La diputada se refirió a un proyecto que presentará mañana, basado en el artículo 118 de la Constitución de la República, que brinda a los legisladores un instrumento esencial de contralor de la gestión en la administración, a través de la solicitud de pedidos de informes a diferentes organismos, un alto porcentaje de estos pedidos o no son contestados o se responden con una exagerada demora que entorpece el trabajo de los legisladores ya que superan los 90 días que están estipulados.
Como explicó la representante Capillera, considera que esta herramienta fortalece la democracia y la transparencia, contemplando la labor para la que fueron electos.
El proyecto procura acortar los plazos que los organismos públicos poseen por la ley 17.673 para dar respuesta a los pedidos de informes del Parlamento, reduciendo el plazo de 45 días hábiles a 20 días hábiles y la prórroga de 30 días hábiles a 20 días hábiles.
Con estas modificaciones se intentará mantener la efectividad y la vigencia de este instrumento legislativo, ya que se cuenta con las herramientas tecnológicas adecuadas para agilizar la presentación de la información solicitada, equiparándola con los plazos que establece la ley 18.831 de acceso a la información pública, a la que puede acceder cualquier ciudadano, concluyó la legisladora.