El pasado día miércoles 14 de Setiembre se presentó en la Sala Acuña de Figueroa del Edificio Anexo del Parlamento, una encuesta de opinión pública realizada por la consultora Cifra, que contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas junto con la participación de la Oficina del Comisionado Parlamentario. La presentación fue realizada por la socióloga Mariana Pommies y contó con la presencia de funcionarios representantes de los tres poderes del Estado.
La encuesta se realizó en el mes de abril de este año de manera telefónica y tuvo un alcance nacional con una muestra de 2.000 casos, con un margen de error de +/-2,1 puntos porcentuales para un 95% de confianza.
Entre los principales resultados se destacó el apoyo de un 66% de la población al aumento de la utilización de penas alternativas a la prisión, como el trabajo comunitario, la tobillera electrónica o la libertad vigilada. Aún así, la cárcel sigue teniendo un lugar central en el imaginario de la población respecto al reproche penal en tanto el 58% opinó que todas las personas que cometan delitos tengan una pena de prisión. Sin embargo, el apoyo a la utilización de penas alternativas aumenta al 73% cuando se trata de delitos no violentos y al 79% cuando la pena está dirigida a una mujer madre con hijos a cargo por delitos leves.
Otro resultado importante que refleja la encuesta refiere a la importancia que la población le asigna a las políticas de rehabilitación y la reinserción social. El 79% cree que es tan importante rehabilitar a las personas que cometen delitos como castigarlas y el 68% considera que aplicar penas de cárcel sin programas de rehabilitación eficaces termina por aumentar la inseguridad.
Casi toda la población (87%) coincide en que es fundamental que el Estado asuma la función de rehabilitar para reducir el delito. El 58% señala que prefiere invertir más en programas de rehabilitación y reinserción social que en ampliar la capacidad de las cárceles.
Respecto a las políticas de egreso de la prisión, el 75% coincide en que cuando una persona es liberada, es imprescindible que el Estado le brinde apoyo para su reinserción social.
El Comisionado Parlamentario Juan Miguel Petit destacó la importancia de conocer lo que piensa la población sobre el delito y la privación de la libertad y “sacudir un poco los fantasmas que tenemos y que existen también en el sistema político y en la administración de la justicia y en todos nosotros sobre qué piensa la gente sobre el delito. ¿Quiere la gente que se invierta en cárceles? ¿Quiere la gente que se invierta en rehabilitación?” El Comisionado señaló: “por suerte hay varios datos muy halagüeños para los que creemos que la rehabilitación es clave para los procesos de construcción de ciudadanía, de descenso de la violencia social (...) de lo que se trata es de seguir el hilo y entender que el delito es una expresión y que detrás de ese hilo circulan múltiples formas de necesidades no resueltas que a veces tienen como emergente la aparición de violencias”. “Los resultados son muy interesantes y alientan a seguir trabajando en conjunto”, concluyó.
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