El Comisionado Parlamentario Juan Miguel Petit señaló que el proyecto de ley de “Prisión domiciliaria” a estudio de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados es un “paso positivo, una norma correcta” y que pese a tener una redacción compleja y tres años de tramitación “da una señal en favor de formas más eficientes y humanas de sanción penal en casos específicos de vulnerabilidad de las personas, ya sea por causas excepcionales como por situaciones vitales como el embarazo, la edad avanzada o los problemas serios de salud”.
Al comparecer el miércoles 17 en la Comisión, y opinar sobre el texto que ya fue aprobado por el Senado, el funcionario parlamentario historió: “Este proceso legislativo se inició con un proyecto de prisión domiciliaria que por diversos factores se veía muy influenciada por la referencia a un grupo particular de penados, aquellos presos por delitos durante la dictadura. Desde nuestra Oficina nos opusimos a ese proyecto y recomendamos que fuera archivado porque quería que las situaciones fueran resueltas de oficio, de manera casi automático con el cumplimiento de la causal etaria, lo que no era adecuado con nuestra normativa y lógica democrática del proceso acusatorio, donde las dos partes deben ser escuchadas en casi todo y el juez debe resolver. Luego se elaboró un nuevo proyecto e hicimos un nuevo informe que tuvo un consenso muy amplio. Si bien el texto que llega a Diputados no era el que presentamos, conserva el mismo espíritu. Eso es, que ahora estamos ante una norma general sobre prisión domiciliaria, no va dirigida a ninguna situación en particular o grupo de situaciones e incluye varias novedades en el sentido de acotar el exceso de punitivismo y permitir mecanismos humanitarios cuando la prisión de vuelve totalmente indigna o contraproducente por la vulnerabilidad que sufre la persona presa”.
En el diálogo con los legisladores, el Comisionado dijo que son muchas las personas que deberían tener una pena no privativa de libertad más allá de los casos de salud o edad avanzada. “Penar con cárcel delitos que no son de gran entidad, genera que tengamos un sistema infinanciable y que no puede dar tratamiento. Un 40% de las personas presas tiene penas de menos de 2 años y un 20% penas menores al año, en números redondos, lo que muestra que si tuviéramos un sistema de sanción penal potente, con redes de seguimiento comunitarias, con control y asistencia social, tendríamos menos hacinamiento y por lo tanto mejores posibilidad de rehabilitar y controlar a los casos de delitos más graves”, señaló.
La norma, de ser aprobada, permite la prisión domiciliaria, tanto durante la aplicación de prisión preventiva, como cuando la persona sea condenada, en diversas situaciones de vulnerabilidad de la persona sometida a sanción penal: cuando existan circunstancias familiares o especiales que hicieran perjudicial la internación en prisión, el embarazo desde el quinto mes, graves problemas de salud, los 65 años de edad, una enfermedad incurable en período terminal, grave discapacidad incompatible con la vida en prisión, cuando sea una madre que está amamantando, durante la lactancia activa y hasta los dos años de edad del lactante, cuando se trate de una madre a cargo de un niño menor de cinco años o de una madre a cargo de un niño mayor de cinco años que padeciera problemas de salud o no tuviera otra persona que se hiciera cargo de él, o cuando fuera una persona en situación de discapacidad y no tuviera otra persona que se hiciera cargo de él.
El funcionario parlamentario dijo que una importante innovación es que “aquí nace la prisión domiciliaria asistida”, que se prevé que esa forma de sanción penal “debe ser asistida por los servicios penitenciario y sociales correspondientes que aseguren la finalidad reeducativa y socializadora de la pena”.
Según el Comisionado las normas actuales de hecho permiten muchas de las soluciones humanitarias que se establecen en la nueva norma, evitando que personas con trastornos graves o enfermedades terminales mueran en la cárcel, pero destacó que la nueva normativa es una “señal jurídica y cultural” en el sentido de atender situaciones de especial vulnerabilidad, que van desde el embarazo, situaciones familiares y sociales excepcionales, la enfermedad, los trastornos de salud mental y la edad avanzada. “Tenemos menos de una persona con medidas alternativas, que también son penas, son restricciones a la libertad, por cada persona presa. Deberíamos tener menos personas presas y más personas con medidas hoy llamadas alternativas, para tener más seguridad y más tratamiento. Como ha pasado en algunos países, algún día la pena alternativa será la cárcel y al revés como ocurre ahora, que nos sale muy caro en todo sentido”.