Integrantes de los despachos legislativos de todos los partidos se reunieron con la Oficina del Comisionado Parlamentario para interiorizarse de las tareas de monitoreo del sistema penitenciario que se realiza desde ese ámbito.
El jueves 5 en la sala Alba Roballo del edificio anexo del Parlamento, se realizó una reunión donde la Oficina del Comisionado Parlamentario presentó, a los equipos de asesores y secretarios de los legisladores de todas las bancadas, el plan de trabajo de esa oficina de monitoreo de derechos humanos y las prioridades para el año en curso. De la reunión también participaron algunos legisladores o suplentes de representantes nacionales.
La reunión fue abierta por la Senadora Ivonne Passada, presidenta de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema Carcelario, quien subrayó “la importancia de que llegue buena información a todos los legisladores sobre la realidad penitenciaria”. También habló Pablo Sciarra, coordinador de la Escuela de Gobierno del Poder Legislativo, quien enmarcó la actividad en los esfuerzos que se hacen para “informar y capacitar a los equipos técnicos y cuadros parlamentarios”.
El Comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit dijo que: “Somos una oficina parlamentaria de monitoreo de derechos humanos y si bien existe una Comisión especializada a la cual referimos nuestros informes, es bueno que todas las bancadas conozcan en vivo y en directo lo que hacemos, somos un servicio para todos y queremos que sientan que la Oficina también es de todos los legisladores. Y los equipos técnicos y de asesoramiento de los legisladores son una excelente conexión para la tarea. Hay mucho para hacer y todos los aportes son bienvenidos”.
En el encuentro, que según se conversó al final se repetirá periódicamente para mantener informados a los equipos de trabajo de los legisladores, se analizó la situación del sistema penitenciario, las mejoras ocurridas en los últimos años y los temas que se entiende están todavía pendientes de solución. También hubo intercambios de preguntas y se analizaron los cambios generados por el nuevo Código del Proceso Penal, el avance de la nueva cárcel bajo modalidad de inversión público –privada, la Unidad No. 1 de Punta de Rieles, la actitud de la opinión pública ante las noticias sobre delitos y los cambios culturales necesarios para que las políticas penitenciarias sean vistas por toda la población como una necesaria herramienta para prevenir la violencia. Sobre la mesa también estuvo la necesidad de contar con buenas estadísticas penitenciarias y que las mismas se difundan para la implementación de políticas públicas.