Convocado por la Comisión Especial del Senado que estudia la Ley de Urgente Consideración, el Comisionado Parlamentario señaló su preocupación por varias normas propuestas que entendió negativas para la rehabilitación y aumentar la reincidencia, planteando varias alternativas a los artículos presentados.
El comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, que presentó un documento en carácter de Informe Especial a la Asamblea General, indicó que: "Buena parte del planteo implica un aumento de penas, reformas procesales que acotan posibilidades liberatorias, achicamiento del sistema de redención de penas, de soluciones de justicia restaurativa o de medidas alternativas, pareciendo soluciones pensadas para casos de gravedad conductual que son minoritarias y que son habitualmente contenidos por las normas vigentes, pero que de aprobarse las modificaciones de esos temas significarán un aumento injustificado de la población penitenciaria lo que a corto plazo es contraproducente para la propia seguridad pública y la rehabilitación según nuestro entender y lo que creemos indican las mejores prácticas internacionales".
En el documento, que también rechazó el aumento de las penas para adolescentes, presentado sostuvo: "Prueba evidente de que no tenemos un sistema penitenciario blando o una política criminal etérea, es que tenemos uno de los sistemas penitenciarios más poblados del mundo y triste líder en la materia en América Latina. El desafío, creemos, es justamente como lograr que ese sistema no sea una causa de criminalidad sino su freno y su plataforma de transformación, en todos los casos posibles, de integración social". También recomendó a los legisladores tener especial cuidado "en no cambiar normas sin fundamento empírico que indique que ese cambio es necesario y cuya modificación puede, al incrementar de manera ineficiente la población penal, volverse mucho más parte del problema que de la solución para los desafíos que enfrentamos para garantizar la vida de todas las personas".
El funcionario propuso descartar muchos artículos, cambiar otros y también formuló varias propuestas, como incluir la responsabilidad del Estado por sus omisiones dentro del sistema penitenciario, básicamente ausencias de programas de tratamiento y acciones sociodeducativas, de manera de ser civilmente responsable, con el consiguiente resarcimiento de las víctimas, por las muertes, lesiones y enfermedades invalidantes que genera esa ausencia de la acción estatal. "La omisión del Estado uruguayo cumplir con el mandato constitucional de tener cárceles aptas para la profilaxis del delito y la re educación, es generador de delitos y daños en las personas. Muchas de las muertes, heridas graves, deterioros en la salud general y salud mental de los internos privados de libertad, se deben a que en parte significativa del sistema no existen los mínimos y básicos programas de asistencia social capaces de al menos atemperar las carencias y problemas con que los procesados y condenados llegan a las cárceles. Esa responsabilidad del Estado casi nunca es activada debido a la propia vulnerabilidad de las víctimas de su inacción: personas en exclusión social, sin familias, sin acceso a un juicio de resarcimiento, sin siquiera conocimiento que ese daño que padecieron en la cárcel ellos o sus familiares –agravamiento de su salud, aumento o inicio del consumo de drogas, heridas graves e invalidantes, deterioro psicológico e incluso la muerte a manos de terceros– puede y debe ser resarcido por el responsable último de la salvaguardia de esas vidas: el Estado".