Informe Especial sobre el Módulo 8 de COMCAR
Un Informe Especial del Comisionado Parlamentario sobre el Módulo 8 del COMCAR, donde hay unas 500 personas, plantea que pese a esfuerzos y mejoras realizadas, en el lugar no se cumplen las “Reglas Mandela” y que no hay convivencia ni programas de rehabilitación suficientes. El relevamiento fue solicitado por un Juez Penal y fue elevado a diversos organismos públicos.
El relevamiento realizado por el Comisionado Parlamentario, en el cual el funcionario junto a 5 asesores relevó celda por celda las condiciones de vida en el Módulo 8 de COMCAR, fue presentado el miércoles 14 a la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento Nacional y los diversos organismos públicos vinculados a la privación de libertad, en especial al Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación. El relevamiento fue realizado en octubre y fue originado por un pedido del Juzgado Letrado de Primera Instancia en los Penal de 34avo. turno sobre las condiciones de vida allí.
El informe del Comisionado Parlamentario concluye que: “el Módulo 8 del COMCAR violenta masivamente hoy las disposiciones de las “Reglas Mandela”, normas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de las personas privadas de libertad, aprobadas por las Naciones Unidas con el voto y la activa participación de Uruguay, apartándose seriamente no solo las normas nacionales penitenciarias sino también de los estándares mínimos de los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Uruguay. En todas la áreas de convivencia y gestión penitenciaria establecidas como claves estratégicas por las “Reglas Mandela” –salud, educación, cultura, saneamiento, deporte, espacios físicos, infraestructura y servicios, tratamiento individual– se observan enormes carencias, que superan la buena voluntad y esfuerzos de los responsables del lugar y sus funcionarios, que comprometen de manera extrema una inserción no violenta o conflictiva de los privados de libertad en la sociedad abierta”.
También recalca las mejoras verificadas allí desde 2017 y los trabajos del Instituto Nacional de Rehabilitación, pero apunta que las carencias acumuladas requieren un aporte complementario desde varios sectores del Estado, tanto desde el Ministerio del Interior como de otros organismos de políticas sociales.
Señala el informe, que fue enviado a diversos organismos públicos a los efectos de promover la toma de acciones en favor de nuevas políticas penitenciarias: “cabe consignar que desde 2017 tanto el INR como la Dirección del COMCAR han hecho esfuerzos que han mejorado las condiciones del Módulo 8, las que de todas maneras siguen siendo críticas ya no por la falta de voluntad de sus responsables sino por las agudas carencias de personal de custodia, de personal educativo, de equipo técnico, elementos de logística y de espacios apropiados para la rehabilitación. Todo lo anterior requiere de una intervención basada en recursos institucionales que exceden la disponibilidad operativa del Instituto Nacional de Rehabilitación, siendo necesarios insumos y recursos de la autoridad rectora –Ministerio del Interior– articulada con otros organismos del Estado con mandato competente sobre los servicios sociales de las personas privadas de libertad (CODICEN, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Intendencia de Montevideo, Administración de los Servicios de Salud del Estado), quienes esperamos encuentren en este reporte elementos estratégicos para las necesarias y urgentes intervenciones que deben realizarse para promover el derecho a la vida de las personas privadas de libertad y de las personas que se relacionarán con ellos en un futuro muy cercano, es decir, la sociedad toda”.
El Comisionado Parlamentario, refiriendo al marco de actuación de la Ley 17.684, recomienda al Parlamento y en particular la Comisión de Seguimiento Carcelario, realizar contactos institucionales “para que las diversas instituciones públicas involucradas en la mejora de la realidad planteada elaboren medidas concretas para reforzar las políticas en curso e implementar nuevos apoyos que ayuden a revertir la situación”.