Tragedia en COMCAR
En la madrugada del miércoles 13, en un incidente en el Módulo 3 de la Unidad Nº 4 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), donde hubo agresiones con cortes carcelarios y fuego, dos jóvenes internos resultaron muertos y cinco heridos graves. El Comisionado recorrió el lugar y apuntó al diseño de la Estrategia Nacional Penitenciaria que ordenó la Ley de Urgente Consideración al Estado para lograr un sistema de rehabilitación.
El Comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit, al salir del COMCAR, dijo a la prensa que si bien no era momento de hacer declaraciones grandilocuentes ante una tragedia, tampoco se podía dejar el hecho sin reflexiones ya que sería naturalizar la violencia. El Comisionado comentó que: “Ocurrido el enfrentamiento, con cortes y con uso de fuego, luego que un grupo de internos lograr salir de su celda, los funcionarios de guardia, que sabemos que son muy pocos, actuaron inmediatamente, incluso rescatando a varios de los heridos que estaban en la celda atacada, donde había siete personas. Los felicité personalmente. El Módulo 3 es de los lugares que tienen hacinamiento hace tiempo, hay unos 580 internos para 380 cupos, lo que hace imposible tener actividades de rehabilitación, eso provoca celdas con 6, 7 u 8 personas, a lo que se suman malas condiciones edilicias. En el lugar, el INR viene trabajando desde hace meses y se lograron mejoras importantes, se pusieron camas que no había, colchones que faltaban, agua y luz se fueron reponiendo, pero el problema es estructural, supera las capacidades de los funcionarios del lugar, de la unidad y diría del propio Ministerio, ya que un sistema de rehabilitación requiere una intervención interinstitucional”.
Según el Comisionado: “Cuando no hay condiciones normales de convivencia, explota la violencia, y explota por cualquier motivo, y llega a extremos impactantes. Filtrar la violencia es el cometido de la rehabilitación. Tenemos un tercio del sistema en condiciones de vida inhumanas o degradantes, se hicieron y se están haciendo esfuerzos para revertirlo, pero además de enfrentar la emergencia, lo urgente que se ve a simple vista, es imprescindible diseñar una política pública para lograr un sistema que prevenga mejor la violencia y tenga más rehabilitación”.
El Comisionado dijo que se sentía parte del sistema, con un rol específico de monitoreo, denuncia y promoción de los derechos humanos, y que era autocrítico: “Siento que no estamos convenciendo a la opinión pública y a muchos decisores sobre la importancia estratégica para la paz social, de invertir más y de intervenir más en el sistema penitenciario, la de hoy es la expresión extrema de la violencia, pero hay otras formas menos visibles que llegan a todos los rincones y esquinas de los barrios todos los días”.
Un camino posible, según el Comisionado, es atender lo ordenado por el artículo 87 de la aprobada Ley de Urgente Consideración. “La ley de Urgente Consideración establece que el Estado debe tener una estrategia nacional penitenciaria, o sea: una política pública. Esto puede implicar muchas cosas, muchas innovaciones, muchos acuerdos entre los actores institucionales para lograr mejores cosas. Hay muchas pistas posibles para evitar el hacinamiento que impide la rehabilitación. Hay que construir nuevos edificios, pero también construir un nuevo sistema de medidas alternativas, sólido, rehabilitador, creíble por los operadores judiciales y la opinión pública. Desde nuestra Oficina trataremos de aportar para que en 2021 se inicie el diseño de esa Estrategia Nacional Penitenciaria, somos un actor más, sin soluciones mágicas, con muchas más preguntas que respuestas, pero con el compromiso en los derechos humanos que une a todas las contrapartes del tema”.