Comisionado propone normas para fortalecer al INR y al Plan de Dignidad Carcelaria

Jueves 17 Septiembre , 2020

En la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, que analiza la Ley de Presupuesto 2020-2025, el Comisionado Parlamentario planteo hoy, jueves 17 de setiembre, varios artículos para aumentar la presencia y eficacia de las políticas sociales en el sistema carcelario. “Es un aporte para que las políticas sociales entren en la cárcel como si fuera un barrio más” dijo el funcionario.

 

Al analizar el texto presupuestal para el período 2020-2015, el Comisionado Parlamentario propuso, llevando a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el texto de 4 nuevos artículos que no implican costo alguno: que ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado) cubra toda la población penitenciaria como establece la ley del Servicio Nacional Integrado de Salud, que el  Sistema Nacional de Educación con liderazgo del Ministerio de Educación lleve adelante un Plan Nacional de Educación en Cárceles articulando los aportes que hoy hacen varios organismos educativos  y que una Comisión de Seguimiento Asistencial, presidida por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) reciba y coordine todos los años la información sobre los aportes que múltiples organismos sociales hacen al sistema carcelario. El artículo propuesto señala que esa información sea luego enviada a la Comisión Bicameral de Cárceles del Parlamento y al propio Comisionado.

 

Sobre esta Comisión de Seguimiento Asistencial el comisionado dijo: “El INR tiene una enorme tarea por delante. El Plan de Dignidad Carcelaria presentado por las autoridades es un marco programático muy positivo. Teniendo en cuenta que las acciones educativas, de capacitación profesional, culturales y sanitarias, provienen de múltiples organismos que se despliegan dentro de las cárceles, es fundamental tener una instancia de coordinación, para que el INR pueda expresar y coordinar los recursos que necesitan y las acciones que se van a desarrollar. La idea es que el intercambio de información y el diálogo entre las partes, va a permitir mejorar y aumentar la presencia de las políticas sociales dentro de las cárceles”.

 

El Comisionado también planteó que no se suprimieran cargos técnicos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que se crearan tanto cargos policiales como educativos (operadores penitenciarios) y técnicos y que no se disminuyeran las gastos de inversión y funcionamiento del INR, “teniendo en cuenta que actualmente hay carencias y que la población penitenciaria crece a un ritmo de 11,9% anual, muy por encima del crecimiento de la población general”.

 

El Comisionado también comentó el rol de la cárcel en la sociedad: “No hay mejor política de seguridad pública que la inversión en primera infancia. Pero mientras tanto, mientas tenemos un sistema penitenciario gigante, el paradigma es un sistema que sea como un barrio más de nuestra sociedad, donde la convivencia sea un terreno rico en oportunidades, lleno de posiblidades de educación, cultura, trabajo, familia, deporte, porque es la humanización lo que baja la violencia”.     

 

PERSONAS AUSENTES EN LA ACTUALIDAD

Martes 29 Noviembre , 2022

Un proyecto de ley que propone declarar de interés general el desarrollo de políticas públicas e institucionales para la búsqueda de “Personas Ausentes en la Actualidad”, fue propuesto por los representantes Nicolás Mesa y Oscar Amigo, y está a estudio de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.

Los diputados, en su exposición de motivos, explicaron que se considera que una persona está desaparecida cuando está ausente de su residencia habitual sin motivo conocido o aparente, cuya existencia es motivo de inquietud, o bien que su nueva residencia se ignora, dando lugar a la búsqueda en el interés de su propia seguridad y sobre la base del interés familiar o social.

Como comentaron, cuando la persona desaparece y no existen evidencias de que haya fallecido ni de que siga con vida, la familia añade al dolor de la pérdida, la duda y la falta de certeza. Esta falta de certeza les impide a los familiares del desaparecido aceptar la pérdida y comenzar a gestionar el dolor. Este dolor está hecho de incredulidad, de un estado de permanente alerta esperando noticias en un sentido o en otro, de tristeza por la ausencia.

El daño cotidiano que sufren familiares y amigos, el deterioro de la calidad de vida como consecuencia de años de espera, exige un esfuerzo del Estado en el sentido de agotar todas las posibilidades, de utilizar todas las herramientas para investigar y llevarles las certezas que necesitan para continuar con sus vidas.

Niños, personas mayores, hombres y mujeres, desaparecen en todo el territorio nacional, algunos estaban internados en un hospital o en una casa de salud. En nuestro país el número de personas desaparecidas oscila permanentemente, pero se mantiene en el entorno de las 200, expusieron los legisladores.

La asociación civil “Familiares de Personas Desaparecidas-Ausentes en Democracia -Uruguay”, en su comparecencia ante la Comisión de DDHH, expresó que se sienten desprotegidos y abandonados en su búsqueda. Han notado omisiones, falta de coordinación interinstitucional y demoras que enlentecen el proceso de resolución del problema, además de que no son informadas nunca del progreso de las investigaciones.

Según entienden, el Estado es responsable, porque cuando una persona desaparece elproblema pasa a ser público y por lo tanto las instituciones encargadas de la seguridad yla salud deben actuar en forma coordinada, rápida y eficiente. Se debe tener en cuenta además, que detrás de la desaparición puede estar también la actuación de organizaciones delictivas cuyo objetivo es el comercio de personas, tráfico humano o, como es conocido internacionalmente, la “trata de personas”.

La Comisión de DDHH ha analizado el tema en profundidad a partir de la información vertida por las delegaciones de ASSE, del Ministerio del Interior y de la propia asociación de Familiares de Personas Desaparecidas-Ausentes. Conjuntamente con la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia, se ha estudiado y comparado el protocolo de la Oficina de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes del Ministerio del Interior y la normativa vigente que rige en éstos casos, con las omisiones y reclamos de los familiares.

Como síntesis del trabajo realizado, los diputados consideran que es necesaria la creación de una Comisión Inter-institucional sobre Personas Ausentes en la Actualidad que permita el trabajo en red del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Fiscalía General de la Nación y de la Asociación Civil Familiares de Personas Desaparecidas-Ausentes en Democracia-Uruguay.

Concluyendo, expresaron que el proyecto de ley pretende utilizar en forma adecuada y organizada todas las herramientas con que cuenta el Estado, no sólo para la búsqueda, sino también para la comunicación, asesoramiento y contención de las familias que están pasando por la angustia y desesperación de tener un familiar desaparecido.

EXCLUSIÓN DEL REQUISITO DE EXPERIENCIA LABORAL PARA LLAMADOS PÚBLICOS

Martes 29 Noviembre , 2022

La diputada Nancy Nuñez es la responsable de un proyecto de ley titulado “Experiencia laboral previa”, el cual establece que no será requisito excluyente en todos los llamados y concursos de personal en la Administración Central, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Personas de Derecho Público no Estatal. El proyecto está a estudio de la Comisión de Constitución, códigos, legislación general y administración de la Cámara de Representantes.

 

En la exposición de motivos, la diputada explicó que su inspiración en la presentación de este proyecto fue la necesidad que poseen todos los ciudadanos de la República de acceder de manera igualitaria a los llamados y/o concursos para cubrir cargos en la Administración Pública, dado que, tanto en los llamados a concurso de los organismos de la Administración Central como fuera de ella, se viene exigiendo en las bases de los mismos y como requisito excluyente la experiencia previa de dos y hasta cinco años en la actividad o área para la cual se realiza el llamado.

 

Un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) acerca del mercado laboral señala que el desempleo en la franja etaria que va de entre los 14 y 29 años es uno de los problemas primordiales del país, comentó la legisladora.

Hoy en día, nos encontramos con que una de las principales dificultades de los profesionales recién recibidos a la hora de insertarse en el mundo laboral, lo constituye la falta de experiencia laboral previa, quedando así relegados por falta de la misma, causándoles esta situación frustración, desilusión e impotencia y transformándose en consecuencia en un círculo vicioso.

 

La representante nacional acotó que, consideramos sin vacilaciones que es responsabilidad del Estado garantizar y estimular la igualdad de acceso a la función pública. En nuestro ordenamiento jurídico contamos con la reciente Ley N° 19.973, promulgada el 13 de agosto de 2021, cuyo objeto es desarrollar políticas activas de empleo dirigidas a favorecer el acceso a una actividad laboral remunerada de jóvenes entre 15 y 29 años, de trabajadores mayores de 45 años y de personas con discapacidad. La mencionada norma constituye un eficaz instrumento para fomentar la primera experiencia laboral en el Estado, pero no logra zanjar la brecha que hoy nos proponemos dirimir, puesto que en la actualidad la mayoría de llamados para ingreso a la función pública exigen como requisito excluyente contar con determinados años de experiencia laboral previa, lo que significa una limitante para un gran sector de la población.

 

“De aprobarse la presente iniciativa, será obligatorio que en todos los concursos o llamados para ocupar cargos en la Administración Pública, las bases del mismo contemplen que no será un requisito de carácter excluyente la experiencia previa en el desempeño de la tarea, ni una limitante para el registro de la inscripción”, concluyó la diputada Nuñez.

SESIÓN DE LA JUNTA NACIONAL DE CUIDADOS

Martes 29 Noviembre , 2022

Con la presencia de varios Ministros de Estado y jerarcas de organismos gubernamentales sesionó esta mañana, en la Sala Acuña de Figueroa del edificio anexo al Palacio Legislativo, la Junta Nacional de Cuidados.

 

La Junta Nacional de Cuidados es el órgano donde se fijan los lineamientos estratégicos de la política de cuidados del país y el cumplimiento de los objetivos acordados. Lo integran los titulares de los Ministerios de Desarrollo Social; Ministerio de Economía y Finanzas; Ministerio de Educación y Cultura; Ministerio de Salud Pública; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; OPP; BPS; ANEP; INAU y el Congreso de Intendentes. También lo integra el Instituto Nacional de la Mujeres que participa con voz y sin voto.

 

Las autoridades destacaron los avances y las características del trabajo interinstitucional “los logros han sido producto de la buena articulación entre los organismos integrantes del Sistema”. Señalaron que en los últimos meses el trabajo se basó en fortalecer cuatro ejes fundamentales: El Programa de Asistentes Personales, la profesionalización de las personas cuidadoras, la educación inclusiva y la primera infancia y expresaron que “el Sistema de cuidados de Uruguay es visto como un ejemplo a nivel regional”.

 

Estuvieron presentes en la reunión: el Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema; el Ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira; el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres; el Subsecretario del Ministerio de Salud Pública, José Luis Satdjian; el Presidente de ANEP, Robert Silva; la Directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Bottero; el Presidente del BPS, Alfredo Cabrera y la Senadora Graciela Bianchi.

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