Mesa convocada por Comisionado Parlamentario e Institución Nacional de Derechos Humanos presentó propuesta de reforma penitenciaria
Como parte de las acciones generadas luego del incendio en el módulo 4 del COMCAR en diciembre de 2023 que se cobró seis vidas, el Comisionado Parlamentario y la Institución Nacional de Derechos Humanos convocaron a una mesa de trabajo plural con representantes de organismos estatales y de la sociedad civil para identificar una agenda de reformas para la transformación del sistema penitenciario. El jueves 25, el comisionado Juan Miguel Petit y la presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos Jimena Fernández, entregaron a las Presidenta de la Asamblea General Beatriz Argimón y a la Presidenta de la Cámara de Diputados, Ana Olivera, el resultado de esos intercambios interinstitucionales que incluye una batería de puntos de sintonía entre los diversos participantes.
El documento plantea en sus conclusiones:
- La conformación de un plan de modernización que por lo sólido de su formulación y proyección estratégica sea capaz de obtener recursos suficientes, aún de manera progresiva y sometida a resultados de avance, de los organismos económicos y de planificación.
- La transformación del Instituto Nacional de Rehabilitación, que requiere de autonomía para su gestión y un nuevo formato de gestión y dirección política para tener una voz fuerte tanto dentro de
la Administración como ante el Parlamento y el Poder Judicial, siendo esta nueva institucionalidad el inicio de un proceso que incluye formación, capacitación y reconocimiento social y salarial del personal penitenciario (técnico, educativo, de seguridad y de gestión), nuevo organigrama con nueva organización de cargos, salarios, programas y direcciones.
- Impulso a la formación del personal penitenciario, apertura de nuevos roles y mecanismos para atraer técnicos y personal a los diversos cargos de responsabilidad en la gestión penitenciaria, tanto dentro como fuera del organismo.
- Creación de mecanismos de asistencia a los vínculos familiares de las personas presas y de fortalecimiento de sus relaciones pro sociales con la comunidad, manteniendo una fluida relación tanto con organismos sociales de trabajo con la familia y colectivos vulnerables como con organizaciones (grupos de sociedad civil, organizaciones de familiares, entre otros) específicamente volcadas a la integración social de personas privadas de libertad.
- Seguir avanzando en modalidades de trabajo de organizaciones de sociedad civil dentro del circuito de la sanción penal (en cualquiera de sus dos modalidades) en tareas de rehabilitación, acciones socioeducativas, tratamiento de adicciones, capacitación laboral, deporte, cultura y otras, abriendo a esos efectos espacios de trabajo y financiamiento que permitan sostener en el tiempo esa acción.
- Combatir el hacinamiento, dado que este impide las políticas de rehabilitación, dar pasos a favor de las hoy llamadas medidas alternativas a la prisión para frenar el descontrolado aumento de la población en prisión, de manera de fortalecer el trabajo de asistencia pos penitenciaria y repensando las modificaciones legales que en varios períodos han ido acotando los mecanismos descompresores del sistema.
- Dada las dificultades generadas por la existencia de dos prestadores de salud en un mismo marco institucional (ASSE y Sanidad Policial) y en un contexto de crecimiento constante de la población a ser asistida, reforzar y profundizar el rol del Servicio de Atención a las Personas Privadas de Libertad de ASSE (SAI-PPL de ASSE) con recursos financieros, humanos y logísticos para lograr la completitud de la cobertura sanitaria.
- El despliegue de un Programa Nacional de atención al consumo problemático de sustancias dentro de las cárceles.
- Seguir avanzando en la tarea de integración social con personas liberadas, asumiendo el proceso de reintegración a la libertad desde el inicio mismo de la sanción penal, conectando a las personas a los diversos espacios y mecanismos favorecedores de oportunidades democráticas de desarrollo humano, en especial desde el Ministerio de Desarrollo Social y con acuerdos de trabajo con empresas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.
- El fortalecimiento de la Defensa Pública en todo el país como uno de los pilares del juicio democrático acusatorio y garantía del acceso a la justicia.
- Seguir impulsando la justicia terapéutica, de manera de hacer viables las normas existentes que permiten que haya personas que cumplan la sanción penal en una clínica de salud mental o en centro para adicciones cuando las características del caso lo ameriten.
- Promover programas y actividades de tratamiento acordes a las necesidades, carencias y potencialidades particulares de las personas destinatarias.
- Fortalecer las intervenciones y programas técnicos dentro del sistema haciendo real que el sentido central de la privación de libertad es la rehabilitación e integración social de todas las personas.
- Universalizar el sistema educativo con sus diversas opciones y modalidades dentro del sistema carcelario, aumentando los cupos educativos de la mano de más recursos docentes pero también del refuerzo de la operativa penitenciaria para permitir el desarrollo de ambientes educativos amigables y amplios, junto a programas adecuados a la realidad social y etaria de los estudiantes.
- Implementar desde el sistema educativo un programa de alfabetización que aborde el alto grado de desvinculación con el sistema educativo primario de la población privada de libertad.
- Ampliar las experiencias positivas registradas en varias unidades penitenciarias que pueden dar pistas sobre claves locales o nacionales para implementar modelos de tratamiento.
- Atendiendo que detrás del sistema penitenciario hay miles de niños y niñas y adolescentes con padres, madres o referentes privados de libertad, lo que genera trauma y adversidad, impulsar políticas específicas de atención a esas infancias con muy particulares vulnerabilidades.
- Dignificar las tareas del personal penitenciario, contando con líneas de cuidado del estrés laboral y agotamiento, espacios adecuados para las tareas, reconocimiento salarial y acciones de formación que consoliden la carrera penitenciaria con insumos técnicos.