Trabajo en conjunto con la Defensa Pública
El Comisionado carcelario presentó un informe recomendando estudiar la alternativa de prisión domiciliaria para presos de alta vulnerabilidad (avanzada edad, delito de poca gravedad o corta pena pendiente, o todos aquellos en condiciones de acceder a los mecanismos liberatorios existentes, mujeres embarazadas o con hijos a su cargo y contención social para residir) y destacó trabajo de la Defensa Pública, con quien su Oficina está colaborando.
El Comisionado Parlamentario presentó a la Presidenta de la Asamblea General, para su circulación en todo el Parlamento, un informe especial donde recomienda que el sistema de justicia penal –defensores, jueces, fiscales y Administración– analicen y tomen medidas para atender la situación de los privados de libertad de alta vulnerabilidad: personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o con hijos a su cargo, personas con enfermedades complejas ya instaladas. Se señala como una de las medidas posibles el otorgamiento de la prisión domiciliaria, sometida a los controles que cada Juez puede imponer y a la asistencia y verificación de la autoridad administrativa.
El documento del Comisionado Juan Miguel Petit apunta a un número acotado y muy especial de personas presas, pero que se considera de "riesgo penitenciario". Según el funcionario, los criterios para identificar estos casos deben ser: avanzada edad, delito de poca gravedad o corta pena pendiente, o todos aquellos en condiciones de acceder a los mecanismos liberatorios existentes, mujeres embarazadas o con hijos a su cargo y contención social para residir.
El Comisionado Petit señala –citando múltiples documentos en su informe– que esta línea de acción es recomendada por la Organización Mundial de la Salud, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité de la ONU de Prevención de la Tortura, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la propia Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y varias organizaciones internacionales de reconocido prestigio: Human Rights Watch, Reforma Penal Internacional, entre otros. Esta misma orientación ha sido tomadas por múltiples países, con diversos regímenes políticos y jurídicos, desde Irán a la Argentina.
El documento señala el riesgo de que el coronavirus ingrese a las cárceles, cosa que si bien no ha ocurrido, puede pasar: "Los sistemas carcelarios son una de las áreas vulnerables frente a la pandemia, tanto por su fragilidad para responder rápidamente con las medidas de prevención requerida, como por las carencias estructurales pre existentes y por el riesgo que significa que el virus llegue a su población y replique desde allí como vector de transmisión hacia fuera".
De acuerdo a eso señala: "Nos permitimos con todo respeto recomendar a todos los operadores del sistema de justicia –defensores, fiscales, jueces, jueces de ejecución– tomar acción para, según los roles de cada uno, detectar, promover, recibir, tramitar y analizar con prontitud los casos de personas altamente vulnerables dentro del sistema penitenciario (con las características de fragilidad, jurídicas y sociales aquí señaladas) que pueden acceder a prisión domiciliaria u otras medidas alternativas para la ejecución penal, con los recaudos que la sede judicial determine, ante el contexto generado por la pandemia del COVID-19 y recomendar a la administración de la ejecución penal –Instituto Nacional de Rehabilitación, Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida (OSLA), Ministerio del Interior– reforzar los mecanismos de seguimiento, asistencia y respuesta de las oficinas y equipos destinados al fomento, eficiencia y seguimiento de la libertad asistida, domiciliaria y similares".
El Comisionado dijo que su Oficina se puso a la órdenes de la Defensa Pública y señaló el valor de la misma en la actual encrucijada: "La Defensa Pública, meritoria institución de la cual el país siempre ha estado orgulloso, enfrenta ahora un gran desafío en este pandemia. Nos hemos puesto a sus órdenes y estamos trabajando en conjunto, identificando casos de presos muy vulnerables y con condiciones de salud graves y perfiles jurídicos y de contención social que amerite una medida alternativa como la prisión domiciliaria. Se trata de un número acotado y muy particular de personas presas, pero en este momento todas las buenas y humanitarias medidas para proteger la vida de todos, suman y suman para el bienestar de la sociedad".