Examen Periódico Universal
Al presentarse al Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Uruguay recibió de varios países el planteo de que debe atender las malas condiciones de muchas cárceles y brindar programas de rehabilitación que bajen la violencia y reincidencia.
Uruguay se presentó el miércoles 23 de enero en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU; en Ginebra, Suiza, para analizar los derechos humanos en el país, ejercicio realizado cada cuatro años y conocido como el Examen Periódico Universal. En las sesiones, el país presenta sus avances y problemas en las diversas facetas de los derechos humanos, recibiendo recomendaciones que, si son aceptadas, se vuelven compromisos fuertes tomados ante la comunidad internacional.
En la delegación uruguaya participan representantes de varios organismos de políticas sociales, el Poder Judicial, Presidencia, sistema educativo, Intendencia de Montevideo, Poder Legislativo -asiste la senadora Mónica Xavier- y el Comisionado Parlamentario Juan Miguel Petit.
Durante la sesión de presentación, la tónica dominante en las intervenciones de los países fue de reconocer la apertura y compromiso de Uruguay en llevar adelante políticas sociales basadas en los derechos humanos. Se señalaron positivamente varias líneas de acción como la protección de la diversidad sexual, las acciones contra la discriminación, el sistema de cuidados, las acciones en favor de la integración de población afrodescendiente y el combate a la violencia de género y la trata de personas.
A la vez, muchos países coincidieron en que el mapa de los derechos humanos tiene en el sistema carcelario un tema pendiente. Así, más de una decena de países señalaron su preocupación por el mal estado de muchas cárceles uruguayas - aunque también reconocieron avances, por ejemplo, en el descenso del hacinamiento- y se refirieron a la violencia existente en ellas. Plantearon que se necesitaban más programas de tratamiento y trabajo para la reinserción de quienes vuelven a la libertad.
Puede resumirse la sesión en lo referido a este tema señalando que la comunidad internacional recomienda al Uruguay seguir avanzando con la reforma penitenciaria y volcar más recursos a la misma para favorecer los cambios que se necesitan.
A su turno, el Comisionado Parlamentario planteó al Consejo de Derechos Humanos lo que sigue:
“El Uruguay viene llevando adelante una reforma penitenciaria para superar las críticas condiciones carcelarias que tenía y adecuar sus centros y programas para personas privadas de libertad a los estándares internacionales, la que ha arrojado buenos resultados en materia de aumento de la cobertura sanitaria, reducción del hacinamiento, aumento del personal civil y técnico, impulso de programas y acciones de rehabilitación, capacitación del personal y generación de buenas prácticas. Sin embargo, siguen existiendo críticas condiciones de reclusión para un tercio de la población penitenciaria e insuficientes programas socioeducativos para otro tercio de esa población. También preocupa la violencia existente dentro de algunas cárceles, lo que arroja graves resultados sobre los derechos a la vida y a la integridad física.
Por este motivo, la reforma penitenciaria debe ser consolidada y ampliada para superar las condiciones críticas de detención, en particular en los grandes centros penitenciarios, y otros con graves dificultades o carencias, como COMCAR, Libertad, Canelones, Centro Metropolitano Femenino, Maldonado y Tacuarembó, continuando el desarrollo de programas de educación, capacitación laboral, trabajo productivo en las cárceles, salud, salud mental, asistencia a las adicciones, preparación para la vida en libertad, erradicación de la violencia intracarcelaria y medidas socioeducativas alternativas a la privación de libertad, dado el alto índice de prisionización que tiene el país.
La Oficina del Comisionado Parlamentario realiza entre 60 y 70 visitas de cárceles por mes, recibiendo denuncias, quejas y planteos de personas privadas de libertad y de sus familias, las que son analizadas, investigadas y canalizadas ante las autoridades que correspondan. En las visitas, a partir de protocolos, guías estadísticas, y con las Reglas Mandela como marco de referencia, se hacen entrevistas, relevamientos e inspecciones, las que dan lugar a informes y recomendaciones a diversas autoridades. Si la protección de derechos humanos lo requiere, el Comisionado también formula denuncias penales, acciones de amparo y recursos de habeas corpus. También se realizan estudios y relevamientos estadísticos e intervenciones educativas de promoción de derechos humanos en las cárceles. Estas actividades de protección de los derechos humanos requieren que la Oficina del Comisionado Parlamentario sea consolidada e institucionalizada con recursos técnicos propios que aseguren su continuidad y su funcionamiento.”