En sus cinco minutos de tiempo en la media hora previa, el legislador se refirió a un asunto que informó ayer la prensa que fue tratado en la Cámara y sometido a una investigación, el proceso que analizó la gestión de diversas autoridades del Ministerio de Turismo entre el año 2010 y agosto del 2021, sobre el cual el fiscal determinó el archivo hace tiempo (de parte) de los expedientes y ayer procedió al archivo de la carpeta del ex ministro Cardoso.
Como explicó Rodríguez, en su fundamento, el fiscal indicó que, tanto de una como de otras actuaciones, se podrían identificar irregularidades administrativas, como por ejemplo reiterar el gasto en caso de gastos observados por el Tribunal de Cuentas, o no contar con el aval previo del Ministerio de Economía u otra serie de observaciones de carácter administrativo. Pero que en ningún caso configuraría delito alguno, es más, en las observaciones que realizó el fiscal indicaba términos muy similares a los que nosotros expresamos hace un año aquí mismo en esta sala, cuando decíamos que los actos discrecionales de los jerarcas se encuentran dentro de esa competencia que tienen estos funcionarios públicos, pero discrecionalidad no implica arbitrariedad.
Lamentablemente para algunos integrantes de esta Cámara, expresó el diputado, el ejercicio del poder discrecional sí configura arbitrariedad. Por supuesto y por suerte, en nuestro estado de derecho las instituciones funcionan y las locuras de verano o primavera no quedan en más que eso, puesto que estas denuncias formuladas recibieron de parte del fiscal el tratamiento que merecían.
Nosotros cuando informamos, junto con otros dos colegas de la coalición de gobierno en representación de nuestros partidos, aquí en el pleno de la Cámara, decíamos que a nuestro juicio no se podían identificar elementos constitutivos que configuraran acciones delictivas pero que en aras de la transparencia -y así lo plasmamos en el proyecto de resolución que se votó- estábamos dispuestos a remitir todas las actuaciones a la fiscalía.
Afortunadamente después de un año de investigación, denuncias, ampliaciones de denuncias por parte de algunos denunciantes, el fiscal llegó a la misma conclusión que nosotros como legisladores habíamos vertido en esta Cámara, hace un año atrás.
Será una muestra más de la responsabilidad que los actores políticos tenemos que tener, el sistema político no puede dirimir sus diferencias en la justicia. Las diferencias en el sistema político se defienden y se resuelven en el debate político y, eventualmente, es la gente la que cada cinco años, cuando tiene que votar, termina dirimiendo esas situaciones y esas diferencias.
“No todo lo que es del debate político corresponde que vaya a la justicia. Lamentablemente actores políticos de nuestro sistema han adoptado esa actitud como práctica habitual, esperemos que esta situación enseñe que no es el camino y que, solamente si hay semiplena prueba o elementos que realmente ameriten esa circunstancia, acudir a ella”, finalizó el representante.