Las Fuerzas Armadas y el Consejo de la Nación me han designado para conducir el proceso de reconstrucción nacional en la etapa de su normalización institucional.
Como soldado y como ciudadano quedo obligado con la distinción de tal designación y asumo plenamente la responsabilidad que ella implica.
No es una novedad para nadie que las Fuerzas Armadas irrumpieron en la escena política del país -de la que se habían mantenido al margen- como consecuencia de acontecimientos gravísimos en los campos económico, político, social y de seguridad nacional cuyos resultados -de no haber sido evitados- habrían ensombrecido definitivamente la libertad de nuestra patria.
Luego de varios años de intensa lucha en medio de factores particularmente adversos, se han conquistado objetivos fundamentales.
El país funciona en paz y orden con respecto de los derechos básicos que hacen posible la convivencia.
La economía, perturbada en sus raíces por la situación de caos imperante en los años precedentes y afectada en forma permanente por errores acumulados a lo largo de décadas, ha comenzado a restablecerse, aunque con dificultades derivadas de coyunturas mundiales especialmente desfavorables.
En las relaciones internacionales comienza a obtenerse al fin comprensión para la situación por la que se ha atravesado, en un panorama obscurecido por tensiones y peligros mundiales y perturbado -en lo que refiere a nuestra patria- por la acción de pasiones y rencores engendrados durante el decenio trágico que culminó en los años setenta.
No es algo que necesite ser explicado que en los elementos adversos del panorama internacional que han debido enfrentar las autoridades, han jugado un papel principal los intereses estratégicos globales del comunismo y de sus aliados tácticos.
Hoy, al cabo de varios años de lucha, nos vemos abocados a la tarea de continuar la obra emprendida y de encauzarla, además en el marco de una institucionalidad normal y permanente.
Fieles a la promesa contraída con el pueblo uruguayo desde el primer momento de su irrupción en la escena política, las Fuerzas Armadas sometieron a su consulta en plebiscito un texto constitucional que procuraba obviar las dificultades y desviaciones que la aplicación del texto vigente había presentado, particularmente para hacer frente a situaciones críticas y para preservar adecuadamente la seguridad.
Sometido a plebiscito con todas las garantías del voto en las sociedades democráticas el texto propuesto fue rechazado.
Las Fuerzas Armadas han aceptado el resultado del voto popular, han expresado públicamente su propósito de elaborar las bases de la nueva institucionalidad, en consulta con integrantes de los partidos tradicionales.
Como primer paso en el camino de la normalización institucional, se han venido eliminando restricciones a la actuación pública de muchos ciudadanos y restablecido el pleno ejercicio de algunos derechos temporariamente limitados.
Como titular del Poder Ejecutivo, considero mi primer deber expresar que serán provistas todas las garantías necesarias para que el ejercicio de esos derechos continúe hasta el logro del objetivo de la total normalización institucional.
Hemos dicho antes y lo ratificamos ahora que procuraremos la felicidad del pueblo, el bienestar público o el bien común, esto es el logro del medio social propicio para que el hombre obtenga la realización de su destino, la conservación, desenvolvimiento y perfección de la persona humana, para la realización dentro de un orden social, de sus valores personales sobre un cimiento de libertad y democracia.
De otra forma, libertad y democracia serían conceptos huecos, sólo aprovechables por quienes empuñan banderas principistas sin saber por qué o por quienes las izan, o por los que explotan esos conceptos degenerándolos en su uso, contenido y finalidad, para buscar formas de gobierno y convivencia indignos de la condición humana.
Sin embargo, es preciso establecer que el bienestar público es una aspiración que constituye un permanente desafío de difícil satisfacción, dada la evolución de las comunicaciones, la ciencia y la tecnología, que provoca su continuo alejamiento por el surgimiento del fenómeno conocido como la "revolución de las expectativas o aspiraciones en crecimiento".
Sólo aspiro a que estas palabras sean escuchadas como provenientes de un gobernante que pretende prevenir errores y desviaciones, que la historia y la situación contemporánea nos enseñan.
Pero para lograr el fin anhelado, el Gobierno que hoy se inicia, será fiel custodia y garantía para que se cumplan los programas de institucionalidad anunciados recientemente por representantes del proceso y de las Fuerzas Armadas.
Garantía para que el proceso se cumpla sin tropiezo y sin detenciones.
Garantía para que el pueblo libremente pueda informarse, meditar y decidir sobre quiénes son los hombres que deben tener su representación dentro de los partidos políticos y del futuro Gobierno que se instalará en 1985.
Garantía para que los ciudadanos que tengan vocación y aspiraciones políticas, puedan en libertad y sin ventajas exponer sus ideas y mostrar sus aptitudes frente al juez soberano que es el pueblo.
Al formular estas afirmaciones, en las que están implícitos mi palabra como soldado y como ciudadano y el compromiso de honor de la totalidad de mis camaradas de las Fuerzas Armadas, creo necesario sin embargo hacer una advertencia sin cuya formulación no cumpliría totalmente con lo que me señala mi conciencia.
Nuestro país ha sufrido y en un pasado muy reciente las consecuencias de desbordes en el ejercicio de derechos que nadie niega; pero cuyo uso desatinado o irresponsable conduce al caos, a la alteración de las bases de la convivencia y a subvertir el orden y la fe en las instituciones y en sus hombres.
Al asumir la plena responsabilidad por las garantías que protegen a los derechos ciudadanos, íntimo a quienes las ejercen, una plena responsabilidad en su ejercicio.
Creo necesario, asimismo, aclarar que el restablecimiento pleno de los derechos ciudadanos y el ejercicio de la democracia representativa no implicará en ningún caso, la complacencia por la actuación de quienes deseen destruirla.
Ello significa el más firme rechazo a las prédicas, maniobras y subterfugios del marxismo-leninismo y de todo tipo de extremismos.
El credo de nuestra Patria es la libertad y su expresión más pura el Ideario Artiguista.
La mente de los hombres, el ámbito de sus convicciones íntimas son un sagrado inviolable, en el que no entrará nunca la autoridad del Estado.
Las Fuerzas Armadas han mantenido una firme y clara posición con respecto a la libertad, democracia, partidos políticos y restablecimiento de la institucionalidad.
Las Fuerzas Armadas en este entorno, cuidarán que la evolución político-institucional se desarrolle y consolide, operándose una transferencia en el ejercicio del poder hacia las instituciones genuinamente democráticas, que sean capases de continuar el proceso de reconstrucción nacional anteponiendo los intereses del país a los electorales y que impidan la penetración ideológica extranjera cualquiera sea su signo.
Continuarán invariablemente sujetas a los compromisos contraídos ante su pueblo y la historia, y avalarán la paz social, promoviendo e incentivando el desarrollo en seguridad acepción contemporánea de la paz.
La enseñanza oficial seguirá siendo escrupulosamente respetuosa de la conciencia de los educandos, sin más doctrina que la del amor a la patria, el culto de sus tradiciones y el respeto de sus credos.
Las ideologías totalitarias y las organizaciones que a ellas responden,
no tendrán, sin embargo, la posibilidad de utilizar las libertades para destruir, ni de utilizar la libertad de expresión y de cátedra, para el lavado de cerebros o para el adoctrinamiento liberticida.
En la consecución del objetivo de la plena normalización institucional, la tarea de preparación de una nueva Constitución, ocupa un lugar prioritario.
Las graves perturbaciones que sufrió el país en el pasado reciente y algunas carencias básicas de la Constitución vigente, han obligado a las Fuerzas Armadas y a las autoridades nacionales a moverse en los últimos años en el marco de normas de emergencia elaboradas sobre la marcha, dotadas de los errores de toda obra humana.
Dichas normas deben ser sustituidas por normas permanentes.
La falta de una institucionalidad adecuada sumada a la falibilidad humana, aumenta la posibilidad de errores y hasta de abusos en cualquier sociedad.
Nos inspira una vez más el pensamiento del fundador de nuestra nacionalidad en una circunstancia memorable:
"Estamos aún bajo la fe de los hombres y no aparecen las seguridades del contrato... Es muy veleidosa la probidad de los hombres, sólo el freno de la Constitución puede afirmarla"
La política exterior de la República se mantendrá dentro de sus lineamentos tradicionales, conocidos por la comunidad internacional desde hace ya mucho tiempo.
La soberanía nacional, el respeto a nuestra existencia como pueblo libre y único dueño de su destino, la paz en el marco del derecho, la amistad entre pueblos y gobiernos, la utilización de la cooperación en todas sus formas y la construcción de una comunidad internacional más justa y más perfecta, serán los objetivos permanentes de nuestra acción en este sector esencial de la conducción pública.
Para el logro de estos objetivos no tendremos que improvisar procedimientos.
Nuestras decisiones en el campo internacional se inspirarán en principios que provienen de nuestra historia y están identificados con nuestra nación.
Seremos celosos custodios de los vínculos diplomáticos tradicionales de República, así como de vocación internacionalista.
En el ámbito regional apoyaremos las medidas que tiendan a la concreción del anhelo de una mayor integración latinoamericana.
En materia de relaciones económicas internacionales, explotaremos todos los caminos que ayuden a la realización de los objetivos nacionales de desarrollo.
El Servicio Exterior de la República continuará adaptándose a la realidad del mundo y a las necesidades del país.
En particular le reclamaremos, -sin perjuicio de sus funciones permanentes como representante de los intereses del país y guardián atento de su imagen y presencia en la Comunidad Internacional-, su especial atención a las corrientes de comercio y a las posibilidades que puedan abrirse para el país en el ámbito económico, utilizando al máximo los medios y recursos existentes y buscando y sugiriendo los procedimientos que aconsejen las circunstancias.
En todo momento la actividad privada tendrá participación directa y fundamental en esta área de la actividad internacional, en la que, a la vez, habrá de comprometer su responsabilidad.
El servicio exterior será fortalecido mediante el apoyo del gobierno el que, a su vez, le demandará el más alto nivel de patriotismo, austeridad, eficiencia y audacia.
En materia económica es propósito del gobierno que me toca presidir, mantener la política que se ha venido aplicando con los ajustes coyunturales que sea menester introducirle.
De un modo particular, creo necesario afirmar que no habrá cambios ni aventuras en la política fiscal y monetaria.
Dentro de un panorama mundial caracterizado por la incertidumbre y
hasta por la angustia derivadas de la quiebra del Sistema Monetario internacional, panorama en el que no existen fórmulas totalmente satisfactorias para lograr la estabilidad monetaria, nuestro país, gracias a la seriedad y responsabilidad de su conducción económica, ha obtenido comparativamente un resultado excepcionalmente positivo.
En este campo, la gestión gubernativa se caracterizará por la moderación, la comprensión, y la prudencia, acordes a un realismo ineludible, consecuencia del tamaño y la vulnerabilidad de nuestra economía.
Quienes alienten -de buena o de mala fe- la esperanza de cambios espectaculares o prevean evoluciones catastróficas, serán totalmente defraudados en sus expectativas.
De un modo especial quienes alienten la expectativa de un abrupto salto de la devaluación cambiaria, deberán comprender que una medida semejante -que no solucionaría absolutamente nada en el campo real de la economía- operaría en el corto plazo una transferencia de recursos draconiana del sector trabajador hacia los sectores más fuertes.
La situación de reservas internacionales de la autoridad monetaria es excepcionalmente sólida.
El gobierno central ha culminado su gestión por dos años consecutivos sin déficit.
A pesar de la incidencia de aspectos altamente desfavorables, como la caída del precio de la carne y la crisis del petróleo, el Producto Bruto Nacional luego de décadas de estancamiento, ha comenzado a crecer.
Las autoridades, que se habían propuesto como meta darle al país una sólida base de reservas internacionales, se fijaron como un segundo objetivo, el de disminuir el ritmo inflacionario, como forma de lucha contra una enfermedad del aparato económico, que implica la forma más injusta y regresiva de redistribución del ingreso.
Nuestro país ha tenido tradicionalmente una razonable distribución del ingreso, aun comparada con países como los Estados Unidos, el Reino Unido o Alemania Federal.
En el comienzo de este proceso y como consecuencia de los ajustes introducidos para permitirnos salir del endémico estancamiento anterior, se produjo una concentración de ingresos en los sectores con una propensión a invertir y no a consumir, lo que llevó, temporalmente, a una distribución regresiva del mismo.
A partir de 1978, sin embargo y como consecuencia de la política cambiaria y arancelaria se ha venido revirtiendo la situación.
Como corolario del abatimiento de la inflación y de la eliminación del impuesto regresivo que la misma representa, el salario real ha iniciado en el año 1980, un proceso de recuperación que estamos seguros ha de mantener y será causa de nuestros afanes y desvelos.
En lo que tiene que ver con la mejoría de las condiciones del aparato productivo del país, es necesario destacar que es uno de los objetivos trazados al comienzo del proceso cívico-militar y no ha sido alcanzado en forma satisfactoria.
Nos referimos al consistente en la reducción del gasto público.
El volumen que el gasto público ocupa en el total del ingreso nacional, continúa siendo excesivo.
Como resultado del análisis preliminar del tema, puedo adelantar que será un objetivo prioritario del gobierno el logro de esta meta, sin cuya conquista pueden llegar a ser vanos todos los esfuerzos llevados a cabo hasta ahora para obtener la estabilización.
No puede omitirse una breve referencia al estado de la economía en el mundo, pues -como es natural- nuestro país no puede permanecer ajeno a lo que ocurre en las grandes áreas desarrolladas.
Durante el año 1979 y parte de 1980, los países industrializados respondieron al incremento del precio del petróleo con estrategias recesivas -a diferencia de lo que habían decidido en 1974-, cuando optaron por impulsar el crecimiento de sus economías a pesar del incremento del precio de la energía.
Esa situación, junto a la valorización del dólar de los Estados Unidos frente a otras monedas fuertes y el consecuente incremento de la tasa de interés, ha estimulado aún más la recesión prevista con las consecuentes secuelas de desocupación y aumento del proteccionismo.
La aplicación de la política económica en los últimos años, no ha sido fácil.
Ha habido ajustes de efectos dolorosos. Creo mi deber decirles a mis compatriotas que soy plenamente consciente de ello y que en mi gestión al frente del gobierno procuraré, mitigar o atenuar hasta donde sea posible dichos efectos, aunque creo serán cada vez menores, a medida que la economía en su conjunto se tonifique.
Tal tarea puede resultar difícil.
El Estado no puede favorecer a un sector determinado si no es a expensas de otro, y ese "otro", inevitablemente, o es el productor, o es el consumidor.
Cualquier medida aislada que se adopte para resolver un problema sectorial, puede comprometer la credibilidad de toda la política o sentar un precedente peligroso en lo que se refiere a la actuación de los grupos de presión.
De todos los sectores posiblemente afectados por la aplicación de los ajustes que se han venido efectuando en los últimos años, quiero mencionar particularmente a dos:
-El sector de los productores agropecuarios; y
-El sector de los inquilinos.
En cuanto a los primeros -el sector agropecuario-, quiero decirles que valoro plenamente la labor sacrificada que han llevado a cabo durante muchos años en situaciones a veces muy adversas en lo que tiene que ver con la coyuntura internacional o con la situación de los precios internos.
Como oriental, además, no puedo olvidar que nuestra tierra y los hombres que la trabajan están íntimamente consustanciados con el destino de nuestra Patria y con la custodia de sus tradiciones.
En lo que tiene que ver con la actual situación depresiva por la que atraviesa el sector, estimo que la misma se debe -aparte de coyunturas externas adversas de hace varios años y cuyos efectos llegan hasta hoy- a la forma necesariamente gradual como se han aplicado la totalidad de las medidas de ajuste.
La apertura en el sector financiero -indispensable para el abastecimiento de reservas internacionales- conllevó la existencia de un mercado de capitales con tasas de interés realista, que elevaron los costos de la producción.
Ninguna de las dificultades transitorias provenientes del campo real de la economía y de la forma como se han operado los ajustes para contemplar a otros sectores de la sociedad -también dignos de amparo y de respeto-, se subsana y por poco tiempo, con devaluaciones que sólo sacan dinero de los bolsillos flacos para engrosar aún más los de otros.
Además de las señaladas, es necesario asimismo establecer, que en el grado actual de endeudamiento del sector existe también una cuota de responsabilidad -cuya cuantía exacta no puedo medir yo-, en el propio sector involucrado y el sector que le ha servido de fuente de financiamiento.
Pero los graves problemas actuales que enfrenta la agropecuaria de endeudamiento y baja rentabilidad deben preocuparnos, más que por el deterioro presente que supone, por el fenómeno futuro e inminente de efecto a causa que desarrollara:
No se nos oculta su grave trascendencia, que de no solucionarse cabal, integral y coherentemente nos llevará -entre otras consecuencias emergentes- a violar nuestras caras aspiraciones en el sistema de tenencia de la tierra, para recorrer inexorablemente los estados de: -concentración de la propiedad- oligarquías con aspiraciones feudales-, reencarnación de las hoy superadas Repúblicas bananeras y, por fin, el epílogo ineludible y más o menos violento de su evolución al marxismo.
Es así que el gobierno, asume por mi intermedio la responsabilidad de encarar con el mayor detenimiento y comprensión los problemas del sector agropecuario, incluyendo la solución global y en profundidad de aspectos que hasta ahora no se han abordado suficientemente como, entre otros, los relativos a las situaciones arcaicas y monopólicas que prevalecen en la intermediación y comercialización de sus productos, a las deficiencias de información y de los servicios de infraestructura del agro, a medidas fiscales que alivien su situación y a la adaptación del sistema que regula la actividad bancaria.
Pero quiero significarle al mismo tiempo al sector y a todos los que se encuentran en situación similar, que el gobierno no puede -si desea actuar honestamente-, ni resolver los problemas de un sector a expensas de otro, ni asumir la parte de responsabilidad que corresponde estrictamente al sector privado por la gestión empresística, para lo cual se propenderá a una activa participación de éste en el forjamiento de todos los eslabones de la compleja cadena de la producción, para que por fin, se materialice la vieja aspiración del proceso de que las clases productivas que responden al interés nacional, sean dueñas de su propio destino.
En lo que tiene que ver con el sector de los inquilinos deseo expresar que también sus problemas serán objeto de una especial atención.
Pero estimo que también aquí resulta imprescindible remontarse a las causas reales de la situación para encontrar las pautas de una solución.
Durante décadas enteras la solución fue intentada mediante una legislación sobre alquileres que, procurando abatir el precio de este servicio básico, terminó estableciendo un mercado enrarecido en el que se produjeron toda clase de abusos , y que transformó a las relaciones entre propietarios e inquilinos en un campo de batalla.
Dicha legislación tuvo entre otras la peculiaridad de ser de emergencia y, no obstante , durar casi cuatro décadas.
Tuvo, además, una consecuencia económica importante: terminar prácticamente con la industria de la construcción, una industria básica, dinamizante de infinidadd de sectores productivos y ubicada en primera línea entre las generadoras de ocupación.
Aunque es evidente que los inquilinos no tuvieron la culpa de la forma equivocada en que se procuró tutelar sus intereses, considero imprescindible que comprendan que la solución definitiva a su problema sólo se logra de una sola manera: con más viviendas.
Para que haya más viviendas es necesario que haya interés en construirlas. Para que haya interés en construirlas es necesario que la
construcción de viviendas para habitación tenga un mínimo de rentabilidad.
Naturalmente, lo dicho precedentemente no quiere decir que el gobierno permanezca cruzado de brazos ante el problema.
La primera medida a adoptar consistirá en ubicar exactamente la dimensión del mismo dejando a un lado versiones interesadas alarmistas o inexactas.
La segunda, ubicar a los sectores que no pueden tener más que el amparo del Estado, y no el de sus propios recursos para solucionar su situación.
La tercera, apoyar las medidas en ejecución y la acción del Banco Hipotecario del Uruguay para colmar en el más breve lapso posible las necesidades existentes, especialmente para aquellos de menores recursos acuciados por la inminencia del lanzamiento.
Quiero reiterar que el Gobierno que me toca presidir a partir de hoy, estará caracterizado en todos sus actos por la prudencia, la comprensión y el diálogo, sin perjuicio de ser firme en los casos en que crea que debe serlo.
Al ofrecer comprensión y prudencia pide también a todos los sectores afectados prudencia y comprensión.
La sociedad es un todo coherente, una gran familia en la que todos encontrarán fácilmente su lugar si cada grupo tiene la sabiduría de comprender o respetar los problemas de los otros.
Los que defiendan los intereses de sectores tendrán que saber discernir el punto en que sus intereses entren en colisión con los de los demás.
El país vive la necesidad de transformar y desarrollar la industria, contando para ello con el factor humano de alto nivel cultural y por ende, la calidad del valor agregado nacional.
Será tarea del gobierno orientar y apoyar esa transformación industrial que beneficiará al país entero.
Los sectores con competitividad internacional y en general la industria altamente eficiente tendrán su oportunidad dentro del marco de la política económica antes delinead, con la convicción plena que mucho podemos esperar en materia de reconversión productiva, y en la aplicación por el empresariado de sistemas de costo de producción y de técnicas adecuadas de planifición y mejoramiento de los procesos de fabricación .
Al efecto, el Gobierno evaluará permanentemente, con alto sentido realista, las políticas a seguir para asegurar la continuidad del crecimiento industrial.
En el campo laboral es propósito del Gobierno lograr la normalización de la situación del sector mediante el restablecimiento de la igualdad de las partes en el diálogo social.
Gravísimas circunstancias, conocidas por todos, llevaron a la clausura de la mayoría de las entidades gremiales existentes, las que se habían transformado en instrumento de desestabilización social y de destrucción de la economía del país, siguiendo consignas y directivas de potencias extranjeras y de partidos internacionales.
La falta de presencia de las entidades gremiales de trabajadores, impuesta por las circunstancias, dio lugar en los hechos a un desequilibrio en el campo laboral, en lo que tiene que ver con la actuación de los grandes sectores con intereses eventualmente contrapuestos.
Las comisiones paritarias, fórmula de emergencia y de transición, no han dado los resultados esperados y a fin de tutelar los interese del sector del trabajador, el Poder Ejecutivo ha intervenido a lo largo del proceso fijando, en forma periódica, el nivel de los salarios mínimos.
Reanudando el diálogo social sobre las bases normales, esperamos que la negociación directa entre las partes sustituya gradualmente la acción tutelar del Estado.
El cuidadoso estudio y la aprobación, por parte del Consejo de Estado, de la Ley de Asociaciones de Profesionales, ha significado, sin duda, paso importante en el logro del objetivo de la normalización de las relaciones obrero-patronales.
Es propósito del Gobierno, tratar de obtener una normalización total en dichas relaciones.
A tales efectos nos proponemos poner en fucinamiento a la mayor brevedad, la ley recientemente sancionada, reglamentándola.
En cuanto al derecho de huelgam estimamos que es preciso de una vez por todas, cumplir con el claro mandato constitucional de reglamentarlo.
Si bien en una sociedad democrática es un derecho que podrá suprimirsej por ser la salvaguarda última de los débiles frente al mayor poder efectivo de los fuertes, estimamos que debe ser regulado como cualquier otro derecho, por la simple razón de que en una sociedad civilizada, organizada conforme a los dictados de la razón, no puede haber ningún derecho ilimitado o arrastraste.
Es nuestro propósito atender a los requerimientos de toda la sociedad y de sus grupos o sectores integrantes, de modo tal que la paz y la armonía sea la regla y el conflicto potencial o actual, la excepción.
Dentro del marco de este principio nos proponemos encarar la regalasen del derecho de huelga, de modo tal que le mismo sea el último recurso, una vez agotadas todas las fórmulas de la conciliación y la concordia entre las partes.
En materia de la juventud,la educación y la cultura, cabe decir que hemos comenzado a salir de la situación anárquica y caótica que vivió el país hasta el comienzo de la década de los años setenta.
El daño provocado en este sector por los graves acontecimientos que vivió nuestra patria y sus largas secuelas en el tiempo, ha sido quizá el mayor de todos los registrados.
El daño ha sido además particularmente crítico, por ser este un campo en el que le país ha puesto sus mayores esperanzas.
Un sector en el que se invierte una de las partes proporcionales más altas de los recursos del Estado, un sector por último, en el que los logros obtenidos han llegado a formar parte de la imagen que el país tiene de sí mismo y proyecta al exterior, parte de su herencia cultural y de su fisonomía como nación.
Se ha procurado, en los primeros momentos de este proceso, echar a andar de nuevo el servicio de la enseñanza oficial, luego de años de interrupciones que lo llevaron al borde de la paralizasen.
Se ha procurado, además; modernizar los sistemas y planes, ponerlos al día, atacarlas a las exigencias del país dentro de un mundo dinámico y en continuo proceso de evolución tecnológica y científica.
Creo que en la consecución de este segundo objetivo nos encontramos apenas en los comienzos.
Las limitaciones de tipo administrativo y económico nos han puesto frente a una realidad sumamente dura, cuyo perfil total estamos empezando a percibir, luego que salimos de la etapa de las urgencias y de las metas mínimas.
He impuesto a las autoridades salientes y a los titularas actuales de los servicios continuar con el relevamiento integral de los problemas de la enseñanza en todos los campos -desde el técnico hasta el económico- y a todos los niveles.
Hasta no tener los resultados de ese relevamiento no se podrán plantear en forma responsable las soluciones adecuadas a los problemas existentes, entre los que se encuentran varios que son lógica y saludable causa de inquietud en la ciudadanía.
Puedo adelantar, sin embargo, que será preocupación de mi gobierno garantizar la más absoluta y total libertad de cátedra y de enseñanza dentro del marco político general que esbocé al comienzo.
Asimismo, será preocupación fundamental el preservar el legado histórico de la tradición educativa y cultural de nuestra patria. De un modo especial el cuidar por todos los medios el valiosísimo capital humano que la educación contribuye permanentemente a crear, mediante tanto sacrificio y con tan grandes esperanzas.
En la enseñanza, nuestra atención se focalizará sobre el educando, a fin de que, complementando la acción familiar, el sistema eductivo asegure la formación integral de niños y jóvenes, futuro próximo e insustituible de nuestra patria. Para cumplir con este objetivo prioritario, se pondrá énfasis en la permanente adecuación de los programas de estudio, de manera de acompasar los conocimientos impartidos a la incesante evolución del saber.
Los planes de estudio apuntarán a dar cumplimiento al objetivo de instrucción correspondiente a cada nivel, teniendo siempre en cuenta la formación integral del educando y, por lo tanto, abarcando también los planos espiritual y moral.
A nivel medio se procurará fortalecer una enseñanza destinada a preparar al educando para su acceso a diferentes campos de actividad, para su directo ingreso al ámbito laboral o para la continuación de estudios a nivel superior.
Se pondrá énfasis en la idoneidad del cuerpo de profesores, se será exigente en su ingreso a la carrera docente y se procurará luego su perfeccionamiento y su amplia dedicación a su labor.
Para facilitar el acceso de la juventud al campo laboral, se fomentará su capacitación mediante carreras tecnológicas de corta duración, ya sea en las instituciones de enseñanza media o superior actualmente existentes, o mediante la creación de un instituto politécnico especializado.
En nivel superior, la Universidad de la República ocupa un sitial singular en el quehacer de nuestro país. Ella es responsable de la formación de profesionales, especialistas en distintas ramas del saber, conscientes de su trascendente papel en la sociedad.
Para dar cabal cumplimiento a sus cometidos en el desarrollo del país, la Universidad merecerá nuestra preferente atención. Deberá estar presente en todas las actividades nacionales en las que se requiera su valioso acervo académico, científico y técnico.
Para cumplir con esta misión, se incentivará la investigación científica, el desarrollo de la tecnología, la participación en proyectos de interés nacional, la asistencia en el área de la salud y en el campo jurídico, el asesoramiento en materia agropecuario, industrial y en otros innumerables y trascendentes campos de actividad.
En definitiva, la Universidad tendrá que ser dotada de un marco jurídico apropiado, en el que se pueda fundamentar su acción vigorizante sobre la sociedad, sin desvincularse de ella y de sus legítimos anhelos.
Puedo adelantar, por último, que procuraré de un modo especial poner la Universidad al servicio directo y permanente de la República, sin infiltraciones ideológicas foráneas; de un modo que sus hombres, sus aulas, sus talleres, sus laboratorios, todos sus medios en suma, sirvan a la vez al propósito de la docencia -la formación de los hombres del mañana- y al propósito del servicio:
-La ayuda a los hombres del presente; de tal modo que pueda ostentar con orgullo su carácter de Universidad de la República y no ser en vez, como en el triste pasado, la República de la Universidad.
En el ámbito cultural, se fomentarán las expresiones artísticas y literarias. Se buscará recuperar el estudio auditorio del SODRE, e incentivar la educación artística mediante escuelas especializadas.
Es cumpliendo un elemental deber de conciencia que me referiré a la existencia de menores abandonados en nuestro país.
En este campo, procuraré dar inmediata repuesta a una justa exigencia en cuyos términos coinciden los técnicos y la opinión pública.
Siempre ha preocupado al uruguayo -cualquiera sea el nivel en que actúa- la suerte de sus niños. Pero tanto se han contemplado las exigencias científicas, como se ha sofisticado la legislación como anhelo de seguridad y garantía , que la solución al problema ha quedado entrampada: y hoy, cientos, miles de niños abandonados se encuentran bien cuidados, bien alimentados, adecuadamente instruidos, pero con su presente y futuro afectivo y psíquico peligrosamente comprometido.
Entre las exigencias y limitaciones de la ciencia y la legislación me inclino porque nuestros niños tengan cariño.
Me refiero a la situación de los internados en el Consejo del Niño, en los sectores de primera y segunda infancia.
Considero prioritaria la solución de este angustioso problema e impartiré las directivas adecuadas para que los pupilos del Consejo, en las edades ya señaladas y cuando revistan - a juicio de sus autoridades- la condición de abandonados, sean entregados en colocación familiar como régimen sustitutivo, todos los casos del actual de internación.
Además, veré que se adopten las providencias necesarias para fomentar,
facilitar y estimular la más rápida legitimación adoptiva de los menores abandonados, aunque para ello sea necesario limitar drásticamente los derechos de patria potestad.
En lo que refiere a la administración de justicia, superados los gravísimos problemas que motivaron el Acto Institucional N° 8, es firme propósito del gobierno el de rever y replantear en profundidad el problema de la organización del Poder Judicial.
Las metas, en esta tarea, serán las de asegurar la plena independencia del ejercicio de la función jurisdiccional, tanto en lo técnico como en lo económico.
Al mismo tiempo, procuraré que se establezcan normas precisas para asegurar que la designación, el traslado, el ascenso y la sanción de los magistrados se efectúe sin otra finalidad que la del mejor servicio.
El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justica se limitará a prestar el apoyo administrativo indispensable para el más eficaz desempeño de la función jurisdiccional, sin rozar en lo mínimo la independencia de los jueces. Así, pues abrigo la íntima convicción de que la adminsistración de justicia, sólidamente asentada sobre estas bases, se convertirá en legítimo motivo de orgullo para la República.
En materia de salud procuraremos consolidar, rescatar, ordenar y administrar lo mucho que se ha hecho en el país, en los últimos años.
Asegurar y velar por la salud de la población, es uno de los objetivos del Estado, buscando el bienestar individual y colectivo, como uno de los factores de desarrollo socioeconómicos; logro que no sólo compromete a la gestión del gobierno, sino también a al comunidad que debe tomar activa participación en su consecución.
El Ministerio de Salud Pública es el organismo rector de la salud, facultad que será ejercida a través de la normatización, supervisión y contralor de todo el sector, de manera que todo habitante del país tenga acceso a un sistema de salud que satisfaga sus necesidades básicas en forma oportuna y eficiente.
Se pondrá principal atención a la coordinación de programas y procedimientos, a fin de evitar duplicación de esfuerzos y superposición de acciones que minimizan los resultados que deberían obtenerse, racionalizando los recursos volcados al sector, de manera de obtener el máximo benéfico en aras del interés nacional.
Se establecerán prioridades dentro de la policía de la salud poniendo énfasis en los grupos humanos de mayor vulnerabilidad y repercusión socioeconómica.
En el campo de la energía es necesario enfrentar otro formidable desafío. De todos los países de América Latina -aún comparando con cualquiera de los considerados en vías de desarrollo- es el Uruguay uno de los más afectados por la crisis del petróleo.
No es necesario recordar que el suministro energético constituye un real punto de estrangulamiento para nuestro país, como para cualquiera de los países del mundo.
Considero, no obstante, que el desafío energético es mucho más un desafío para la inteligencia de los pueblos y para su capacidad de organización, que para sus recursos económicos.
Nuestra patria ha demostrado, a través de la actuación de sus hombres en todos los campos de la ciencia de la técnica, que posee recursos humanos suficientes para enfrentar el desafío.
Se ha podido apreciar, además que posee recursos alternativos potenciales, que pueden llegar a ser utilizados en situaciones de emergencia,
Las medidas adoptadas al respecto y las buenas relaciones con países
productores de petróleo, entre lo que se encuentran países de la región, nos permiten encarar este problema con serenidad y confianza.
En lo que refiere a las obras públicas, se seguirá una política de inversiones significativas para le sector.
Ello por el efecto de la inversión pública en la redistribución de la renta nacional, por el efecto multiplicador de dicha inversión y porque la obra pública es la base infraestructural para el desarrollo nacional.
En lo inmediato en este campo y como más importante, se concluirán las obras de ruta 8 y se realizarán los accesos a Montevideo por rutas 1 y 5.
Se destaca, además, por su significación la finalización - después de 40 años de paralizasen- del puente ferroviario sobre el río Negro continuando la vía férrea a partir del kilómetro 329 afín de asegurar para el futuro la integración económica y social al país de los territorios enmarcados por los ríos Negro, Tacuarembó y arroyo San Luis, cuyo potencial significa el 8% de toda la extensión del Uruguay.
En materia de obras viales, se dará preferente y masiva atención a los caminos de penetración en zonas rurales -a los que desde ahora, por hacer justicia a los pioneros de nuestra producción agraria y por el efecto que se busca llamaremos de integración -como complemento necesario de una red primario que ya satisface en forma básica las necesidades del transporte para lo cual se programará el empleo coordinado de los recursos económicos y viales de todo el país.
Será también propósito del gobierno terminar de corregir las graves deficiencias que presente el país en materia de comunicaciones.
Aunque las autoridades nacionales y en particular los titularas de UTE y ANTEL, han desplegado en los últimos años ímproba labor -silenciosa y poco conocida- para reorganizar los servicios y mejorar su eficiencia, el deterioro técnico de las instalaciones -debido a obsolecencia como a descuidos y omisiones que se arrastraron durante décadas- es tan grande que será necesario extremar esfuerzos a fin de conseguir equipar el país de el nivel de servicios que necesita para continuar con posibilidades de éxito y desarrollo sostenido.