JUAN MIGUEL PETIT (2015-... )
Nació en 1957, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, ha trabajado en políticas sociales y en periodismo.
Director del Consejo del Niño e Instituto Nacional del Menor (actual INAU) (1985-90), Gerente Técnico del Centro Nacional de Rehabilitación (2001-2005), Relator Especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2001-2007), Asesor en Derechos Humanos de Naciones Unidas (2007-2015). Consultor de la Organización Internacional para las Migraciones sobre trata de personas y explotación sexual comercial. Fue cronista del semanario Opinar (1980-83), Redactor Responsable del semanario Jaque (1983-85), editor del semanario Tres (1996-2001), periodista y conductor en radio El Espectador y el diario El País (2001-2007).
Ha publicado artículos en medios especializados sobre diversos aspectos de las políticas sociales para la infancia, la prevención social de la violencia y la reforma penitenciaria. Como Relator Especial de derechos humanos condujo 9 misiones de visita a diversos países.
Recibió, junto a otros colegas, el Premio Vladimir Herzog de Amnistía otorgado por la Orden de Abogados de Brasil y Derechos Humanos y el Rey de España otorgado por la Agencia Efe y la Agencia de cooperación Española por la denuncia de la muerte por torturas en una unidad militar en 1983 del médico uruguayo Vladimir Roslik.
DR. ALVARO GARCÉ GARCÍA Y SANTOS (2005-2014)
Dr. Alvaro Garcé García y Santos nació en Montevideo el 07/VIII/1967, es abogado y docente Grado III de la Universidad de la República.
Ex Director General del Registro de Estado Civil, Garcé García y Santos ejerció el periodismo y, desde 1998 en adelante, se desempeñó como Defensor de Oficio en lo Penal.
Es autor de más de una decena de publicaciones referidas a los derechos humanos. Accedió a la función pública en 1993, cuando, por concurso, fue nombrado Inspector del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Ante la Comisión Especial encargada del proceso de selección del candidato a Comisionado, señaló como primera tarea la cooperación en el descongestionamiento de las prisiones y definió cuatro áreas de trabajo: institucional (actualización de la ley penitenciaria, sanción de una Ley Orgánica de la Defensa Pública y creación del Instituto Nacional de Rehabilitación), impulso a programas de educación formal y no formal, promoción de la salud y disminución del ocio de los reclusos.