El 1º de mayo el Uruguay se presentó en el 4º Ciclo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que revisó la situación general de los derechos humanos en el país.
La delegación uruguaya fue presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, y de la misma participaron representantes de organismos de los tres poderes del Estado. Durante la actividad, más de 100 países presentaron sus recomendaciones para diversas áreas de los derechos humanos, marcando tanto reconocimientos como áreas con retos pendientes, las que luego que sean aceptadas por el Estado uruguayo quedarán consolidadas como pautas para políticas públicas.
La sesión, de la que participaron representantes de los países, comenzó con una presentación del Ministro Paganini y luego hicieron uso de la palabra, brevemente, los representantes de los diversos organismos uruguayos presentes. También estuvo en la sesión, la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Jimena Fernandez.
Sobre el sistema penitenciario, hicieron uso de la palabra el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, la responsable de Relaciones Institucionales de la Fiscalía General de la Nación, Gabriela Aguirre y el Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit.
Sobre el ejercicio realizado y el saldo del mismo, el comisionado Petit dijo que: “Fue presentación que volvió a mostrar el lugar central que tienen los derechos humanos en Uruguay, más allá de los debates y diversas posturas que pueden existir sobre cada uno de los temas, pero donde es un valor de nuestra cultura, desde hace décadas, que el Estado tiene como tarea central respetar y promover los derechos humanos hacia mejores estadios de desarrollo humano. La presentación del ministro Paganini, que presidió la delegación, fue muy relevante, ya que mostró logros y avances, pero no negó los problemas existentes, lo que es una actitud de apertura humanista que fue ampliamente reconocida en la comunidad internacional”.
El comisionado también remarcó las presentaciones de otros organismos vinculados al sistema penitenciario: “La representante de Fiscalía apuntó con claridad que se ha mitigado el exceso punitivo que tenía el delito de ingreso de droga a cárceles cuando el mismo ocurre en modalidades de microtráfico. Y la presentación del INR, que hizo el director Luis Mendoza, fue muy destacable, ya que mostró una realidad variada pero muy compleja, puso arriba de la mesa el problema que tenemos, y eso es una buena práctica para los mecanismos de verificación de derechos humanos”, dijo el comisionado.
La que sigue fue la presentación del comisionado parlamentario:
“En referencia a las preguntas presentadas, corresponde anotar que por ley 20.212 se dio al Comisionado Parlamentario el mandato de promover ante las autoridades y ante el Poder Judicial la formulación de planes individuales de tratamiento como señalan las Reglas Mandela, lo que lleva a que enviemos notas y recomendaciones y formulemos demandas de habeas corpus para que se corrijan situaciones violatorias de la dignidad humana, un reto siempre presente en los sistemas carcelarios.
Nuestra oficina también ha recibido mandato legal, también por ley 20.212 para acceder a las historias clínicas de las personas privadas de libertad que soliciten nuestra asistencia y para acceder a las carpetas investigativas de la Fiscalía en las denuncias de violencia carcelaria que formulemos, entre personas presas o de violencia institucional.
La creación de nuevas plazas mediante reparaciones y la apertura de dos centros carcelarios, a lo que suma el inicio de la construcción de 4 centros más, va a aliviar el actual hacinamiento que es de un 123% en promedio, siendo mayor en mujeres, que es de 136%, situación que bloquea o afecta seriamente la rehabilitación en la mayoría de los establecimientos según nuestro monitoreo.
En el centro del debate parece aceptado por la mayoría de los actores que construir cárceles con un aluvión de más personas privadas de libertad, sería un camino interminable y muy costoso en todos los sentidos.
Es bienvenido este combate al hacinamiento que genera mala convivencia y violencia, pues tenemos una tasa de homicidios carcelarios 12 veces superior al de la sociedad abierta y que no permite el correcto despliegue de tratamientos, aumentando los problemas de salud mental de una población joven que llega al sistema con una gran fragilidad emocional.
En el combate al hacinamiento y la prisionización, es muy positivo el apoyo que se está dando a las medidas alternativas, creándose la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, muy necesario ya que un 40% de las personas presas tienen penas de menos de 2 años, y un 20% tiene penas menores de un año, lo que demuestra el uso excesivo de la cárcel y lo ineludible de la transformación iniciada, pues hoy por cada persona presa hay menos de una persona con medidas alternativas.
¿Por qué hay hacinamiento? Porque el país tiene una tasa de prisionización muy alta, 458 presos por cada 100 habitantes, una de las más altas del mundo. Nuestra población carcelaria viene creciendo sostenidamente desde hace años, creció a un ritmo de 8 % anual en 2019, 12,6% en 2020, 10% en 2021, 5 % en 2022, 4% en 2023 y ahora crece a un 5,4 %, en un país que tiene crecimiento demográfico nulo. La tasa de crecimiento de la población femenina es, según los años, el doble o triple que la de los hombres, lo que lleva a que el hacinamiento en las mujeres sea mayor.
La revisión de las normas procesal penales, por ejemplo en referencia a la redención de penas y otros mecanismos humanitarios y liberatorios, clave del sistema progresivo y humanista del país, es una dimensión sobre la que muchos actores institucionales y políticos están debatiendo y alcanzando algunos acuerdos. Destacamos la Estrategia Nacional de Reforma Penitenciaria que lleva adelante el Ministerio del Interior, y la Mesa de Diálogo para Reformas Penitenciarias que sostienen la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Oficina del Comisionado Parlamentario con amplia y abierta participación.
El involucramiento del Ministerio de Desarrollo Social en el sistema penitenciario es una gran novedad, que esperamos se siga desarrollando en todas las cárceles y con todos las personas liberadas, ya que conecta los servicios sociales y las redes de asistencia a personas altamente vulnerables.
Valoramos algunas acciones que realiza el sistema público de salud en las cárceles, denominado Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), como la instalación de un centro de cuidados de baja complejidad y la ampliación de la policlínica en la mayor cárcel del país, pero desde nuestro mandato venimos presentando múltiples acciones judiciales y reclamos administrativos para que se aumente la cobertura en salud mental, en especial para presos con trastornos mentales crónicos, y para que se instale la atención psicológica de quienes lo requieren.
El Código de Proceso Penal admite que una persona con sanción penal pueda ser internada en un centro de salud especializado, por su enfermedad somática o por su adicción. La Justicia terapéutica ya tiene consagración legislativa en Uruguay, una buena práctica legislativa de derechos humanos, a complementar con estímulos y convenios que permitan la creación de ámbitos terapéuticos públicos o privados.
Se ha consolidado dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación un programa de Atención a Madres con hijos a su cargo en las cárceles, con muy buenas prácticas. Además, la apertura de dos módulos para mujeres en importantes cárceles del interior del país, son una positiva novedad, pero no olvidamos que un alto porcentaje de estas mujeres está presa por delitos de estupefacientes, con penas cortas. La alta prisionización femenina, que en el caso de mujeres presas con sus hijos en un 75% de los casos se debe a delitos de estupefacientes, nos remite a nuevos programas comunitarios y de prisión domiciliaria asistida para la rehabilitación y a la necesidad de repensar algunas normas legales, lo que ya se ha hecho con el micro ingreso de drogas a cárceles sobre lo cual se va a referir a continuación la representante de la Fiscalía."