El representante se refirió a la filtración de documentación secreta del Senado de la República, fundamentando su opinión leyendo el artículo 5 de la ley orgánica de la fiscalía:
"Los fiscales gozarán de independencia técnica en el ejercicio de sus funciones, la que consiste en el derecho a no recibir órdenes, ni recomendaciones de parte de ningún jerarca de la institución, ni autoridad ajena a la misma; para proceder de una determinada manera en cada caso concreto.”
Prosiguió diciendo que, escuchó expresiones de las más altas jerarquías de la fiscalía general estableciendo que no existiría responsabilidad penal por el periodista que difundió la información mencionada.
El diputado considera que la labor del periodista tiene varias facetas, algunas que pueden ser consideradas -o no- inocuas y otras en las cuales puede haber responsabilidad penal.
Comentó que el caso está siendo sometido a un fiscal de Montevideo que depende de las jerarquías superiores de la fiscalía. Refiriéndose al artículo anterior, aclara que un fiscal no puede ser influenciado, pero cuando su jerarca se expresa en los medios de prensa para avalar una u otra posición jurídica, está haciendo recomendaciones.
El representante destacó que, la difusión de noticias que afectan la seguridad del país en el tema de la lucha contra delitos, es un caso de relevancia y delicadeza inusual en el país, y menciona también que, los artículos 197 y 198 de la Constitución de la República, dan al Poder Ejecutivo la facultad de tomar medidas en caso de que la jerarquía de corte no haya hecho las cosas de acuerdo al artículo referido, en este caso constituye una violación de la independencia técnica de los fiscales.
Para finalizar agregó que: “los alegatos de las altas jerarquías de la fiscalía se están contrariando con criterios anteriores de la fiscalía, como por ejemplo, en el caso de otros periodistas los cuales recibieron órdenes de allanamiento incluso en sus lugares de trabajo”.