¿Qué hacer con el sistema penitenciario? ¿Se puede hacer algo?
“Tenemos un sistema penitenciario gigante, desproporcionado, débil en su intervención técnica, con enorme reincidencia, violento y explosivo. Pese a los grandes esfuerzos que hacen la mayoría de sus funcionarios, la realidad los superar, pues es un problema de política pública que involucra a los tres poderes del Estado. ¿Qué hacemos ante este macroproblema? Aquí va nuestro aporte”. Así definió el Comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit a la prensa el contenido del “Plan de combate a la reincidencia y en favor de la rehabilitación, basado en una perspectiva de género y de derechos humanos” que presentó esta semana al Parlamento y a diversas autoridades y organismos, entre ellas al Ministerio del Interior, Instituto Nacional de Rehabilitación, a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y Ministerio de Desarrollo Social. El funcionario se reunió con el Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, con el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas y con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Tabaré Sosa y viene dialogando con legisladores de todas las bancadas, presentándose en estos días ante la Comisión Bicameral de Seguimiento Carcelario. También se reunirá con las comisiones de salud y derechos humanos que tiene el Parlamento.
Según el Comisionado el “plan” se inspira en la evidencia y programas realizados en otros países, que tenían sistemas penitenciarios gigantes e ineficientes y buscaron una alternativa a la millonaria e inabordable construcción de más cárceles.
El plan propuesto se base en cuatro pilares: fortalecer el sistema de medidas alternativas y la Oficina de Libertad Asistida, reforzar la gestión de la Dirección Nacional del Liberado pasándola al ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, aumentar significativamente la presencia de ASSE en las cárceles con tratamiento de adicciones y salud mental y proceder a la reestructura del Instituto Nacional de Rehabilitación aumentando su capacidad técnica para hacer realidad el “derecho al tratamiento de todas las personas”.
“Las medidas alternativas, hechas de manera sólida, permiten atender los delitos leves y las personas que no son de riesgo penal, evitando que se agrave su situación en la cárcel con penas cortas que son solo simbólicas pero que generan más delitos. La presencia de ASSE, en todas las cárceles, con salud mental y tratamiento de adicciones, es tan ineludible como urgente, si queremos hacer frente en serio al delito, a las drogas y a la exclusión social. Y el trabajo post penitenciario, que es la clave para bajar la reincidencia, requiere de un herramientas de política social que no cumple la Dirección Nacional del Liberado, que casi no tiene presencia en buena parte del país, por lo que creemos debe ser asumida por la cartera especializada justamente en eso, en lo social, o sea el Ministerio de Desarrollo Social”, dijo el comisionado de cárceles.
Uruguay tiene actualmente unos 13.880 presos y va rumbo a tener 14.000 personas privadas de libertad, un récord histórico. La población carcelaria ha vuelto a crecer vigorosamente en los últimos 4 años, pese a lo cual no han aumentado los recursos técnicos, de vigilancia o logísticos para asegurar el derecho al tratamiento, base constitucional de la justicia penal y la convivencia. El aumento poblacional fue de un 10% en los últimos 12 meses. El hacinamiento es crítico, ya que si bien se han instalado nuevos cupos o camas, no se trata de “plazas” adecuadamente planificadas o diseñadas, requiriéndose nuevos espacios para evitar una convivencia inadecuada. En Uruguay hay 390 personas presas cada 100.000 habitantes, una cifra que supera largamente a todos los países de América del Sur y Europa, por encima incluso de países de alta prisionización como Brasil (que ahora tiene 381) o Rusia (327).