Un joven murió por una descarga eléctrica en contexto material y programático inaceptablemente adverso en la cárcel de Canelones el pasado sábado 11 de febrero. En rueda de prensa el Comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit dijo que también se sentía responsable pues desde 2015 ha señalado que las condiciones del Módulo 2 de Canelones son inaceptables, pero las mismas no se han superado. Señaló: “Tomo como autocrítica, con gran amargura, y creo que es una señal para la reflexión de todos. La de Daniel, el fallecido, es una historia representativa de las carencias de buena parte del sistema penitenciario. Tenemos que redoblar el diálogo entre todos los actores para alcanzar un sistema penitenciario como el que Uruguay puede y merece. La historia de este muchacho es dramáticamente representativa, lamentablemente, de cientos de otras: jóvenes presos, que necesitan alfabetización, tratamiento en adicciones, capacitación y orientación y no la reciben. Venimos planteando la situación del Módulo 2 de Canelones desde 2015. ¿Qué nos pasa que no podemos como país, como Estado, cambiar algunas realidades que nos golpean diariamente desde hace años”.
La que sigue es la presentación que realizó el funcionario parlamentario ante los medios:
“El pasado sábado 11, un joven de 23 años, de iniciales D.M.M. falleció en su celda en el módulo 2 de Canelones. Tenía antecedentes de hurtos, había pedido tratamiento para adicciones, y estaba en una celda con 8 internos en muy malas condiciones, con carencias materiales extremas, no tenía actividades socioeducativa o tratamiento de rehabilitación.
En la mañana del mismo sábado, este Comisionado estuvo en el Módulo 2 en el sector B donde ocurrió el hecho. Visitamos la celda y conversamos con los compañeros de celda de D.M.M. Luego, realizamos en el patio (“planchada”) del sector, una suerte de asamblea con todos los internos, donde recordamos al interno fallecido, conversamos sobre las necesidades y carencias existentes, varios de los presentes hicieron uno de la palabra, y finalizamos ese emotivo momento con un minuto de silencio y luego con un fuerte aplauso que se planteó como recordatorio de D.M.M. y como una exhortación a trabajar siempre, en el lugar que toca a cada uno, por “el bien de las personas”.
Como hemos dicho, el sistema penitenciario nacional es el resultado del accionar de los tres poderes del Estado, cada uno de ellos con su rol y responsabilidad.
En este caso, como integrantes del Parlamento, también nos sentimos responsables por lo ocurrido, tanto institucional como personalmente, por no haber logrado influir en que las condiciones de vida en el lugar no sean mejores y se generen este tipo de tragedias.
Desde 2015, tanto públicamente como en notas, reuniones de trabajo , informes especiales, notas judiciales e incluso habeas corpus, hemos planteado que el Módulo 2 de Canelones tiene condiciones de trato inhumano que el país debe superar. No hemos logrado como país corregir ese espacio donde hay unas casi 700 personas en condiciones inaceptables.
Este hecho trágico ocurrido no debe pasar desapercibido. Tampoco usado como arma arrojadiza para acusar autoridades o instituciones. Pero es un hecho que nos debe avergonzar: porque no tener un sistema acorde a lo que el Uruguay puede tener y merece tener es el resultado de una carencia de política pública que nos involucra a todos.
Nunca es bueno pararse al lado de una desgracia para pontificar o dar lecciones. Pero sí es sano auto analizarnos y convocarnos a trabajar en una política pública que ayude a construir un sistema de ejecución penal, un sistema penitenciario diferente.
Así, en momentos en que se inician muchas cosas en el año, creemos que ante este hecho lamentable es bueno señalar que la Oficina, encargada por el Parlamento para velar por los derechos humanos de las personas privadas de libertad, sigue trabajando en torno a los ejes estratégicos que se ha planteado:
- Presentando casos individuales de personas que requieren tratamiento de su consumo problemático.
- Planteando la necesidad de que se implemente un Programa de tratamiento de las adicciones dentro de las cárceles.
- Planteando que toda persona privada de libertad tenga un Plan Individual de Tratamiento como señalan las ”Reglas Mandela”.
- Impulsando las medidas alternativas a la prisión para que tengan mejor pronóstico de rehabilitación.
- Recomendando programas técnicos de rehabilitación dentro de las cárceles.
- Apoyando las tareas de asistencia y orientación a los liberados que ha iniciado el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
- Recomendando planes de salud mental desde el sistema de salud penitenciario de ASSE.
- Planteando que se refuercen los recursos humanos dentro de las cárceles.
- Impulsando un sistema penal para mujeres con perspectiva de género y con modalidades innovadoras en la rehabilitación de mujeres con hijos a cargo.
- Recomendando más recursos educativos y en particular planes de educación formal eficientes y prácticos orientados al mundo laboral.
Entendemos que los problemas graves y estructurales deben generar diálogo, integración e intercambio que generen política pública.
La formulación plural, con participación de los tres poderes del Estado y de la sociedad civil, en una Estrategia Nacional de Reforma Penitenciaria como ordenada en la ley 19.889, es un espacio posible para atender este gigantesco desafío pendiente que tiene el país.
Reformar el sistema penitenciario sigue siendo no solamente un desafío para el cumplimiento de los derechos humanos, sino también un camino posible para llegar a los sectores de nuestra población con mayor grado de exclusión social. Alcanzar los niveles que todos deseamos para ser un país desarrollado, no es posible sin dar respuesta, aunque lleve años, a la cuestión penitenciaria”.