“Reducir el hacinamiento, priorizar las medidas alternativas, priorizar las medidas sociales y educativas no privativas de libertad para las mujeres por delitos no violentos, investigar fehacientemente las muertes en prisión e impulsar el Plan de Combate a la Reincidencia y en favor de la Rehabilitación formulado por la Oficina del Comisionado Parlamentario”.
Así puede resumirse el informe final del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en lo que concierne al sistema penitenciario, que fue hecho público en Ginebra, hoy 25 de julio, luego de que el Comité analizara la situación de los derechos humanos en el Uruguay con una delegación del Estado uruguayo los días 30 de junio y 1º de julio e informes de variados organismos y sociedad civil.
El documento, que analiza las diversas dimensiones de los derechos humanos en el país –infancia, pobreza, discriminación, educación, trata, pasado reciente, entre otros temas– valoró positivamente los cambios del nuevo Código de Proceso Penal, pero señaló su preocupación por la creciente cantidad de personas privadas de libertad en Uruguay, el aumento de mujeres presas por delitos leves, el alto nivel de hacinamiento y las muertes en custodia.
El documento, realizado por el Comité de Expertos que vigila mundialmente el cumplimiento del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos –una de las piezas clave del sistema internacional de derechos humanos creados luego de la II Guerra Mundial– también tomó nota y apoyó el “Plan de combate a la reincidencia y en favor de la rehabilitación, en una perspectiva de derechos humanos y género” presentado al Parlamento y a las autoridades ejecutivas por la Oficina del Comisionado Parlamentario. Este plan plantea la urgencia de desarrollar consistentemente un sistema de medidas alternativas a la prisión para delitos leves, impulsar el trabajo social y educativo post penitenciario, el aumento de los programas de salud mental y de combate a las adicciones en las cárceles y en la comunidad y la reforma institucional del Instituto Nacional de Rehabilitación para dotarlo de mayor capacidad de gestión.
El documento, que se constituye en una referencia para las políticas públicas y derechos humanos en Uruguay a partir de su divulgación, llama a “reducir eficazmente el hacinamiento (…) priorizar la imposición de medidas alternativas a la privación de libertad de conformidad con las disposición del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos (…) y priorizar las medidas sociales y educativas no privativas de libertad para las mujeres que hayan cometido delitos no violentos”.
Como resumen, el documento llama a “mejorar las condiciones de detención garantizando que estas se ajusten a las reglas Mínimas de las Naciones para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) y a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de las justicia de menores (Reglas de Beijing), así como el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad conforme al artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con mayores recursos financieros y de personal adecuados”.