Sres. Consejeros de la Nación; Sres. Secretarios de Estado; Sres. Ministros de la Suprema Corte de Justicia; Honorables integrantes del Cuerpo Diplomático; Sres. Ministros del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo, Corte Electoral y Tribunal de Cuentas; Altas jerarquías civiles y militares.
El juramento que acabo de prestar me obliga ante vosotros, designantes de mi persona para tan alto cargo, y me ata a mi propia conciencia con lazos tan fuertes que son invencibles para la voluntad, comprometiendo definitivamente mi honor y mi vida a la gran responsabilidad que asumo.
Sé que tal como estábamos acostumbrados, por obra de una tranquilidad que ganaron en buena ley nuestros mayores, está investidura habría provenido de un pronunciamiento electoral. Pero sé también que tanto las generaciones actuales, como las venideras dictarán su fallo inexorable contra quienes pusieron al País en esta encrusijada y nos absolverá a los que aceptamos el reto de la historia y recogimos la antorcha de sus manos para mantener la vigencia del derecho como auténtico instrumento de seguridad, orden y consecuente felicidad de la Nación.
Tengo, así, el convencimiento pleno de llegar al poder legítimamente: nada hemos hecho para obtener su titularidad porque le hemos tomado de los usurpadores para devolverle al pueblo, sin odios ni rencores, la carga de su propio destino con nuevas fórmulas institucionales que impidan, hasta donde es posible la repetición de este capítulo aciago de nuestra historia.
Acepto, pues, sin vacilar, la pesada carga que ponéis sobre mis hombros por cuanto este mandato emana de ciudadanos como yo o mejores que yo, colocados en la misma disyuntiva y que no han vacilado patrióticamente en jugar su suerte, desafiando la adversidad.
Según lo señaláramos en el acto de instalación de este Consejo, el Uruguay, resueltos los aspectos más apremiantes de la seguridad, emprendió la difícil tarea de restauración integral de sus valores. Salimos, estamos saliendo, mejor dicho, de la incertidumbre y desconcierto propios de una crisis para entrar a una etapa preparatoria de transición, ya examinada aquí, en la que un equipo gubernativo cívico-militar sucede a un conglomerado político que carecía de todo concierto constructivo posible. Y, como es característico de estos fenómenos socio-políticos, reintegramos a la Nación todo lo que se le había quitado, reactualizando los elementos que constituyen nuestro acervo histórico. Oponemos al entregamiento a gobiernos extranjeros antidemocráticos y recepción de sueldos de comités internacionales totalitarios, la dignidad de soportar nuestra suerte con propios medios; al interés personal o de grupos, el superior del país. El patriotismo y la dignidad cívica que trasuntan estas actitudes forman la base moral del gobierno que se inició el 27 de junio de 1973 y concreta sus primeros ajustes fundamentales en estos momentos.
En la normalidad, la fuerza pública, es el soporte material de la dinámica del Estado y el respaldo del derecho en su doble manifestación pública y privada. En la anormalidad, cuando las instituciones se conmueven y el derecho pierde su función social de mantener la convivencia pacifica el poder público pasa a primer plano a través de las Fuerzas Armadas y éstas adquieren imperativamente el ejercicio de la función gubernativa.
Esta traslación funcional y el tránsito de dicho instituto por el campo de gobierno es un capitulo del derecho público tradicional soslayado con temor y aún con pudor por los seudodemócratas. Para afrontar los problemas complejos de graves conmociones sociales se consagran, sustituyendo la clásica dictadura Romana, mal usada en el correr del tiempo, ya la declaración de Estado de Necesidad y en casos especiales, Estado de Sitio, ya las Medidas Prontas de Seguridad ya la Suspensión de Derechos individuales. Estas soluciones tienen un doble inconveniente, cuyas consecuencias los pueblos han pagado muy caro. En primer lugar, dejan en manos de los mismos hombres responsables de la situación creada la tarea de su restauración. La práctica demuestra que en tales condiciones generalmente fracasan y llega como consecuencia inevitable el gobierno de hecho, sea civil o militar. En segundo término, el divorcio de las Fuerzas Armadas con el Poder Civil no les permite participar en la regulación de las normas tutelares de la Seguridad Nacional dándoles, en cambio. la responsabilidad por las mismas. El resultado es fácil de prever; por insuficiencia de medios ellas se ven en la necesidad de sustituir al Poder Civil para llenar los vacíos institucionales. Siempre hemos pensado que en este círculo vicioso, fruto del temor, lo reiteramos, estaba la causa de muchos males padecidos por el país.
En la actual emergencia la cultura cívica de los militares y la comprensión de elementos civiles no comprometidos se han conjugado para llegar a un gobierno cívico-militar sin pasar por ninguno de los caminos trágicos que apuntamos y, entre el temor y la responsabilidad, optamos por ésta dando jerarquía constitucional a la fórmula que entrega la preservación de la Seguridad Nacional a las Fuerzas Armadas, mediante los órganos que establezca la Ley. En adelante, por obra del Acto Institucional Nº 2, la incapacidad, impotencia o interés de los Partidos o grupos Políticos no podrán comprometer la seguridad nacional, ahora definida con la garantía de la Ley. El Acta Institucional Nº3, que dictamos con esta fecha, permite al Consejo de Seguridad Nacional su importante tarea de proseguir la pacificación total y definitiva de la República sin desmedro de derechos sociales o individuales.
Me adelanto a un argumento que esgrimirán de inmediato los fanáticos de la falsa democracia, los que con tal de mantenerla en el papel y poder invocarla en estado de pureza extraterrena, no se preocupan al verla avasallada o se olvidan que la negaron. Esa norma, dirán, desaprensivos, fundamenta y facilita la conquista del poder por los militares. Contestó, primero que los partidos gobernantes en 1973 sin ningún precepto semejante permitieron o toleraron todo lo necesario para que el comunismo llegara al poder; segundo que la competencia se otorga en razón de la fe en los hombres y, tercero, que los militares tuvieron de hecho el poder en sus manos; la fe y el honor fueron precisamente los factores que impidieron la asunción del gobierno por ellos.
Señores: del gobierno surgido del proceso institucional cuya legitimidad sostuve desde la misma tribuna que estoy ocupando, el 14 de julio pasado, puede afirmarse desde ya que ha salvado al País en uno de los momentos más graves de su historia. Queda aún parte del camino a recorrer, muchos problemas por resolver y mucha crítica para recibir, pero la meta se trazó y nada ni nadie nos detendrá. Están rehecha la imagen internacional del País, recuperado su crédito, restaurada la confianza en su gobierno y en sus hombres, renovada la energía nacional, pacificados el trabajo y la enseñanza, obtenido virtualmente el equilibrio fiscal, cubierto con exceso el saldo de la balanza comercial y controlada la inflación. En uno de los Actos Institucionales que hoy firmamos se consagra la unidad y universalidad tributaria y tarifaria al suprimir las respectivas potestades en materia municipal. Desde la fecha habrá un solo régimen en el reducido territorio nacional. Y aunque los Municipios perderán la autonomía en los aspectos político y gubernativo, ganarán en descentralización técnica, haciendo posible la fiel expresión de las voluntades locales en procura de sus intereses.
A otro nivel, se afirma, en un primer paso, sustituyendo la negativa tesis de la separación de los Poderes, el concierto de los mismos en un juego constructivo que redundará en beneficio social y político sin desmedro de ninguno de los principios capitales del derecho público contemporáneo. Puede estar segura la ciudadanía que la reforma en estudio en cuanto se refiere al Poder Judicial reposará en la intangibilidad de la sentencia como expresión de los derechos subjetivos y objetivos, afirmando su fortaleza institucional.
A esta altura puedo anunciar, y lo hago a la vez con orgullo y placer, que ya estamos en condiciones de limitar al mínimo, -las competencias son irrenunciables- el ejercicio de las Medidas Prontas de Seguridad en cuanto a las personas, y que de inmediato daremos curso al trámite de una Ley que, cubrirá con la garantía del debido proceso la declaración de "estado peligroso". Esto, se comprende fácilmente, importa reavivar el interés, no por la defensa de los derechos individuales, que siempre estuvo viva en la conciencia nacional y que invariablemente fueron considerados, sino aún por el ejercicio de todo poder que pudiera dar lugar a la crítica.
Sabemos que ella es inevitable para las fuerzas disolventes de la democracia pero queremos que caigan al vacío, desprovistas de todo vestigio de verdad. Por lo demás no debe olvidarse que los derechos individuales tienen el límite del supremo bien público y que las medidas adoptadas en su momento procuraban precisamente evitar el brutal desconocimiento de los mismos por las fuerzas subversivas desenfrenadas.
Y, esperamos cuanto se estructure el régimen municipal, cuyas primeras reformas básicas iniciamos ya, comenzar la apertura auténticamente democrática, dando a las localidades la posibilidad de elegir a sus Intendentes dentro de un nuevo orden electoral. Lo demás, la presencia de los Partidos Tradicionales, que tanto anhelamos por el bien de todos, vendrá por gravedad con la tranquilización de la conciencia cívica. Pero reiteramos que más que de nosotros esa vuelta a la vida política plena depende de quienes, agazapados y engañando al pueblo , se oponen a ella con la falacia de defenderla. El comunismo, no lo olvidemos, nutre su voracidad de poder con la confianza que da la auténtica democracia.
Paso a paso, con firmeza inconmovible, vamos dejando atrás lo que fue una pesadilla, la misma que, lamentablemente, espera a otros pueblos todavía en la desaprensión, con buena fe. Será inútil que esas fuerzas disolventes nos sometan desde el exterior a una campaña de difamación, a un bombardeo de adjetivos ya gastados, como será inútil todo el esfuerzo de los que viviendo entre nosotros, esperan el momento de destruirnos. La línea del destino nacional no cambiará: digno de los forjadores de la Patria, dentro de la pequeñez de nuestra dimensión, sabremos entregar a los que nos sucedan un Uruguay grande, respetado libre y próspero. Y afirmo más: nuestras generaciones tendrán el privilegio de comenzar a vivir esa etapa del gran futuro que nos espera, como reales gestoras de la misma.