a la vista sus resultados en otros países y a este respecto, su nivel técnico y cultural en relación con el nuestro; las observaciones de Vaz Ferreira y la experiencia acumulada. La autonomía establecida por la Constitución de 1951 limita, sin duda con exceso el control anterior sobre este instituto, y los medios de abrir procesos de reforma. Pero está entre los deberes del gobernante señalar al Parlamento todo hecho social de entidad, cuya corrección incumba de algún modo al Estado. De la entraña de la sociología surge la voz clamorosa "Sólo rehaciendo al hombre mismo será posible la reconstrucción de la sociedad". "Reformar al mundo por la infancia" era la divisa de Pestalozzi, recordábamos hace poco; y " resolver en profundidad el problema humano". "Si falta la santa voluntad de ennoblecer cada individuo de nuestra especie, decía todos los artículos de la Constitución son inoperantes". En lo relativo a las Fuerzas Armadas, nuestra preocupación será, en todo momento, asegurar tanto como su eficiencia técnica la impersonalidad del servicio y, en todos los aspectos, el imperio del derecho, insustituible garantía de la corrección de sus funciones como de su prestigio ante la nación. En el orden internacional, mantendremos las orientaciones que el país ha fijado, respetando los compromisos existentes. La vocación por la solidaridad americana tiene raíces vinculadas a la tradición más antigua e íntima de nuestra colectividad por lo cual la adhesión a sus principios esenciales fluye espontáneamente de su espíritu. Las convicciones que muchas veces fundaron nuestra critica, en lo relativo a la política exterior, podrán ser expuestas en las debidas oportunidades y en las deliberaciones correspondientes, sin otro ánimo que el de colaboración en la solución de los problemas y con la mesura propia del ejercicio del gobierno. Es muy breve el término de un mandato para cumplir la vasta obra que siempre, en estas circunstancias, se espera desde todos los horizontes y puede parecer inconciliable con la invocación de tantos motivos como afluyen ahora a nuestro espíritu. Interprétese su mención como directivas trazadas a nuestra voluntad por la recta intención que nos inspira en el servicio de los intereses generales. Para cumplirla, no bastan frecuentemente las instituciones ni nuestros sinceros desvelos: "está la vida, esta vida, dios moderno -observa Burdeau- creador de valores tan misteriosos como imperativos, más prestigiosos todavía cuando son políticos, totalmente ausente del academicismo constitucional". El político ha de actuar siempre en una realidad preexistente, impregnada de historia. En la sociedad obran fuerzas no perceptibles, pero de gravitación tan ineluctable como la de las leyes naturales. Ello ha de tenerse presente ante la ilusión de que el éxito, en la dirección política, depende puramente de su intelectualización. Nos permitiréis, finalmente, que, expresando un sentimiento profundo evoquemos un nombre al que la lejanía histórica presenta ya decantado de toda pasión partidaria. Me refiero a don Bernanrdo Prudencio Berro "vástago ilustre de una familia indígena del valle del Ronkal -dice Irureta Goyena- tribuno y labrador, una especie de Cincinato que, con la misma mano que escribía correctos versos en latín y excelente prosa castellana, empuñaba afanosamente, para ganarse la vida, la rugosa esteva del arado". La invocamos para afirmar que, en el desempeño de nuestras funciones, deseamos ser dignos de su memoria.