El Comisionado Parlamentario presentó su Informe Anual sobre la situación carcelaria a la Comisión Bicameral de Seguimiento Carcelario del Poder Legislativo, planteando diversas recomendaciones para que el sistema penitenciario sea una “plataforma de pacificación y no una fuente de violencia en la sociedad”.
“En 2017 nuestra Oficina realizó 711 visitas a cárceles, 675 de ellas en el área metropolitana, donde están la mayoría de los presos. Podemos decir que el sistema penitenciario ha experimentado leves pero alentadoras mejoras, pero todavía estamos muy mal, las cárceles siguen siendo una fuente de violencia cuando deberían ser una plataforma de pacificación e integración. Destacó los avances que ha hecho el Instituto Nacional de Rehabilitación, que desde su área técnica está impulsando importantes mejoras. Pero todavía nos falta mucho, en el tema penitenciario el país no está en el siglo XXI todavía” dijo el Comisionado Juan Miguel Petit a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema Carcelario.
El Comisionado dijo que la violencia sigue imperando todavía en los grandes penales, habiéndose registrado en 2017 la misma cantidad de muertes totales que en 2016: 47 muertes. En 2017, hubo 28 muertes violentas, 17 homicidios, 10 suicidios y una caída de altura no aclarada. El resto fueron por enfermedades. “Está claro que el origen de la violencia es la falta de actividades socio educativas. La violencia se concentra claramente en los lugares donde no hay programas. Y también en los macro penales: todas las tendencias penitenciarias coinciden que unidades de más de 500 personas son un problema. Por eso planteamos que los macro penales hay que dividirlos en su gestión. La violencia se expresa en homicidios pero también en violencia cotidiana, en chantajes a las familias, presiones, amenazas y en violencia que sale de la cárcel” señaló el Comisionado.
Evaluando unidad por unidad, el Comisionado dijo que un 25% de los presos tiene oportunidades de rehabilitación, un 45% tiene insuficientes posibilidades y que un 30% de los presos está en condiciones de “trato cruel, inhumano o degradante”. “La cárcel es una enorme oportunidad de trabajo social y educativo, y una oportunidad de bajar la violencia que hay en la sociedad. Se estima que hay una reincidencia del 65%, y todos los años salen de las cárceles unas 6.000 personas. Si bajamos a la mitad la reincidencia, cosa que sería muy posible con un poco más de programas de rehabilitación, tendríamos miles, sí, miles de delitos menos en la sociedad” dijo a los legisladores.
El informe indica que un 21,3% de los presos estudia y un 38% tiene actividades laborales. Sin embargo el comisionado dijo: “Estamos mejor que educación y trabajo que hace algunos años, pero seguimos estando mal. La educación requiere otro impulso y del total de quienes trabajan un 70% no tiene contra prestación por su tarea, eso no es un trabajo correcto.
En la reunión con los legisladores y luego en rueda de prensa, el Comisionado dijo: “Quiero subrayar todo lo bueno que hay y que se está haciendo. Hay una dirección técnica en el Instituto Nacional de Rehabilitación y un gabinete de dirección con líneas técnicas de trabajo muy buenas, impulsando cambios. Hay un Centro de Formación Penitenciario trabajando muy bien y con entusiasmo, se han consolidado muy buenas experiencias como la cárcel vieja de Punta de Rieles, Durazno, Artigas, el Polo Industrial de COMCAR, la Unidad de Género está haciendo un muy buen trabajo, se han abierto las puertas a organizaciones de la sociedad civil y se están favoreciendo los emprendimientos productivos de los internos, una clave para que mañana puedan tener un lugar de trabajo. Pero hay muchas cosas que están pendientes y es nuestra tarea señalar esos desafíos que nos golpean. La cantidad de analfabetos sigue siendo enorme. El trabajo penitenciario debe ser regulado y fomentado e impulsado el emprendurismo de los privados de libertad para desarrollar un oficio y un emprendimiento. Es muy pobre o nula la existencia de tratamientos a las adicciones. No hay programas de pre egreso, egreso y trabajo post penitenciario. Tampoco hay programas de trabajo con la familia o los allegados, para favorecer vínculos sociales sanos. Las respuestas en salud mental también son insuficientes. Otro problema importante es la debilidad que tiene la Defensoría Pública, muchos presos se sienten sin defensa, y eso lesiona la democracia”.
En su presentación el Comisionado marcó las que entendía debían ser líneas de acción para tener un sistema penitenciario acorde con las posibilidades del Uruguay.
“Hay que fortalecer al Instituto Nacional de Rehabilitación, está trabajando en la línea que marcan las normas internacionales pero sin recursos y sin apoyos de otras instituciones, no puede avanzar. Todos los organismos de políticas sociales deben estar activamente involucrados en las cárceles, de lo contrario las cárceles son un ghetto estatal. En especial el MIDES, el sistema de Salud, el CODICEN, deben cumplir sus mandatos legales y constitucionales también dentro de las cárceles. En tercer lugar, teniendo en cuenta la gran cantidad de presos que tiene Uruguay –uno de los países del mundo con más presos, en el puesto 32 de unos 220 países- es necesario que el sistema penitenciario desarrolle las penas alternativas, que no son solo alternativas son también penas, que deben contar con un programa de tratamiento, asistencias y apoyo fuerte e intensivo, para evitar que delitos menores vayan a la cárcel pero que igual sean tratados debidamente”. Señaló Juan Miguel Petit.
Además, en otro momento del encuentro con los legisladores, dijo que era necesario legislar sobre el trabajo penitenciario y sobre educación en cárceles. “La Ley de Educación no hace referencia a lo penitenciario, aunque está claro el mandato que tiene el sistema educativo. Es necesario contar con una Agencia para Educación en Privación de Libertad que ejecute programas acordes a la población de que se trata. La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) debe cubrir todo el sistema penitenciaria y profundizar la cobertura, haciendo accesibles los tratamientos a las adicciones y mejorando la salud mental. Si hay droga circulando en las cárceles, todos los intentos de inclusión social o rehabilitación están condenados a fracasar. El trabajo penitenciario tiene que ser fomentado y regulado: no está bien que haya cientos de personas trabajando y sosteniendo las cocinas, la producción o el mantenimiento sin recibir reconocimiento, certificación, registro en la seguridad social o paga” dijo el Comisionado.
El Comisionado Parlamentario también planteó caminos para incorporar nuevos actores para la transformación del sistema penitenciario. “La sociedad civil, entidades educativas, de capacitación, de cultura, deben ser idas a buscar por el Estado, proactivamente, para que trabajen en el sistema penitenciario, por convenio, como hacen en tantos terrenos. Así como existen fondos concursables públicos para la cultura, para la ciencia, para la investigación, propongo, muy modestamente, que existan fondos concursables para entidades que quieran desarrollar actividades innovadoras dentro de las cárceles: educación, cultura, emprendimientos”, apuntó.
Se puede descargar el informe en: https://parlamento.gub.uy/sites/default/files/DocumentosCPP/Informe%20Anual%202017.pdf?