Informe 2018
El Comisionado Parlamentario hizo público el miércoles 14 el Informe 2018 sobre situación del sistema penitenciario. En un documento de más de 200 páginas que incluye un análisis de cada unidad penitenciaria, dos bloques de 35 conclusiones y recomendaciones generales y 27 recomendaciones específicas, plantea que la “reforme penitenciaria en curso”, que valora como “positiva y pertinente”, debe ser “profundizada y consolidada”.
El Informe 2018 sobre la situación carcelaria del Comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit, realizado en base a información del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ministerio del Interior, ASSE, otros organismos públicos y elaboraciones y relevamientos propios, destaca los avances logrados por la reforma penitenciaria impulsada por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el Ministerio del Interior y destaca la presencia de “una nueva generación de técnicos, operadores y funcionarios imbuidos de la perspectiva de derechos humanos, lo que abre las puertas para más avances”. Si bien también destaca que existen muy buenas líneas técnicas y programáticas del INR y centros con muy buenas prácticas y resultados, dice que “todavía hay condiciones de reclusión muy malas e inaceptables para nuestro nivel de desarrollo”.
El documento destaca que se ha bajado a mínimos el hacinamiento, “revirtiendo con nuevas plazas y apertura de nuevas unidades, una situación que hacía inviable cualquier mejora” y subraya programas técnicos implementados para valorar a los internos y derivarlos o alojarlos en las unidades que puedan tener mejores posibilidades.
Entre las buenas prácticas existentes, se señala el trabajo en la perspectiva de género, la capacitación de personal en el Centro de Formación Penitenciaria, el funcionamiento de varias unidades –Punta de Rieles (vieja), Salto, San José, Campanero en Minas, Salto, el Polo Industrial, Artigas–, las pautas dadas para combatir los malos tratos y la corrupción, el aumento de los cupos educativos y el avance de una “perspectiva de derechos humanos” gracias al impulso técnico dado por el INR a su gestión.
El informe del Comisionado dice que con estas muy buenas directrices y orientaciones conviven carencias de recursos muy grandes, que frustran muchos planes, existiendo algo así como un “sub estado” ya que el sistema penitenciario “por sus carencias en recursos técnicos, logísticos, administrativos, es una anomalía que no condice con el nivel de recursos que tiene el Estado uruguayo”.
El documento enumera muchas de lo que denomina “buenas prácticas y buenas noticias”, destacando la apertura institucional existente para la realización del trabajo del monitoreo de las condiciones de reclusión que hace el Parlamento.
Pero también señala diversos temas que considera de fuerte preocupación. Según la ponderación realizada, señala que “todavía un 35% de la población penitenciaria está en unidades de condiciones que implican tratos crueles, inhumanos o degradantes, un 39% en lugares con insuficientes condiciones para la integración social y 26% en lugares con oportunidades de integración social”.
La violencia, en particular en los macro penales metropolitanos sigue siendo un problema serio, como también las amenazas cruzadas y extorsiones entre los internos y sus familias. “En 2018 hubo 37 muertos en custodia, 27 fueron muertes violentas (homicidio y suicidio) y 10 fueron por causas de enfermedad. Si bien hubo un importante descenso en la cantidad global de muertes en 2018 (en 2017 hubo 47), cabe señalar que las muertes violentas siguen siendo un hecho persistente. Hubo menos suicidios pero 2018 fue el año con mayor cantidad de homicidios en custodia desde 2006. Según datos oficiales de ASSE, en el COMCAR hay unos 120 heridos corto punzantes al mes, en Penal de Libertad 10 y, según fuentes de la unidad, en Canelones unos 60. Si sumamos todos los centros, tendremos no menos de 200 heridos corto punzantes (apuñalados, cortados, autolesionados) al mes, con secuelas, ecos de violencia y venganzas en cadena. Las cárceles siguen siendo, pese al deber del Estado de garantizar la vida en ellas, el territorio más violento del país”. Esto indica que la tasa de homicidios es 15 veces mayor en las cárceles que en la sociedad en general.
Políticas sociales
Sobre la educación en cárceles, el informe dice que “en 2018 la cobertura de educación formal (primaria, secundaria y terciaria) fue de 25,5%, aumentó al menos 4 puntos porcentuales respecto a 2017, lo cual es destacable”. Pero también dice que los ckupos existentes deberían ser ampliado y priorizada la capacitación profesional para el empleo.
Sobre el trabajo dentro de las unidades, el informe dice que el 39,3% de los internos realizan alguna tarea laboral al mes, siendo muy difícil valorar cuán formativa, trascendente o consistente es esa tarea, pudiendo ser desde trabajos especializados como mantenimiento y construcción, hasta simples tareas de fajina o limpieza. El 71% de las tareas no tienen remuneración alguna.
En base a datos de la Junta Nacional de drogas, y apuntando a la necesidad de abordar fuertemente el tratamiento de las adicciones, señalo que uno cada tres privados de libertad llegó al delito a partir de situaciones vinculadas al consumo, tráfico de drogas o acciones vinculadas a la misma.
El documento también señala carencias que no son del Ministerio del Interior, indicando que muchos organismos públicos, como el Ministerio de Desarrollo Social, deberían tener presencia activa dentro de las cárceles. Y también señaló que las graves carencias de recursos de la defensa pública hace que muchos internos no tengan contacto con su abogado, “lo que constituye una grave vulneración de derechos que contamina toda la ejecución penal”.
Recomendaciones
El Comisionado Parlamentario presenta un numeroso conjunto de recomendaciones, orientadas a “ampliar y consolidar la reforma penitenciaria en base a acuerdo técnicos interinstitucionales y consensos parlamentarios”.
Los planteos apuntan hacia un “sistema penitenciario del siglo XXI” y apunta entre otras cosas a:
* Revertir las peores condiciones de reclusión y violencia con Planes de Intervención Urgente
* Crear una fiscalía especializada en materia penitenciaria
* Implementar un programa de nuevas tecnologías de información y el conocimiento para permitir nuevas instancia educativas (aplicaciones y laptops para internos próximos a egresar – Plan de Laptops para la Integración Social)
* Crear una red de Escuelas de Oficios, incluso recurriendo a organizaciones de la sociedad civil, privadas, sindicatos y empresas.
* La implementación del MIDES de una Oficina de Referencia en todos los grandes penales.
* Implementar programas de “justicia terapéutica” entre el Poder Ejecutivo y el Judicial para derivar, a adictos o personas con problemas de salud mental que cometieron delitos no graves, a clínicas especializadas y no a cárceles.
* Empezar a implementar programas de atención a la familia de los internos, con especial atención a sus hijos menores de edad.
* Completar el proceso de la asunción de ASSE de la asistencia sanitaria, reforzando la atención de salud mental y de tratamiento de las adicciones
* Analizar el posible impulso que a estos temas daría la creación consensuada de un Ministerio de Justicia
* Impulsar a la Dirección Nacional del Liberado y verificar el cumplimiento del requisito legal que tienen las empresas de emplear liberado en ciertos cargos cuando acceden a realizar obras públicas.
* Crear un Fondo Concursable, como el existente en otras áreas de la sociedad, para incorporar intervenciones de la sociedad civil y otras organizaciones.
Ver Anexo Unidad por Unidad aquí