En sesión de la comisión especializada, el jueves 4 de mayo Comisionado pidió que se declare “emergencia penitenciaria” para atender urgentemente la situación de los espacios con condiciones de reclusión contrarias a la dignidad humana, facilitando el urgente despliegue de recursos y programas.
El jueves 4 ante la Comisión Bicameral de Seguimiento Carcelario, el Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit, presentó a los legisladores una perspectiva de la situación de las prisiones diciendo que: “Ni nuestro Estado ni nosotros como actores institucionales podemos tener la conciencia tranquila de que nuestras políticas penitenciarias están haciendo todo lo posible para evitar nuevos delitos y bajar la violencia, cuidando la vida de todos los integrantes de la sociedad. Las muy malas condiciones carcelarias de hoy son la fuente de muchos de los delitos de mañana. No habrá seguridad pública sólida sin un sistema penitenciario técnico, rehabilitador y con recursos. Con cárceles sin rehabilitación estamos creando nuestros propios demonios y comprometiendo nuestro desarrollo humano”.
El funcionario parlamentario presentó un relevamiento realizado por su Oficina que indicó que pese a que las “Reglas Mandela” señalan que debe existir un mínimo de una hora diaria de patio al aire libre, el 56% de los privados de libertad en Uruguay no accede a ese mínimo imprescindible para su salud y socialización.
En la presentación, el responsable del monitoreo penitenciario dijo que hay elementos alentadores, como el funcionamiento del Consejo de Política Criminal, la hoja de ruta planteada por la mesa interpartidaria sobre seguridad pública que incluye un plan estratégico penitenciario y programas de tratamiento, el nuevo rol que juega el Ministerio de Desarrollo Social, la inauguración de la cárcel de Tacuarembó y varias obras que se han anunciado, el nuevo impulso dado a las medidas de libertad asistida y el intenso diálogo institucional con varios organismos ejecutivos, con intendencias municipales y organizaciones de sociedad civil. Pese a eso dijo que: “Son muy preocupantes y en algunos casos constituyen casos extremos de muy malas condiciones de convivencia y de nula rehabilitación, las realidades de varios espacios o unidades del sistema penitenciario, con cuadros de privación de libertad sin acceso a estándares mínimos de derechos humanos y oportunidades socioeducativas elementales”. Entre otros, señaló muy malas condiciones en la cárcel de Canelones y en especial en su módulo 2, en la cárcel de Mujeres de Colón y en particular en el denominado “quinto nivel”, y en varios módulos de COMCAR como los módulos 3, 4, 10 y 11.
El Comisionado llamó a ASSE a fijar entre sus prioridades al sistema penitenciario: “No se cumplen con los estándares mínimos de las “Reglas Mandela” sobre atención a la salud en nuestro sistema penitenciario, ya que los niveles asistenciales están muy por debajo de los que se ofrecen fuera de la cárcel por el sistema público. Hay algunas carencias y problemas de atención que resultan muy inquietantes y que afectan las posibilidades de rehabilitación”. Agregó que: “El despliegue de ASSE como prestador de salud en el sistema carcelario es pobre y muy débil su coordinación con el INR. Hay carencias muy llamativas, como la ausencia de personal ginecológico en el Centro Metropolitano Femenino donde hay unas 750 mujeres privadas de libertad o la ausencia de un lugar especializado en salud mental como lo hay para varones. ASSE no ha asumido la cobertura de las cárceles de Maldonado y Canelones, tema definido por la pasada Rendición de Cuentas y sobre lo cual no tenemos novedades”.
Las muy pocas respuestas para el tratamiento de adicciones estuvo en el centro del análisis. “Es dramático que no exista un programa de atención al consumo problemático de sustancias instalado en todas las unidades penitenciarias. Cabe anotar que enviamos un pedido de información a ASSE sobre el asunto, y no hemos tenido respuesta a la fecha.
Siendo el tema del consumo abusivo de sustancias de incumbencia de ASSE como prestador de salud, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación tienen la rectoría y responsabilidad del sistema penitenciario, por lo que deben liderar –convocando a ASSE– la implementación suficiente de programas contra las adicciones, y asegurando contextos de convivencia seguros, limpios y transparentes –sin hacinamiento, amenazas, extorsiones entre internos o a sus familias y limpio– donde esas acciones terapéuticas –ya sea mediante módulos especializados o mediante programas ambulatorios y generales– puedan implementarse”.
Como conclusión, el Comisionado recomendó que se declare la emergencia penitenciaria en las unidades con peores condiciones de reclusión –Módulo 2 de Canelones, módulos 3, 4, 10 y 11 de COMCAR y Unidad No. 5 de Mujeres–, de manera de poder contratar urgentemente servicios, obras y refacciones, la creación de un fondo para que desde sociedad civil se implementen programas, que ASSE aumente su presencia en el sistema penitenciario y que comience la implementación de un Programa de Atención al Uso Problemático de Sustancias.
Sobre la declaración de emergencia en varios sectores del sistema penitenciario, el funcionario propuso: “que el Poder Ejecutivo declare una situación de emergencia en los módulos 3, 4, 10 y 11 de COMCAR, cárcel de Canelones y Unidad No. 5, conformando un grupo de implementación de acciones integrado por el Ministerio del Interior, Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ministerio de Salud Pública y ASSE, Ministerio de Obras Públicas, Sanidad Policial, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Educación y CODICEN, entre otros procediéndose a tomar las medidas administrativas de urgencia de contratación de servicios, obras, refacciones y contrataciones de personal que sean necesarias para mejorar la situación de acuerdo a los estándares penitenciarios previstos en las normas nacionales e internacionales. Puede tomarse como referencia similar acción tomada por el Ejecutivo en Argentina en el período 2015-2019”.