La representante se refirió a un proyecto de ley que presentó y está a estudio en la Comisión de Vivienda y Territorio sobre el derecho a una vivienda digna y adecuada, que es reconocido como un derecho humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25.
Como gobernantes debemos cumplir el mandato constitucional de asegurar el acceso a una vivienda decorosa a todos los habitantes de la República tal como lo establece el artículo 45 de nuestra Constitución, explicó Núñez. Con el correr de los años la política de vivienda se ha ido consolidando en una política pública de Estado; los planes quinquenales rectores de cada uno de los períodos dan cuenta de ese proceso con niveles crecientes de involucramiento de la sociedad civil. A nivel mundial se ha transitado por un período de dos años de emergencia sanitaria que alteró de manera significativa la vida de las personas en varios aspectos. Como consecuencia, miles de ciudadanos perdieron sus empleos, su capacidad de ahorro, de pago, truncándose de esa manera sus planes de acceder a una vivienda propia.
Como informó la legisladora, en la actualidad hay un caudal importante de ciudadanos que ven limitado su acceso a la vivienda, ya que la imposibilidad de pagar sus créditos terminó limitando su poder de consumo y hoy engrosan una lista en calidad de deudores en una base de datos particular como es el Clearing de Informes S.A. Hoy en día se utiliza el registro en dicha empresa hasta en asuntos que tienen que ver con cuestiones sociales como lo es el acceso a la vivienda.
Precisamente aquí es donde encontramos una contradicción entre la intención del gobierno nacional de facilitar el acceso a las soluciones habitacionales y ciertos requisitos. Es así que por ejemplo, en los llamados a compra de vivienda construida por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) se establece como uno de los requisitos para postularse: “Estar libre de operaciones incumplidas en el Clearing de Informes... Se pueden tener hasta 4 incumplimientos refinanciados”. Dicho requisito se transforma en una carga sumamente alta para el ciudadano que pretende postularse para acceder a una vivienda. Consideramos, acotó, que se les aplica a las personas más vulnerables una doble sanción, por un lado las multas y recargos que apareja la obligación incumplida y por otro lado la imposibilidad de postularse a los llamados para acceder a una vivienda propia. Nuestra propuesta está dirigida únicamente al sector público que ofrece créditos subsidiados para acceder a la vivienda como son el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento territorial (MVOT) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).
Finalmente,la diputada sugiere una modificación en las exigencias para acceder a las viviendas, proponemos a través de este proyecto la posibilidad de eliminar el requisito excluyente de estar libre de operaciones incumplidas en el Clearing de Informes en las convocatorias de llamados del MVOT y/o ANV para el acceso a la vivienda; lo que en ningún caso configurará un perjuicio para los acreedores, en virtud de que la máxima garantía frente al incumplimiento del ciudadano lo constituirá la respectiva hipoteca del bien objeto del llamado.