“Si los mecanismos institucionales funcionan adecuadamente, antes de fin de año deberían verse mejoras en la alimentación del COMCAR. Una oportunidad de atender una deuda institucional de décadas, allí está uno de cada tres presos del país”. Así resume el Comisionado Parlamentario el panorama que abre la sentencia de habeas corpus dispuesta por la la Juez de Ejecución y Vigilancia de 4º Turno, Viviana Galletto el pasado jueves 23, luego del recurso presentado por la Oficina parlamentaria.
El recurso se fundó en múltiples observaciones y recomendaciones hechas por el Comisionado a partir de sus recorridas y las de su Oficina, pero muy especialmente en base a dos informes de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República, con quien mantiene un acuerdo de trabajo.
Ahora, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación tienen 60 días para presentar el “Plan de mejoras en el proceso de gestión de la alimentación en la Unidad No. 4 COMCAR”, debiendo también iniciar la implementación del plan en un plazo no mayor a 120 días, remitiendo luego informes trimestrales a la sede judicial para verificar su cumplimiento.
El requerido “plan de mejoras” incluye 20 puntos, que refieren tanto a la cantidad como la calidad de los alimentos, la infraestructura de producción y almacenaje, la logística de la distribución en el centro carcelario, la capacitación de los internos que hace la tarea, la provisión de equipos de trabajo y la adecuación de todo el proceso a las normas bromatológicas vigentes.
Sobre los recursos necesarios para implementar las reformas, la demanda del Comisionado apuntó que se requieren aportes que van más allá del propio INR: “Parece claro que para atender las demandas de una creciente población penitenciaria, son necesarios recursos externos al presupuesto del Instituto Nacional de Rehabilitación, ya sean ellos provenientes del Ministerio del Interior o de partidas extraordinarias de urgencia que puede derivar el propio Ministerio de Economía, ante las solicitudes que se realicen para dar cumplimiento a las medidas que acá se proponen. Debe subrayarse que El INR es parte de la persona jurídica Poder Ejecutivo, así que la falta de fondos debería ser eventualmente resuelta por línea jerárquica, sin olvidarse que el Ministerio de Economía tiene normas que le habilita fondos para urgencias y refuerzos, que en este caso refieren a una situación estructural aunque inaceptable, pero que ante el crecimiento demográfico penitenciario configura un nuevo escenario de emergencia dada la volatilidad y fragilidad de la situación”.