XI Espacio de Innovación Penitenciaria
Con el objetivo de modificar la situación actual del sistema penitenciario uruguayo se desarrolló esta jornada, en la sala Acuña de Figueroa del edificio anexo al Palacio Legislativo, el XI Espacio de Innovación Penitenciaria denominado: “Hacia una agenda común para las cárceles”.
La apertura estuvo a cargo del Presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler y del Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit. Petit señaló que “…impulsamos instancias de diálogo, reflexión y análisis de la realidad penitenciaria, ya que buscar nuevos caminos para las políticas públicas es también cumplir con nuestro mandato legal de promoción de los derechos”.
A lo largo del día se expusieron distintas temáticas divididas en cuatro paneles desarrollados por especialistas: ¿Una cárcel o una guardería gigante? (Educación, rehabilitación y responsabilidad social); ¿Cuándo llegan las políticas sociales? (Ciudadanía y privación de libertad); ¿Cada uno por su lado o nuevos modelos de articulación? (Políticas públicas basadas en derechos humanos) y ¿Qué tan justa es la justicia? (Acceso a la Justicia, defensa y libertades).
Luego de finalizada la actuación de los paneles la jornada concluyó con una declaración final y la lectura de la siguiente declaración pública:
En Montevideo, a los 11 días del mes de diciembre de 2019, en el marco del XI Espacio de Innovación Penitenciaria, convocado por la Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario, Nada Crece a la Sombra, Fundación FESUR y Universidad Claeh, y con el patrocinio de diversas instituciones públicas y de la sociedad civil, los abajo firmantes, personas interesadas en el desarrollo de políticas públicas humanistas, no punitivistas, de integración social y basadas en la perspectiva de derechos humanos para la privación de libertad, hemos coincidido que:
Teniendo en cuenta que la Declaración Universal de Derechos Humanos señala el acceso a una vida digna como uno de los derechos fundamentales de toda persona.
Atendiendo que la Constitución de la República señala que “en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”.
Tomando nota que las Reglas Mandela, normas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el voto y la activa participación de Uruguay señalan que las personas privadas de libertad “deben ser tratadas con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto que seres humanos” y que el tiempo de cárcel debe ser aprovechado para lograr “la reinserción de los ex reclusos en la sociedad tras su puesta en libertad, de modo que puedan vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo”.
Asumiendo que esas mismas Reglas Mandela señalan que “las administraciones penitenciarias y otras autoridades competentes deberán ofrecer educación, formación profesional y trabajo, así como otras formas de asistencia apropiadas y disponibles, incluídas las de carácter recuperativo, moral, espiritual y social y las basadas en la salud y el deporte”, y que asimismo “el régimen penitenciario procurará reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad que tiendan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a su dignidad como ser humano”.
Teniendo presente que el Uruguay ha venido implementando una positiva reforma penitenciaria, pero que la misma todavía requiere nuevos avances, inversiones y desarrollos para consolidar los logros alcanzados y superar sus materias pendientes.
Aceptando que la política penitenciaria es parte de la política social y que está es columna central del compromiso de nuestra República de que todos sus habitantes tengan una vida digna y plena, en armonía con los demás y lejos de la violencia.
Creyendo que la conformación de una política pública basada en la perspectiva de derechos humanos requiere de un amplio consenso de actores institucionales y de la sociedad civil, de manera que sea posible articular el empuje de diversos y plurales protagonistas con mandato y vocación en el tema.
Concordamos expresar públicamente, como aporte para el fomento de líneas de trabajo humanistas, generadoras de ciudadanía e impulsoras de integración social, que es necesario que las políticas públicas destinadas a la privación de libertad tengan presente los siguientes ejes temáticos y áreas de intervención, con recursos humanos, logísticos y programáticos acordes a los desafíos actuales y por venir, reforzando lo ya existente o cubriendo las necesidades faltantes, de manera que la ejecución penal no se limite a lo asegurativo sino que sea una oportunidad de disminución de la violencia social, de desarrollo humano y de integración social.
Atención de las adicciones.
Atención integral de la salud mental.
Historas clínicas electrónicas.
Relevamiento, generación de información de calidad y censos de la situación sociosanitaria en las cárceles.
Incorporación plena de ASSE.
Asistencia social integral y preventiva a las familias.
Micro unidades y sistemas alternativos para mujeres privadas de libertad con hijos a su cargo.
Cuidado y apoyo de los niños/niñas con padre o referente preso.
Avance de la gestión técnica de las cárceles, siendo la ejecución penal un instrumento para un fin educativo, donde lo asegurativo es un medio para esa meta.
Especialización de unidades femeninas y de mujeres con hijos a su cargo.
Espacios amigables para visitas de niños y familias.
Unidades o sub unidades penitenciarias pequeñas, manejables y personalizadas.
Capacitación gerencial penitenciaria.
Presencia de sociedad civil mediante fondos concursables y convenios.
Equipos técnicos multidisciplinarios.
Ámbitos de confianza para la realización de solicitudes, proyectos y denuncias de las personas privadas de libertad.
Disminución de la población penitenciaria mediante programas de medidas alternativas y comunitarias de ejecución penal, como parte de un modelo político criminal que tenga a la cárcel como “última ratio” y no como medida masiva y simbólico ejemplarizante.
Justicia terapéutica para adictos que cometen delitos.
Pleno acceso a la justicia y al derecho a la defensa de las personas privadas de libertad.
Mecanismos de información a los internos sobre el proceso penal, su causa y el mecanismo de redención de pena, y mecanismos ágiles para planteos y recursos.
Avance en la investigación de los diversos delitos intracarcelarios que ocurran.
Incorporación de elementos tecnológicos educativos.
Educación no formal como desarrollo de habilidades sociales y vocacionales.
Adecuación de los programas de educación formal a las necesidades de los internos.
Escuelas de oficios.
Acceso a información de calidad de las personas privadas de libertad.
Presencia abundante de actividades socioeducativas como sostén de la convivencia.
Respuesta de la demanda educativa existente y promoción de una cobertura educativa más amplia.
Acceso amplio a la cultura y al deporte.
Integración socio laboral con políticas post penitenciarias y programas de pre egreso.
Conexión de los servicios penitenciarios con los servicios sociales externos (salud, educación, cultura, deporte).
Regulación y plena regularización de las actividades laborales, en el marco de los derechos laborales vigentes y las normas especiales que pudieran legislarse
Se hicieron presentes en el evento representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; empresas; sindicatos; sociedad civil y universidades públicas y privadas.