El Comisionado Parlamentario presentó un informe sobre el incendio ocurrido en el Módulo 4 de la Unidad Nº 4 del Instituto Nacional de Rehabilitación el 9 de diciembre pasado en el que hubo cuatro muertos, donde señala la importancia de que el Estado asuma su “responsabilidad jurídica ante carencias estructurales crónicas persistentes en el tiempo”.
 

El viernes 23, ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados que estudia la Rendición de Cuentas 2021, el Comisionado Parlamentario planteó que el presupuesto asignado por las autoridades del Poder Ejecutivo debía aumentarse un 20% para atender el aumento de la población penitenciaria –que fue del 12% entre 2021 y 2022–, la inflación y el hecho de que un tercio de la población penitenciaria no tiene acceso al derecho al tratamiento.

“Reducir el hacinamiento, priorizar las medidas alternativas, priorizar las medidas sociales y educativas no privativas de libertad para las mujeres por delitos no violentos, investigar fehacientemente las muertes en prisión e impulsar el Plan de Combate a la Reincidencia y en favor de la Rehabilitación formulado por la Oficina del Comisionado Parlamentario”.