El representante del Partido Frente Amplio, en su tiempo hizo alusión a la sequía o déficit hídrico que afecta ya por 4° año consecutivo a nuestro país y que va sumando problemas a todo el sector agropecuario y en especial a los productores familiares, a los pequeños, que presentan problemas para mantener viva su unidad productiva de la cual dependen para vivir.
En esta sequía actual, que estaba anunciada desde los meses de invierno pasado, desde el gobierno nacional no se tomaron las medidas necesarias, tampoco se previno como era de esperar, explicó el diputado, y estamos a esta altura en una catástrofe nacional.
Como expuso Larzábal, en octubre del 2022 se declaró la emergencia agropecuaria, las medidas de apoyo a los productores fueron los créditos, para que el productor hiciera lo que creía mejor, pero los primeros desembolsos recién se hicieron a fines de enero cuando prácticamente ya no había solución.
Las propuestas que fueron haciendo las organizaciones de productores, las mesas de desarrollo rural, y al ministro directamente desde enero, sumadas a las que nosotros como Frente Amplio hicimos, explicó el representante, no fueron tomadas en cuenta en su mayoría y recién ahora se comienzan a instrumentar algunas de ellas cuando los cultivos se han secado, los animales han perdido peso y están empezando a morir y muchas vacas no han quedado preñadas por la falta de pasto y de agua de calidad.
Ya no hay disponibilidad de forraje ni de raciones en plaza, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca anuncia medidas, pero se tarda mucho en su concreción, los créditos gestados en octubre y noviembre de 2022 por los productores, recién comenzaron a otorgarse a fines de enero, otros en febrero y primeros días de marzo, “la cosa va muy lenta”, explicó el diputado. El productor que recibe el dinero ya no tiene dónde comprar el alimento porque no hay, o el costo es tan alto que no pueden acceder. Tampoco hay buena disponibilidad de semillas para verdeos .
Recién se van a firmar los convenios con las intendencias para transferir algo de dinero ($1.700.000 pesos) a cada una desde el fondo de emergencia agropecuaria. Algunas intendencias están haciendo lo que pueden, pero el dinero del fondo de emergencia lo tiene el Ministerio de Economía y finanzas o el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Por otro lado, medidas como la votada la semana anterior sobre la postergación del cuatrimestre del BPS vencido en enero, es totalmente insuficiente, ya que ningún productor va a recomponer su situación económica en el corto plazo, así que no va a estar en condiciones para pagar el cuatrimestre que vence en mayo, ni el que vence en setiembre, menos aún para pagar una cuota y un tercio del vencimiento de enero, explicó Larzábal.
“Tarde e insuficientes son las medidas del gobierno, cuando estamos a las puertas del invierno con incertidumbre total tendrán que pagar, esto no es ninguna ayuda”, acotó el diputado. “Que tomen el préstamo del Banco República microfinanzas y con él paguen el BPS y como éste tiene un año de gracia y después se paga en cuotas, es como si se hubiera pospuesto el vencimiento un año” les dijo el ministro a los productores que estaban en San Jacinto el 25 de enero. El ministro se ve que no conoce lo que es un productor familiar, meterse en un crédito para pagar el BPS es un suicidio. De una medida que puede favorecer a todos se pasa a una que solo la podrán tomar unos pocos.
Según explicó Larzábal, el ministro dijo que se estaban estudiando otras medidas, pero siempre de atrás y además la mayoría son créditos y corrimientos de pagos que el productor deberá pagar.
Como comentó el legislador, hay datos de mortandad de animales en Tacuarembó, se necesitan medidas ya, es necesario generar herramientas de subsidios como apoyo a las medidas ya existentes y poner foco en la producción familiar para mantener vivo el funcionamiento de los sistemas productivos y contener a las familias rurales más afectadas, aplicando medidas diferenciales pero compensando sus sistemas productivos sin incrementar sus pasivos.
Por último, el representante destacó la importancia de generar un ámbito de diálogo sobre el uso del agua entre el Ministerio de Ambiente, el MGAP, las intendencias y quienes correspondan, y acelerar su accionar para poner medidas a mediano y largo plazo que no afecten el ambiente y se transformen en políticas de estado que no sea desechada por el siguiente gobierno.