La Cámara de Representantes definirá, en la primera sesión extraordinaria que cite el Cuerpo, si se crea o no una Comisión investigadora que entienda en presuntas vinculaciones de determinadas empresas con la financiación de campañas electorales.
Así lo establece el artículo 118 del Reglamento del Cuerpo, que en su inciso cuarto establece que “el informe o los informes, si se produce más de uno, se entregarán al Presidente y el asunto se incluirá en primer término en la primera sesión extraordinaria que se realice…”
Como se recordará, la preinvestigdora, integrada por los diputados Daniel Caggiani, Luis Gallo y Walter Verri, designada por la Presidencia a solicitud del diputado Adrián Peña el miércoles 15 de marzo, finalizó su labor el pasado viernes con dos informes: uno en mayoría y otro en minoría.
El informe en mayoría, entre otros conceptos, establece que se trata de una denuncia carente de fundamento y recomienda al Cuerpo crear una Comisión Parlamentaria de investigación que analice a todas las empresas y/o personas que hayan aportado a las campañas de los partidos políticos, a partir de la reapertura democrática (…) a los efectos de legislar en la materia.
Sugiere que la misma esté integrada por once miembros y que su plazo sea de ciento ochenta días con opción a ciento ochenta días de prórroga.
El informe en minoría, por su parte, sugiere crear una investigadora sobre el financiamiento de las campañas electorales, nacionales y departamentales, durante el período 1984-2015 y su vinculación con Fripur, Camrivey, Aire Fresco, Minitar y Cutcsa, estableciendo que se integre con quince miembros y se pronuncie en un plazo de dos años y medio.
COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MIÉRCOLES
Hacienda
Los miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes se reunirán mañana miércoles a la hora 10 en la Sala “Paulina Luisi”, donde se podrá tratar el proyecto de ley que pretende regular el sistema de tarjetas de crédito.
En la oportunidad se podrá abordar la situación generada por el cierre del Cambio Nelson y sus posibles consecuencias en el sistema financiero, además de las ganancias que tuvieron los bancos en el último año.
Por estos puntos se recibirá a las autoridades del Banco Central del Uruguay y por dos de ellos a la Asociación de Bancos Privados del Uruguay.
PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes tiene a estudio un proyecto de ley que establece normas vinculadas a la promoción de la economía social y solidaria a través de las compras estatales.
La iniciativa declara de interés general los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la Economía Social y Solidaria, entre los que se encuentran los emprendimientos de economía solidaria, los autogestionarios y las cooperativas.
En la exposición de motivos los firmantes, pertenecientes a la bancada de gobierno, expresan que esta definición es un aporte a la legislación de nuestro país reconociendo una realidad social que integra a diversos actores, algunos de los cuales, como en el caso del cooperativismo, pueden tener ya hoy un marco jurídico que los reconozca y regule.
Uno de los objetivos del proyecto es habilitar el acceso de sectores minoritarios a los mercados y licitaciones del área pública, fomentando la creación de trabajo productivo, el desarrollo de habilidades competitivas, la reducción del sector informal y el combate contra la pobreza y la desigualdad del ingreso.
En la exposición se establece además que muchos países que integran la OMC utilizan estas políticas para proteger e incentivar el desarrollo de sus industrias y prestaciones de servicios de origen nacional. Para ello los instrumentos utilizados son los márgenes de preferencias en precios, los requisitos de contenido local, las reservas de mercado, las preferencias para proveedores y un trato preferencial para diferente tipo de emprendimientos.
Entre los instrumentos definidos para efectivizar la promoción y apoyo a estos emprendimientos, donde se integra además la perspectiva de género, se establece una reserva del 30% de las compras estatales y un margen de preferencia de precios a aplicar en la evaluación económica de las ofertas.
Por último, el proyecto crea el Fondo de Anticipo de Pagos que será administrado por el Instituto Nacional de Cooperativismo y que se conformará como un sub fondo de la partición correspondiente del FONDES INACOOP, integrándose con un monto inicial, a definir, en Unidades Indexadas.
(Carpeta Nº 1832 – Repartido Nº 650)