El viernes 8 de julio se cumplieron 6 años del incendio en la cárcel de Rocha que cobró la vida de 12 personas. El Comisionado Parlamentario Juan Miguel Petit, recibió a familiares de los fallecidos. Durante la reunión se conversó sobre la importancia de tener en el departamento de Rocha un memorial sobre lo ocurrido, de manera de testimoniar la necesidad de tener un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos donde las carencias del estado no sean una causa de mayor violencia o muerte.
Ese mismo día se realizó una concentración a las 20 horas en la Plaza Libertad, recordando a los fallecidos y reclamando una respuesta del Estado. Durante la misma se leyó una carta abierta de los familiares que a continuación reproducimos:
CARTA ABIERTA DE LOS FAMILIARES DE LOS FALLECIDOS EN LA CÁRCEL DE ROCHA
¿Cuántos años ha pasado nuestra sociedad comentando que las cárceles uruguayas son una bomba de tiempo?
La madrugada del jueves 8 de Julio del 2010, parece haber explotado una en la cara de la sociedad uruguaya y dejó, tras las cenizas del incendio, la vida trunca de 12 personas. La mayoría de ellos jóvenes, provenientes de familias humildes, que habían caído por cometer delitos contra la propiedad; igual a la mayoría de las personas que están presas hoy. Pero les pasó a ellos, en una cárcel que fue construida en el siglo XIX como regimiento de caballería, y que en condiciones infrahumanas en 2010 recluía a 174 personas donde se suponía que no debería haber más de 60.
La noche del incendio los muchachos no desarmaron una de las resistencias que, para paliar el frío, habían construido con un ladrillo refractario y un par de alambres.
En el 2012, a solicitud de la Fiscalía, el caso se archivó sin que la jueza atribuyera responsabilidades. Sabemos que la tragedia se podría haber evitado si se respetasen los derechos humanos de todos. El Estado no cumplió con su mandato legal: no garantizó ni custodió la vida de todos, al contrario, mató a 12, arruinó a ocho, y dejó una grieta de secuelas inabarcables de dolores.
Seis años después, convencidos de que no puede haber muertos de primera y de segunda, nos juntamos a recordar y pedir justicia. También reclamamos una simbólica indemnización en la causa civil. Porque aunque nadie ni nada traerá de vuelta a nuestros muertos, si será un reconocimiento de la responsabilidad que compete.
Estamos convencidos de que así como se dio y se da el proceso penal, se garantiza la impunidad en muchísimos casos: la investigación y atribución de las responsabilidades en hechos de esta naturaleza no puede quedar en manos de un solo funcionario del Ministerio Público sin que exista la posibilidad de control de la decisión de archivar una causa al menos por parte de las víctimas.
El incendio fue un triste accidente, pero no es casual que haya sucedido en una cárcel. Los contextos de encierro, donde prima los elementos de seguridad antes que los de educación, donde las condiciones de vida y sanitarias son malas y todavía existen tasas de sobrepoblación, son lugares propicios para que sucedan estas cosas.
Y por si fuera poco, de nada han servido para mejorar la seguridad, ni para garantizar oportunidades reales de inserción para las personas privadas de libertad. Es necesario que el sistema político se haga cargo. Para que no vuelva a suceder nada como esto, pero también para encontrar soluciones serias a problemas serios.
¿Por qué seguimos apostando a soluciones viejas con pocos resultados?
Estamos convencidos de que más cárcel no es la solución. Aumentar las penas de nada ha servido para mejorar la seguridad ciudadana. Nos hemos transformado en el país con más presos per capita de América del Sur y no hemos logrado reducir el número de delitos.
Tampoco han servido para asegurar a las personas privadas de libertad oportunidades reales y herramientas que permitan su inserción social. Cómo lograr esto en lugares terribles, que habitualmente violan los derechos humanos.
Esto no significa que no haya sanciones, pero sí que hay otros caminos posibles. Que se pueden construir soluciones que sean más útiles y beneficiosas para todos. Las medidas alternativas muestran ser más eficaces para evitar la reincidencia y brindan mejores oportunidades para quienes las transitan. Es necesario generar más medidas socioeducativas, más penas en la comunidad, más justicia restaurativa, más políticas de egreso.
La privación de libertad debe ser siempre el último recurso.
Debemos buscar nuevas formas de resolver los conflictos. No se puede combatir la violencia con más violencia. Es necesario generar respuesta que apuesten al diálogo y a la convivencia, sólo así podremos tener una sociedad justa y segura. Es necesario generar políticas que garanticen oportunidades reales, que garanticen una integración real, a la vez que generar políticas que reparen a las víctimas.
No existen palabras para expresar el dolor. Las palabras nunca bastan para describir ni el amor, ni la rabia y la impotencia. Pero en estos momentos, es necesario también preguntarse por qué estas cosas suceden y qué caminos son posibles.
Es necesario encontrar soluciones reales. Sólo así no volverán a pasar estos hechos terribles. Porque hasta ahora, seguimos apagando incendios con nafta.
Recordemos a:
Matías Barrios Sosa
Mario Fernando Martínez Maidana
Edison Javier Núñez Casuriaga
José María Pereira Pereira
Raúl Alejandro Gómez Recalde
Delio Alegre
Ariel Fernando Cardozo Velázquez
Jorge Luis Roda Acosta
Antonio Joaquín Cardoso Silvera
Julio César Da Silva Pereira
Luis Alfredo Bustelo López
Alejandro Adolfo Rodríguez Cabral
Actuemos para que su muerte no sea en vano.