En su presentación ante la Comisión de Presupuesto del Senado, el Comisionado Parlamentario señaló que la población penitenciaria creció en 2020 a un ritmo de 14,4% y sigue en aumento, por lo que se requiere “un Instituto Nacional de Rehabilitación robusto, con fuerte capacidad técnica y capaz de elaborar líneas de acción para el futuro”.
El Comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit, actuando en su rol de asesor del Parlamento, recalcó ante la Comisión del Senado que estudia la Ley de Presupuesto que “la situación carcelaria sigue siendo compleja, problemática y explosiva”, por lo que requiere una política pública sólida y basada en la articulación de varios organismos de política social.
El funcionario recomendó que no se eliminen cargos técnicos del Instituto Nacional de Rehabilitación (como propuesto en el art. 134 del texto legal propuesto) y que no se derogue, como establece el art. 133 propuesto, la transformación de cargos que quedan vacantes en el escalafón L (policial) en cargos para personal del escalafón penitenciario civil, lo que también implicaría pérdida de refuerzos de recursos humanos especializados en la atención penitenciaria.
El Coimisionado destacó positivamente la creación de cargos policiales para el sistema penitencario en el INR, pero señaló que “no crear también cargos técnicos, educativos e incluso gerenciales, implica un desequilibrio en los dos pilares de la intervención penitenciaria, la custodia y lo educativo, ya que sin contenido educativo la mera custodia es inviable”.
El Comisionado propuso, con textos que adjuntó a la Comisión, que la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), asuma de manera paulatina la cobertura integral del sistema de salud penitenciaria, que todavía en buena parte es cubierto por Sanidad Policial, “lo que genera muchas ineficiencias, descoordinaciones y mal uso de los recursos”, dijo el funcionario. Petit dijo que era una muy buena noticia el énfasis puesto en el área de Salud Mental en el texto presupuestal a estudio parlamentario, esperando “que ese esfuerzo presupuestal, técnico y programático llegue al sistema carcelario, donde hay una población fuertemente aquejada por la adicción y los problemas de salud mental”.
El Comisionado señaló una caída de los rubros para inversiones y de un 20% de disminución en el rubro de gastos de funcionamiento, elementos que recomendó fueran cambiados ya que, entre otras cosas, la población penitenciaria sigue creciendo de manera sostenida en todo el país y los recursos existentes a la fecha ya eran muy acotados.
Como propuesta para mejorar la gestión sin recurrir a nuevos recursos presupuestales, el Comisionado planteó crear una Comisión Operativa Asistencia, presidida por el Instituto Nacional de Rehabilitación e integrada por todos los organismos públicos que vuelcan recursos —educativos, sanitarios, de capacitación— al sistema penitenciario, de manera de ordenar y coordinar los recursos que se necesitan y los que cada organismo puede aportar a lo largo del año. “El Instituto Nacional de Rehabilitación no debe ser un organismo mendicante sino un agente sólido y potente de políticas educativas y de rehabilitación, para eso debe poder planificar anualmente con los recursos que cuenta dialogando y ordenando la gestión con todos los organismos que le vuelcan recursos humanos y asistenciales, el CODICEN, ASSE, INEFOOP, la Universidad, entre otros. Tener una instancia bianual donde necesidades y gastos sean analizadas y planificadas en base a datos concretos, metas y nuevas actividades, es imprescindible para una gestión moderna y una planificación basada en resultados”.
Como marco para enfrentar la “alarma sonando” que son los datos del crecimiento poblacional creciente y necesidades ineludibles para bajar la reincidencia, el Comisionado recalcó que la Ley de Urgente Consideración establece que se debe diseñar una “estrategia nacional penitenciaria”. “Debemos atender ese artículo, pues una estrategia nacional penitenciaria, basada en un encuadre técnico multidisciplinario y con la pluralidad de actores involucrados, donde la política penitenciaria se integre a la política social y sea una plataforma eficaz contra la violencia y en favor de crear ciudadanía, puede ser la base para un plan de gestión a corto mediano y largo plazo que nos permita llegar a un sistema penitenciario en sintonía con el siglo XXI y la perspectiva de derechos humanos” dijo el funcionario.