Ingresó a la Comisión de Transporte de la Cámara de Representantes un proyecto de ley por el que se regula el funcionamiento del transporte público en relación con plataformas virtuales de servicios.
La iniciativa, que lleva la firma del diputado por Canelones Adrián Peña, consta de dos partes.
En la primera se explicitan los principios generales a los que debe sujetarse la regulación del transporte público, sin perjuicio de la autonomía que las intendencias municipales tienen para fijar las regulaciones técnicas pertinentes.
El primero de dichos principios es el de la primacía del interés general por el que se considera beneficioso la ampliación de la variedad de ofertas a los ciudadanos.
El segundo es el de subsidiariedad por el que la regulación pública tiene que estar fundada en la necesidad de subsanar vacíos en cuanto a las garantías e información que las partes interesadas requieren.
El tercer principio es el de la equidad tributaria, que consiste en que todas las opciones de transporte gocen de un tratamiento equivalente en materia tributaria.
La segunda parte del proyecto contiene una serie de disposiciones destinadas a regular el funcionamiento de las plataformas virtuales que brindan servicios a las partes intervinientes.
Según se establece, las empresas que administren propuestas de esta naturaleza tendrán la obligación de colaborar con la DGI y el BPS en la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias y previsionales de aquellas personas, físicas o jurídicas, a las que presta servicios, debiendo suministrar toda información que sea requerida,
También se establece que las empresas que administren plataformas virtuales para servicios de transporte, así como a aquellas instituciones financieras que eventualmente intervengan en transacciones asociadas al servicio de transporte retengan la porción correspondiente a los tributos y aportes previsionales generados.
Se crea además el Registro Electrónico de Plataformas Virtuales de Servicios de Transporte a cargo del MTOP, el que tendrá por objeto hacer accesible a todos los ciudadanos la información requerida.