El representante refirió su exposición a los decretos del mes de junio del Poder Ejecutivo que ponen en riesgo un importante número de puestos de trabajo. El decreto 192 del año en curso, baja el arancel por un plazo de 6 meses (hasta el 20 de diciembre), de los aceites de soja, maíz y girasol, provenientes de Argentina, pasando del 16 al 8%. Baja también, el arancel -sin plazo- de las harinas de trigo provenientes de ese país, del 12 al 6%.
Continuó explicando que , por otra parte, el decreto 193 (en su artículo 2) elimina de la lista de excepción al arancel externo común Mercosur, por un plazo de 6 meses, que tributará con tasa global, arancelaria y extrazona cero. Este decreto también hace la misma modificación para los aceites de soja, maíz y girasol, provenientes de otros países fuera del Mercosur por un plazo de 6 meses.
El artículo 4° establece que pasado el plazo de los 6 meses se eliminará de la lista de excepciones.
Según el legislador, estas medidas conforman parte del paquete anunciado por el Gobierno el 17 de mayo pasado, para mitigar el impacto sobre precios según se anunció en la Torre Ejecutiva.
Los decretos 192 y 193 del 2022, recogen en el considerando, que el aumento de precios de la canasta básica es consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que comenzó en febrero del presente año.
Estos cambios en la reducción arancelaria (y en particular en lo establecido en el decreto 192, con plazo de 6 meses para los aceites pero sin plazo para la harina de trigo proveniente de Argentina, productos que se producen y procesan en nuestro país), ha despertado críticas y profunda preocupación de los empresarios de al menos 9 empresas y cooperativas molineras y aceiteras, como Molino San José, Molino Santa Fe, Río Uruguay, cooperativa de trabajadores del Molino Santa Rosa y del Molino Florida, Molino Carmelo, Molino Dolores, Molino Cañuelas y Couza.
Hay más de 400 trabajadores involucrados y también se ha manifestado el PIT-CNT sobre el tema, que como primera medida presentaron una acción de amparo a la que no se le dio lugar, expuso el diputado Larzábal.
En lo informado por Opypa (Oficina de Programación y Política Agropecuaria), se observa que no se toman en cuenta los costos reales de Argentina y las diferencias en el tipo de cambio oficial y alternativo, además que responde a la realidad de empresas de punta y no a las del promedio de la industria, lo que pone en un contexto desfavorable a la mediana escala, afectando su viabilidad financiera y el destino de sus trabajadores entre otros.
Con fecha 18 de agosto, la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, recibió a Foemya (Federación de Obreros y Empleados Molineros y Afines) y a la Unión de Trabajadores Aceiteros, quienes hicieron estos planteos y manifestaron su preocupación sobre las harinas importadas que no tienen el mismo control riguroso de calidad que la harina nacional, existiendo antecedentes de presencia de toxina “Don” del hongo Fusarium.
Se supone, acotó el representante, que con estas medidas tomadas en una situación coyuntural, iba a generar una rebaja en los precios de venta al público de esta mercadería, pero según los últimos indicadores de INE, no se notó que estas medidas hayan tenido un impacto positivo en el bolsillo del consumidor, porque no bajó la inflación, pero sí un impacto negativo en la competitividad que de mantenerse estas medidas va a tener mayor profundidad ya que puede tener consecuencias muy importantes en la pérdida de fuentes de trabajo para las empresas involucradas.
Finalmente solicitó, “por lo dicho, solicito al Poder Ejecutivo dejar sin efecto los decretos 192 y 193 del año 2022, pues no cumplieron con el objetivo anunciado y se pone en riesgo a la industria y al trabajo nacional”, concluyó el representante.