En la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, que analiza la Ley de Presupuesto 2020-2025, el Comisionado Parlamentario planteo hoy, jueves 17 de setiembre, varios artículos para aumentar la presencia y eficacia de las políticas sociales en el sistema carcelario. “Es un aporte para que las políticas sociales entren en la cárcel como si fuera un barrio más” dijo el funcionario.
Al analizar el texto presupuestal para el período 2020-2015, el Comisionado Parlamentario propuso, llevando a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el texto de 4 nuevos artículos que no implican costo alguno: que ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado) cubra toda la población penitenciaria como establece la ley del Servicio Nacional Integrado de Salud, que el Sistema Nacional de Educación con liderazgo del Ministerio de Educación lleve adelante un Plan Nacional de Educación en Cárceles articulando los aportes que hoy hacen varios organismos educativos y que una Comisión de Seguimiento Asistencial, presidida por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) reciba y coordine todos los años la información sobre los aportes que múltiples organismos sociales hacen al sistema carcelario. El artículo propuesto señala que esa información sea luego enviada a la Comisión Bicameral de Cárceles del Parlamento y al propio Comisionado.
Sobre esta Comisión de Seguimiento Asistencial el comisionado dijo: “El INR tiene una enorme tarea por delante. El Plan de Dignidad Carcelaria presentado por las autoridades es un marco programático muy positivo. Teniendo en cuenta que las acciones educativas, de capacitación profesional, culturales y sanitarias, provienen de múltiples organismos que se despliegan dentro de las cárceles, es fundamental tener una instancia de coordinación, para que el INR pueda expresar y coordinar los recursos que necesitan y las acciones que se van a desarrollar. La idea es que el intercambio de información y el diálogo entre las partes, va a permitir mejorar y aumentar la presencia de las políticas sociales dentro de las cárceles”.
El Comisionado también planteó que no se suprimieran cargos técnicos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que se crearan tanto cargos policiales como educativos (operadores penitenciarios) y técnicos y que no se disminuyeran las gastos de inversión y funcionamiento del INR, “teniendo en cuenta que actualmente hay carencias y que la población penitenciaria crece a un ritmo de 11,9% anual, muy por encima del crecimiento de la población general”.
El Comisionado también comentó el rol de la cárcel en la sociedad: “No hay mejor política de seguridad pública que la inversión en primera infancia. Pero mientras tanto, mientas tenemos un sistema penitenciario gigante, el paradigma es un sistema que sea como un barrio más de nuestra sociedad, donde la convivencia sea un terreno rico en oportunidades, lleno de posiblidades de educación, cultura, trabajo, familia, deporte, porque es la humanización lo que baja la violencia”.