Penal de Libertad
Luego de seis horas de audiencia el jueves 16, ante un recurso de habeas corpus presentado por el Comisionado Parlamentario, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación se comprometieron a mejorar urgentemente las condiciones de reclusión de los calabozos del celdario principal y crear un nuevo sector de seguridad que asegure mínimas condiciones de habitabilidad.
El Comisionado Parlamentario Penitenciario presentó el martes 15 ante el Juez de Ejecución y Vigilancia un recurso de habeas corpus contra el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación –en conjunto con la Cátedra de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la UDELAR, cuyo titular es el profesor Juan Ceretta–, pidiendo se clausuraran los calabozos, ubicados en tres pisos del celdario principal del Penal, que alojaban a 14 personas que habían pedido un régimen de seguridad antes las amenazas que recibían. El recurso presentado señaló que los internos pasaban allí semanas y meses en muy malas condiciones: sin baño, agua corriente, ropa o abrigo adecuado, artículos de higiene, sin colchón en varios casos, muchos sin luz y todos sin actividad alguna.
Veloz dilucidación
La Juez de Ejecución María Isabel Rodríguez instruyó el habeas corpus, previsto en el nuevo Código de Proceso Penal, y citó para el jueves 16 a todas las partes: Ministerio del Interior, Instituto Nacional de Rehabilitación, Defensoría, Fiscalía, al Comisionado Parlamentario y a los 14 presos referidos en la denuncia, que habían sido visitados en sus celdas por éste último y que habían dado el consentimiento al comisionado para actuar judicialmente. El recurso de habeas corpus, por su naturaleza constitucional y por ser el mecanismo legal para la prevención de condiciones de privación de libertad violatorias de la dignidad humana, es de urgente tramitación procesal. La audiencia duró unas 6 horas y se buscó un acuerdo para superar la situación denunciada. Los 14 presos habían denunciado estar amenazados y que ni siquiera podían ir a los sectores de seguridad existentes, por lo que deseaban estar en esos calabozos improvisados sin mínimas condiciones pero alejados de las amenazas. Las condiciones de deterioro del lugar y el impacto sobre los internos eran evidentes e impactantes. Pese a eso el temor llevó a que muchos de ellos prefirieran estar sin luz ni agua que en riesgo de vida. “La situación desborda al Instituto Nacional de Rehabilitación, es el resultado de una violencia acumulada por años en el Penal, y esta es la expresión final de la misma, pero eso una situación inaceptable para cualquiera” señaló el Comisionado. Durante la audiencia los representantes del Instituto Nacional de Rehabilitación expresaron reiteradas veces su voluntad de encontrar una salida a la difícil situación. En ese clima de diálogo, y luego de escuchar los testimonios en sala de los 14 presos que estaban en los calabozos, se propuso crear una nueva zona de seguridad en un sector del Penal en un plazo de 15 días –que se prepararía a estos efectos– y enviar, desde ese mismo momento, un “kit” de emergencia para los internos, con elementos de abrigo, ropa, colchones, sábanas, enseres de higiene, a la vez que se aseguraría el suministro de agua por los funcionarios, ya que esas celdas no tienen canilla ni saneamiento.
El Comisionado Parlamentario dijo que aceptaba con beneplácito la propuesta, la que comenzó a implementarse de inmediato, estableciéndose en el acta final de la conciliación que firmaron todas las instituciones presentes: “Las partes establecen la necesidad de tomar medidas tendientes a evitar la utilización de estos calabozos a partir de este momento –salvo situación de emergencia debidamente justificada– realizando todas las gestiones necesarias a tales efectos”.
El Comisionado Juan Miguel Petit, que subrayó “la voluntad del Instituto Nacional de Rehabilitación de superar este grave problema”, explicó que: “era una situación extrema. Se llega a eso luego de años de falta de tratamiento y educación en ese Penal. Allí las amenazas son moneda corriente –esta semana, sin ir más lejos, hubo un homicidio y el viernes dos presos que se quemaron de entidad– y esto ocurre por violencia acumulada por años y años y falta de trabajo e intervención sobre ella. La expresión última de ella son estos pedidos de protección y que haya internos que prefieren estar encerrados en cuartos sin luz, agua ni baño, antes que circular con riesgo por el Penal. Esa una situación que le hace mal a todo el sistema pero que a la vez no alerta sobre toda la tarea que falta hacer. Siempre subrayo lo mucho que ha hecho la reforma penitenciaria en curso, pero también que hay que seguir profundizándola y ampliándola, y eso requiere recursos y apoyo al máximo nivel. El Instituto Nacional de Rehabilitación es un organismo dependiente del Ministerio del Interior y es todavía muy débil en recursos y logística, se requiere apoyo del Ministerio del Interior y de otros organismos para tener una sólida política pública penitenciaria, conectada a las políticas social y que cumpliendo el rol de disminuir la violencia social”.
El viernes 17 el Comisionado volvió a visitar los calabozos, verificando que los kits de emergencia habían sido entregados y que estaban en procesos las medidas tendientes a crear un nuevo sector de resguardo. También estaban en la unidad los integrantes de la Dirección del Instituto Nacional de Rehabilitación.